El negocio de la venta de reconocimientos, certificaciones, premios y más ha sido muy redituable para muchas empresas privadas; siempre encontrarán compradores ávidos y ansiosos de legitimar su imagen, más en tiempos electorales (presidencias municipales, gubernaturas y empresas de gobierno).
Hay una gran cantidad de ONG’s, la mayoría de ellas se declaran “sin fines de lucro”, pero a la par crean empresas que les permiten vender “sus servicios” a un muy buen precio; el mercado está acotado, desde luego, por políticos de altos vuelos que sus nexos con quienes gobiernan les permiten celebrar jugosos contratos al amparo que “su servicio” va acompañado de un “reconocimiento” que, bien casi nadie ha obtenido o es muy difícil obtenerlo, entre más rimbombante e internacional suene el nombre de quien otorga más vende el reconocimiento, mejor se cree que se obtendrá mayor beneficio político para el comprador, como ocurre con la compra de Marcos Aguilar de la certificación ISO 18091:2014, otorgado por World Council for Quality.
Es importante mencionar que actualmente de la norma ISO 18091:2014 hoy en día solo hay un único documento a nivel internacional dentro de la estandarización ISO que contribuye a la gestión integral de todos los procesos necesarios para que un gobierno local se considere confiable.
Luego entonces, nos preguntamos: ¿Cómo es posible que World Council for Quality haya sido capaz de otorgar al gobierno de Marcos Aguilar la certificación nivel 2 de la norma? Lo anterior, por la sencilla razón de que el nivel 2 significa confiabilidad en el logro de manera sistemática confirmada por los clientes ciudadanos. Nos preguntamos: ¿Quiénes fueron esos “clientes” ciudadanos que de manera sistemática otorgaron la “confianza” en un gobierno como el de Marcos Aguilar? Un gobierno que desde su inicio se ha dado a la tarea de privatizar todos los servicios municipales en procesos pocos claros y, por otra parte, su página de transparencia es totalmente opaca y se niega a entregar información pública que de antemano sabe que lo va a comprometer.
¿Cómo opera la venta de certificaciones? El modus operandi es muy sencillo: mediante la creación de ONG´s, como lo es la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegob), ofrecen principalmente a municipios servicios de capacitación, talleres, diplomados, conferencias, entre otras, con el objetivo que implementen un sistema de gestión de calidad, que para el caso puede ser el ISO 9001:2015 o el ISO 18091:2014; una vez implementado, crean ellos mismos los observatorios ciudadanos, mismos que desde luego se convierten en “clientes ciudadanos” y dan la “supuesta” confiabilidad a los ayuntamientos. Es decir, todo se encuentra debidamente “concertado”.
Es importante aclarar que a través de sus procesos de normalización y certificación, la International Organization for Standardization (ISO), al aceptar la ISO 18091 como primer esfuerzo en materia de gobierno, contribuye a normalizar y evaluar las actividades de los gobiernos locales y dirige la acción para que los ciudadanos confíen en su gobierno.
En realidad, los 4 rubros principales para evaluar la gestión de calidad de un gobierno son: 1. desarrollo institucional para un buen gobierno, 2. desarrollo económico sostenible, 3. desarrollo social incluyente, y 4. DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE, con sus 39 subrubros que los municipios deben de cumplir para obtener la ISO 18091, que hacen prácticamente imposible que un municipio pueda obtenerlo, mucho menos un gobierno municipal como el de Marcos Aguilar Vega, tan cuestionado por la ciudadanía por las decisiones unilaterales que ha tomado, sin contar con su aval.
La pegunta obligada es: ¿Cómo es posible que la World Council for Quality haya otorgado la certificación ISO 18091? La respuesta puede ser muy obvia, uno de los principales impulsores de la certificación de referencia es el doctor Carlos Gadsden Carrasco, que fue secretario internacional de la ISO/IWA 4, norma base hasta el 2009 para la implementación de la ISO 18091, y que está ligado totalmente a Carlos Medina Plascencia, con quien laboró en su administración en la Secretaría de Gobierno y fue coordinador de federalismo en el equipo de transición de Vicente Fox Quesada cuando resultó electo presidente de la República en el 2000; laborando de igual forma para Felipe Calderón Hinojosa en la oficina de la Presidencia y Secretaría del Trabajo, e igualmente es el secretario ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Gobiernos Confiables.
Un alfil de Medina Plascencia, mismo que se dice está detrás de la empresa Red Recolector, concesionaria de la recolección de basura en el municipio de Querétaro y que ha sido severamente cuestionada por la ciudadanía.
De esta forma, cualquiera compra una certificación.
Por otra parte, un dato importante: Durante la gestión de Francisco Ricardo Sheffield Padilla como presidente municipal de León, Guanajuato (2009-2012), este otorgó un contrato millonario (9.5 millones de pesos) a la Fundación para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, cuyo presidente honorario es precisamente Carlos Medina Plascencia, monto que de acuerdo a las denuncias había servido para pagar los honorarios del citado exgobernador y exsenador del PAN, quien por medio del doctor Carlos Gadsden Carrasco, secretario ejecutivo de la misma fundación, otorga las cada vez más lucrativas certificaciones ISO 18091:2014.
En conclusión, un premio otorgado al municipio nos cuesta, de acuerdo a la información obtenida del municipio de León, Guanajuato, 10 millones de pesos. Y si observamos que el municipio de Querétaro diariamente clausura 100 comercios, es claro para quién trabaja Marcos Aguilar.
¿Nos enseñará el municipio el proceso de certificación y nos dirá qué ciudadanos confían en él “sistemáticamente”?
Como siempre, la mejor opinión es la de usted. Y recuerde, no me crea a mí, créale a sus ojos.
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