Este lunes, ya por la tarde, la PGR presentó juicio de controversia constitucional en contra de las reformas aprobadas y promulgadas por las Legislaturas de Veracruz y Quintana Roo y sendos gobernadores, quienes pretendían tener –a modo- su propio sistema estatal anticorrupción.
Estas reformas inhibían el sistema nacional anticorrupción implementado por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; leyes federales que aun no se han publicado como la 3 de 3 y la propia Ley Nacional Anticorrupción.
Javier Duarte había ya implementado todo para elegir a 3 magistrados del nuevo Tribunal Anticorrupción en Veracruz, así como su fiscal que duraría 5 años en el cargo. Lo propio hizo Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, quien sí se adelantó en los nombramientos, se dice, para “blindarse” ante cualquier posible ataque una vez que deje el poder.
Este mismo día ambos gobernadores en sus cuentas de twiter dijeron que acatarán lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser acordes con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y Duarte pidió a sus diputados declarar desiertos los concursos para ser magistrado del nuevo tribunal, incluso los pretendientes recularon haciendo la declinación correspondiente; lo mismo aconteció con la fiscalía del estado.
Ante la algarabía que ocasionó la controversia constitucional presentada por la PGR –ordenada por Enrique Peña Nieto-, el oportunismo de Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, no se hizo esperar y adelantaba que era un triunfo del PAN ¿De dónde se preguntaron? Afirmación política sin respuesta y sin sustento alguno. Protagonismo exacerbado.
Por su Parte Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador electo de Veracruz, celebró que el gobierno federal haya evitado el blindaje que pretendía el gobernador de Veracruz, incluso pidió que ya se separara del cargo Duarte. No creo que le conceda tal gracia Duarte a Yunes. A fin de cuentas es otra posición política de protagonismo.
Todas las legislaturas de los estados podrán adecuar sus marcos normativos a la nueva legislación nacional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. En Querétaro ya lo adelantaron los diputados, harán la copia y pegarla como en otras tantas ocasiones lo han hecho. Sin embargo lo realizado en los casos de Veracruz y Quintana Roo, según ha trascendido, las legislaciones locales inhiben a la norma federal.
Cierto o no, ambos gobernadores tendrán que acatar lo que resuelva la SCJN una vez que resuelva la controversia, que deberá ser cuanto antes. Ambos gobernadores se han subordinado al mandato presidencial, no les queda de otra.
El Presidente de la República tiene la obligación de iniciar la limpia de cualquier presunción de corrupción, sea o no de su gobierno, debe encabezar la lucha en contra de la corrupción, demanda que exige la sociedad mexicana a grito abierto.
El gobierno federal, después de ser duramente criticado por actos de corrupción y de intereses mezquinos de funcionarios cercanos a él y aun más, ha iniciado la cruzada contra la corrupción, no deben empañarla dos gobernadores que están siendo acusados de actos abusivos de corrupción cuando están a unos meses de dejar los cargos. El blindaje que buscaban se frustró, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos.
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