Aún recuerdo con meridiana claridad cuando en el año de 1982, la hoy magistrada Consuelo Rosillo Garfias ingresó al Poder Judicial, precisamente como mecanógrafa en el Juzgado Segundo Familiar, en donde yo era el juez. Después de más de 30 años de servicio continuo, la magistrada hoy representa al Poder Judicial del estado.
Es su primer informe -tres que rendirá durante su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia- lo que más destacaron los medios de comunicación fue la necesidad de recursos públicos pasa atender la demanda de impartición de justicia fortaleciendo las áreas de la misma. Y sabe la magistrada que sin el recurso económico es complicada atender la creciente y exigente demanda de justicia en los distintos Distrito Judicial y por supuesto en el propio Tribunal Superior de Justicia.
Aún recuerdo en el año de 1975, cuando en la capital solo eran 6 juzgados, tres de Primera Instancia Penal y otro tanto en materia Civil; todos concentrado en Plaza de Armas, los penales en la Presidencia Municipal de Querétaro y la misma cárcel; en cada Distrito Judicial había un juzgado mixto que como tal atendía tanto penal como civil. Buenos jueces ¿Juzgados familiares? Esos no existían ni por asomo. Los Jueces civiles se especializaban en todo, mercantil, familiar y por supuesto en civil. La población creció exponencialmente y el mismo Poder Judicial también lo ha venido haciendo. El Tribunal se componía de tres Magistrados y éramos –entonces- apenas 3 proyectistas para Segunda Instancia; hoy son 13 magistrados y un sinfín de proyectivas y a pesar de ello hay rezago en las resoluciones de Segunda Instancia por falta de personal.
A pesar del enorme crecimiento del personal y del presupuesto público, la realidad los rebasa y no hay poder humano que logre que la impartición de justicia vaya al día para evitar rezagos. El año pasado dio inicio el nuevo sistema penal acusatorio, denominado o conocido como juicio oral, vino a incrementar el presupuesto, se exigen mayores recursos públicos para atender el costoso sistema que hasta hoy ha beneficiado más a los delincuentes que a la sociedad que se ve afectada por las agresiones de los “inocentes” acusados; sí, con aquello de que, son inocentes hasta que la autoridad no demuestre lo contrario.
El Consejo Tutelar para Menores Infractores, que dependía del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Gobierno del Estado, ahora forma parte de la estructura del Poder Judicial y por supuesto que también reclama recursos públicos para su adecuado funcionamiento. La carga económica del Poder Judicial se multiplicó acelerada y desordenadamente; lo que no fue así con el Poder Legislativo, sin embargo este sí ha gozado en exceso de dinero público para satisfacer necesidades y caprichos de legisladores, a grado tal que el año pasado rebasaron más del 60% de su presupuesto, bajo la justificación de pagar el crédito que tienen por la construcción del deficiente y mal hecho edificio que les heredaron; no hay pues equidad en esta materia.
Por eso la misma Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo, si bien no fue propiamente una queja, si fue una claro llamada de auxilio a los legisladores para que apoyen más al Poder Judicial. De inmediato el diputado Eric Salas, que controla la Comisión de Presupuesto, adelantó que podría ser hasta el año próximo; para este ya no habrá un solo centavo más. Ambas partes seguramente tendrán en consideración que próximamente el Poder Judicial impartirá justicia en materia laboral, de tal manera que el presupuesto que ahora ejerce la Junta de Conciliación y Arbitraje, pasará a manos del Poder Judicial; sin embargo la misma Junta requiere mayor presupuesto; basta ver en las condiciones de hacinamiento en que laboran, en donde las partes en conflicto no caben.
Nadie podría salir con la infantil respuesta de digitalizar la impartición de justicia, eso sería deshumanizar la aplicación de las leyes; claro que han tenido que asirse de la tecnología para agilizar los trámites de acuerdos y demás actividades que antes realizábamos mecanográficamente y con varias copias en papel de cebolla; el uso de las nuevas tecnologías de la digitalización en informática también cuesta, los programas digitales y todo lo que tecnológicamente implica. De tal manera que los 1319 empleados del Poder Judicial, no se dan abasto.
Bien por la Magistrada Presidenta del Tribula Superior de Justicia, quien sin estridencias pide el apoyo solidario e institucional del Poder Legislativo para que coadyuven en la solución de fondo dando o autorizando mayor presupuesto; así los queretanos podremos seguir contando no solo con una buena impartición de justicia, también se busca llegar a la excelencia en la materia.
Consuelo Rosillo cumplió con el protocolo legal y político; primero rindió su informe ante el Pleno de la Legislatura, para después darlo en el Teatro de la República, recinto histórico que testificó el informe administrativo y político; y por supuesto el esencial: impartición de justicia. Demandó la construcción de la Ciudad Judicial en forma, tal vez porque en las “naves” en donde hoy se encuentran laborando, simplemente se adecuaron, era el lugar en donde se exhibía el ganado de la Feria Ganadera e Industrial de Querétaro. Veremos pues cual es la real respuesta a la demanda, para dotar o no, de mayor de un mejor presupuesto de egresos para el año próximo ¡Año de elecciones! Ojalá y esto no condicione o limite al Poder Judicial, en aras de la democracia representativa, en la que partidos políticos se llevan muchos millones de pesos del erario y todo para nada.
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