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El trámite legislativo para que conozca el Poder Judicial de asuntos de justicia laboral aun está en proceso; falta la aprobación de la Cámara de Diputados, después serán las legislaturas de los estados hasta concluir en la aprobación de la legislación secundaria.Uno de los artículos transitorios de la reforma a dos de los artículos de la Constitución, establece que los estados tendrán hasta un año para adecuar sus legislaciones estatales. Ya el Secretario del Trabajo en el Estado de Querétaro, adelanta que serán hasta 11 mil asuntos laborales los que en su momento deberán atender los juzgados en materia laboral.
En la CDMX se dio un paro laboral –ilegal por supuesto- ante la incertidumbre de los trabajadores que laboran en las juntas de conciliación y arbitraje, dada la inminente desaparición de estas, que serán absorbidas por la nueva estructura judicial y administrativa que será creada, como parte de las propuestas legislativas del Presidente Enrique Peña, para terminar con el foco de corrupción que existe en ese medio de justicia administrativa que se desarrolla en las juntas.
Nada de qué espantarse si serán 11 mil expedientes o más sobre conflicto de intereses entre el capital y el trabajo. La misma iniciativa prevé la creación de una nueva instancia administrativa encargada de atender, en primera instancia, todos los asuntos por la vía de la conciliación; de no encontrar solución conciliatoria, que deberá agotarse como vía de acción para intentar la judicial; entonces las partes podrán acudir a los juzgados que se establezcan para impartir justicia laboral.
Seguramente los legisladores federales, ante la modernidad de asumir el control desde el centro de las decisiones políticas, crearán la legislación aplicable en toda la República Mexicana, como lo han hecho con el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Ley General del INE, que controla los procedimientos en materia electoral; o bien la Ley General de Partidos Políticos. Será otro tema más como los asuntos mercantiles cuya legislación es federal y los juzgados locales atienden los conflictos en esa materia.
Los estados deberán estar prestos para resolver los problemas en materia de despidos o contratación del nuevo personal que deberá laborar tanto en el nuevo órgano administrativo que seguirá encargándose de resolver los problemas por medio de la conciliación, como aquellos que atenderá el Poder Judicial, el que seguramente creará varios juzgados adscritos a las circunscripciones judiciales ¿Cuántos? No se sabe aun, pero no serán más de tres seguramente; dos en la cabecera judicial de Querétaro, otro más en la de San Juan del Río.
Con aquello de no seguir engordando la nómina de los jubilados y pensionados, tal vez se liquide a todos y se contrate nuevo personal. Pues no tendría caso dejar personal con suficiente antigüedad que pueda pensionarse o jubilarse pronto en instancias de nueva creación; resultaría ilógico; sería bueno la reubicación de más de alguno, pero no adelantar la pesada carga de jubilados y pensionados en el Poder Judicial. Sin embargo para ellos aun falta tiempo, aunque debe prevenirse antes de que se suceda. Al paso que va la creación de la normatividad, tal vez le corresponda a finales de esta o la LIX Legislatura.
Lo mismo con el nuevo órgano de conciliación, cuya naturaleza principal será la autonomía en su actuar y patrimonio propio; aquí podría continuar el personal experimentado en esta área. El personal de los juzgados será nombrado por el propio Poder Judicial, aunque siguiendo con la tradición, seguramente deberán crear la sala de segunda instancia, ahí deberá intervenir el Poder Legislativo para la designación de los magistrados de la Sala Laboral.
Aun falta tiempo, así que todo el personal que actualmente labora en las cinco juntas de conciliación y arbitraje deberá estar tranquilo. Eso sí, tarde que temprano tendrán que buscar necesariamente alguna alternativa de trabajo, las actuales juntas irremediablemente desaparecerán, creándose nuevos órganos en la conciliación y administración de justicia laboral. Son nuevos tiempos. Con ello se espera agilizar los trámites en esta materia y erradicar la corrupción; que, dicen, existe en esas instancias desde muchos años a la fecha.
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