[Tras la Verdad] ¡Se impone el imperio de la ley!

Ayer lunes, la autoridad federal jurisdiccional notificó a la LVIII Legislatura del Estado la suspensión provisional en el juicio de amparo que le fuera concedida a Miguel Nava Alvarado, en uno de los tres juicios que ha interpuesto.
 
La suspensión –lastimosamente– obligó a suspender la sesión de Pleno en el que votarían el dictamen que desconoce el promovente del juicio, en el que se supone dejarían en estado de indefensión a Miguel Nava, quien pretende la reelección en el cargo de presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos. El “madruguete procesal” no prosperó.
 
Se presupone que en el contenido del dictamen se niega el derecho a la ratificación o reelección por un periodo más al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, de ahí que incluso se haya inconformado administrativamente con el propósito de agotar las instancias para acceder al juicio de amparo, vamos de no hacerlo corre el riesgo de que se deseche de plano por no agotar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
 
Además, la inconformidad también se centra en la inconstitucionalidad de haber creado un procedimiento “especial para enjuiciar” a Miguel Nava, no para analizar su trayectoria al frente de la defensoría; no, según ha trascendido, el propósito es que no sea reelecto por otro periodo. Hecho lo cual, los legisladores abrirían el camino para emitir convocatoria abierta y puedan participar las y los interesados en cubrir esa importante plaza; ya tienen a la persona que lo sustituiría.
 
Sin embargo, el amparista desconoce las pruebas y las razones jurídicas que pretenden justificar el porqué los legisladores no lo quieren reelegir; el derecho a la reelección le asiste a Miguel Nava hasta en tanto no haya pruebas indubitables que demuestren a plenitud las causas por las cuales no debería ser reelecto, luego entonces si no se demuestra, la obligación de las y los diputados es reelegirlo. Existen antecedente de este derecho.
 
Antonio Rangel Méndez, presidente de la Junta de Concertación Política de la LVIII Legislatura, trata de justificar ante los medios de comunicación que ellos tienen la razón jurídica. Sin embargo, el joven licenciado no es abogado, desconoce los procedimientos legales dado que en su vida ha litigado; por eso sus comentarios no se ajustan a lo establecido en las normas procesales y legales.
 
Tan simple que debiera ser el procedimiento que terminan complicándolo. Saben de experiencias negativas que en otras legislaturas han sufrido los legisladores y se aferran a cometer los mismos errores. Baste recordar el asunto del entonces magistrado Eugenio Castellanos Malo, quien ante la negativa de su reelección se fue a juicio de amparo y no solo ganó el juicio en sentencia definitiva, se condenó a la parte perdedora a pagarle salarios caídos dado que lo habían separado del cargo; lo indemnizaron y no les quedó más remedio que reelegirlo con todo y la vergüenza que el asunto litigioso dejó como experiencia.
 
A unos años de ese suceso, hoy parece repetirse como fiel copia. Aunque ahora han buscado a toda costa demostrar que la conducta de Miguel Nava Alvarado no es la adecuada para ser reelecto; pero esa conducta y las pruebas que han recabado en su contra, son desconocidas para el hoy quejo en el juicio de amparo, de ahí la pretensión  para que la autoridad judicial federal le otorgue el amparo y la protección de la justicia.
 
Para febrero próximo debería elegirse a más tardar al nuevo encargado de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, sin embargo hasta ahora todo es incertidumbre jurídica, aunque la política es bien clara: no reelegirlo. Por lo pronto el imperio de la ley se ha impuesto, aunque los juicios de amparo aun no concluyen, no hay suspensión definitiva, mucho menos sentencia.
 
Los legisladores tendrán que mostrar sus cartas –como en juego de póker–  a Miguel Nava, para saber el juego que juegan; hasta entonces este lleva ventaja y los legisladores empiezan a perder, aunque el juego no ha concluido, aún falta mucho.

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