Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, anunció que el próximo fiscal municipal anticorrupción podría ser electo por las organizaciones sociales y no por el Ayuntamiento. ¡Interesante propuesta!
Claro que también dijo que aún no lo decidía, cuando que precisamente es decisión del ayuntamiento y no facultad del presidente municipal. Aquí un “lapsus jurídico”. Mas no deja de ser una propuesta interesante.
De acuerdo a la normatividad nacional y estatal, los fiscales no aterrizan en los municipios, estos deben –no es obligatorio- continuar con sus contralores o tribunales de responsabilidades administrativas. De ahí que la propuesta de Marcos Aguilar sea interesante.
Marcos debe presentar la iniciativa de reforma administrativa en la que se contemplen las atribuciones de ese fiscal anticorrupción municipal, para no invadir competencias ni con el organismo federal ni el estatal, ello traería la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma que se pretenda aprobar. La legislación municipal debe armonizar con las normas vigentes que a más tardar entrarán en vigor en julio próximo.
Tal vez siga siendo el mismo tribunalito municipal, cambiándole la denominación; excepción hecha de crear un nuevo organismo que engrosaría la estructura y la nómina municipal. Marcos sabe de eso, él ocupó ese cargo cuando fue subordinado de Armando Rivera Castillejos, expresidente municipal, con quien ha roto “lanzas”..
Los nuevos órganos estatales en materia de corrupción ya fueron creados y sus titulares designados, la estructura ya obedece a la disposición constitucional. Incluso los legisladores se “adornaron” la semana que concluyó, incluyendo en el paquete legislativo la Ley de Juicio Político, la que consta apenas 30 artículos, siendo la mayoría una copia fiel y exacta de la norma abrogada.
De tal suerte que Marcos ya tiene la visión legislativa y jurídica completa en materia de corrupción, eso le facilita la propuesta que plantea, la cual no deja de ser interesante; el fondo de su decisión es más política que jurídica, no puede dejar el sistema anticorrupción municipal en manos de no sabe quién, en manos de las organizaciones sociales. Deberá, en su caso, imponer los suficientes candados para que no llegue al cargo un improvisado, mucho menos la persona que no pueda controlar y en su momento enjuicie a su personal de confianza por actos presuntos de corrupción. Esta hipótesis política no puede permitirla, se ataría de manos al término de su gestión, mucho menos si no consigue brincar a otro cargo de elección popular.
Conclusión. Resulta muy interesante la pretensión de dejar en manos de un desconocido el combate a la corrupción municipal. Claro que puede tejer fino y hacer creer a las organizaciones sociales que eso sucede, generando los candados necesarios para que, a pesar de que participen las organizaciones sociales en la designación, Marcos sea al final quien decida quién se hará cargo de la justicia municipal en el combate a la corrupción. Por lo pronto es una simple pretensión, así lo dijo.
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