Desde que Felipe Calderón Hinojosa, entonces Presidente de la República, iniciara la guerra en contra del narcotráfico, nadie se pone de acuerdo en el número de víctimas de la delincuencia. Hay quienes aseguran que al término del actual sexenio se alcanzará la cifra de 200 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
 
Cifras por demás escalofriantes ¡Los delincuentes no discriminan a sus víctimas! Han matado desde candidato a gobierno del estado, presidentes municipales, diputados locales, abogados, médicos, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas, estudiantes, menores de edad, niños, policías, elementos del ejército mexicano, de la armada de México, etcétera. La delincuencia no le teme a nada y a nadie. Elimina a quienes se les cruzan en el camino.
 
La sociedad organizada ha hecho manifestaciones para contener la violencia y nada. Se incrementaron los elementos policiales y del ejército y nada. Se han creado nuevas instituciones para hacer frente a la delincuencia y tampoco han tenido buenos resultados. Por el contrario, se asegura que desde que inició la guerra contra la delincuencia organizada, esta creció hasta en un 900 por ciento.
 
Literalmente la sociedad se encuentra indefensa ante la oleada de ataquen en su contra; el delincuente solitario sabe de la facilidad para delinquir y lo difícil que resulta para las autoridades lograr la detención y de hacerlo, el delincuente se defenderá sin mayor problema hasta lograr su libertad ante el cúmulo de derechos otorgados a los delincuentes por medio de nuevas leyes. Con mayor impunidad actúan los llamados delincuentes organizados.
 
Imposible para las autoridades dar seguimiento a miles de delitos y delincuentes, detener y procesar a esos miles de homicidas ha sido imposible. Son muchas las deficiencias en la procuración y administración de la justicia. A eso le apuesta la delincuencia; para colmo, la CNDH y otras organizaciones los defienden de las autoridades.
 
Por eso en algunas partes del territorio nacional las autoridades han localizado fosas clandestinas en donde inhuman clandestinamente a cientos de personas asesinadas. Por eso las matanzas de San Fernando, Tamaulipas; por eso el asesinato de los 43 normalistas, entre otros. Acciones como las de aquel apodado el “pozolero” que diluía a los muertos en ácido hasta desaparecerlos totalmente, son reflejo de la incapacidad de las autoridades. Todos los delincuentes bien saben del alto grado de posibilidades de triunfo ante la incompetencia de las autoridades.
 
¿Recuerdan a la secuestradora francesa Florence Cassez? Esta mujer fue dejada en absoluta libertad por fallas en el procedimiento. Dijeron entonces los Ministros de la SCJN, que no entraban al fondo sobre su responsabilidad, bastaba con haber detectado violaciones a los derechos de la francesa, para otorgarles la libertad y huyera de inmediato de México. Así están nuestras normas jurídicas y autoridades ¡Privilegian la ley y menosprecian la justicia!
 
Que han privado de la vida en los últimos años a poco más de 100 periodistas ante los casi 200 mil  mexicanos que han asesinado los delincuentes organizados o no, ha generado una reacción del gremio periodístico: la presión del llamado “Cuarto Poder”; supuestamente por los ataques a la libertad de expresión. La razón no es del todo cierta, con sus claro oscuros, en México se goza de la libertad de expresión sin mayores límites que la responsabilidad de quien la ejerce. Por ello no es atinente el supuesto ataque a la libertad de expresión por la muerte de las y los periodistas a manos de la delincuencia organizada.
 
En México existen cientos de radiodifusoras, medios impresos, medios virtuales, televisoras y todos se manejan con total libertad; es más fácil que se autocensuren, a que exista una orden de “callar” a los medios de comunicación. A diario observamos esos cientos de medios de información que difunden lo que les viene en gana; no hay censura. Tal vez haya excepciones como la que hubo en Querétaro con el ex Secretario de Planeación y Finanzas, ex Secretario de Gobierno y ex gobernador interino, Jorge López, quien mandaba callar a algunos comunicadores incómodos, obligando a los dueños de empresas a despedirlos; o bien, pagaba a otros para que difundieran lo que al conductor de la política interna le convenía.
 
La presión que hoy ejercen algunos medios de comunicación para obligar al gobierno federal a proteger la libertad de expresión y cesen los homicidios en contra de periodistas, me perece totalmente desmedida e ilusoria la reacción. Primero, el gobierno federal no censura, al menos no lo han demostrado ni denunciado. Segundo, el gobierno federal no manda ejecutar periodistas. El desplegado que fue publicado y suscrito por medio de emblemas de algunos medios de comunicación, es más bien un acto de presión al gobierno federal ¿Cómo puede el gobierno federal proteger a los periodistas de ser atacados por el crimen organizado? Hasta ahora no ha podido proteger a la población de los delincuentes, más bien hoy día los delincuentes confrontan al gobierno y este no ha sido capaz de doblegarlos.
 
Sería injusto, ilegal e inconstitucional para el resto de la población, para más de 110 millones de mexicanos, que los del “Cuarto Poder” gocen de privilegios de seguridad que no se otorgaría al resto de la población. Ese gran bloque de medios de comunicación debe pugnar por que se acabe la violencia, deben exigir por que haya efectividad en el combate a la delincuencia organizada, porque ya no haya más muertos, ni otros delitos; pero no exigir privilegios para unos cuantos. La obligación del gobierno es proteger a todos, garantizar seguridad a todos, no solo a unos cuantos. Y al pedir se aclaren los homicidios de periodistas, también se aclaren los más de 100 mil que están en las mismas condiciones ¿Por qué pedir algo injusto, cuando pretenden se haga justicia?

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