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El día 15 de este mes, el titular del Poder Ejecutivo envió a la LVIII Legislatura del Estado, iniciativa de ley que adiciona un párrafo –con cinco incisos– al artículo 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, fechada el día 4 de mismo mes, con la finalidad de crear un fideicomiso que pretende coadyuvar al saneamiento de las finanzas públicas para aliviar la carga sobre pensiones y jubilaciones.
De tal manera que la iniciativa se turnó a la comisión que preside Eric Salas González, Presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, para ser dictaminada. Con el paso de los años, muchos trabajadores de los tres Poderes del Estado, accedieron al derecho a la jubilación o pensión, en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios. De tal suerte que para este año de 2017, en el Decreto del Presupuesto de Egresos, se programó un gasto de 515 millones, 098 mil, 418 pesos; más lo que se acumule en lo sucesivo, al pago del derecho que tiene los empleados a recibir pensiones y jubilaciones, una vez que hay cumplido con los requisitos de ley y contractuales.
Los fideicomisos son manejados por instituciones financieras, en su caso fiduciarias, que generan o reditúan ganancias o beneficios a favor del o los fideicomisarios. Por lo tanto, si el gobierno del Estado crea un fideicomiso para que la institución fiduciaria produzca beneficios económicos, los beneficiarios si bien serán los jubilados y pensionados, directamente lo será el presupuesto púbico; se presume que con la creación de una bolsa económica se coadyuvaría a resistir la carga que hasta ahora llevan las finanzas públicas, carga que tiende a crecer de acuerdo a quienes ya gozan de este derecho social y laboral y todos aquellos que en algún momento accederán a los beneficios de la jubilación o la pensión, por años de trabajo.
La misma carga económica la sostienen los municipios, dado que los empleados de los ayuntamientos también gozan de sendos derechos. Por lo tanto, el monto de los poco más de 515 millones de pesos se ve incrementado sustancialmente. Con la adición se pretende que, en lo sucesivo mediante apoyos actuariales se verifique la existencia real de la suficiencia presupuestaria para otorgar incrementos a jubilaciones y pensiones superiores a los establecidos por la propia ley; ello mediante los contratos colectivos de trabajo que suscriben las partes en conflicto, entiéndase patrón y trabajadores: conquistas sindicales.
Líderes sindicales que han conocido la iniciativa, expresaron su preocupación por esta adición al artículo 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado y no les falta razón dada la inercia de algunas autoridades del sector público y empresarial de ir minando conquistas sindicales que benefician a los trabajadores; algunas, a fuerza de reconocerlo, han sido perjudiciales para las finanzas del patrón, que han obedecido más a cuestiones políticas que a conquistas sindicales; de ahí la necesidad de los estudios actuariales. Pero tampoco debe atentase en contra de los derechos que han adquirido los trabajadores, ni diluir la fuerza sindical que procura la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores.
Lo que debe quedar claro que los resultados de los estudios actuariales no serán “ley” para determinar si se concen o no beneficios económicos a jubilados y/o pensionados, como parece entenderlo más de algún despistado. El estudia actuarial será solo un referente que no traerá aparejado la obligatoriedad de su ejecución; referente que deberá de ser valorado por las partes al momento de demandar mayores prestaciones al respecto.
Conclusión. Lo verdaderamente importante y trascendente será la creación del fideicomiso que ayudará al saneamiento de las finanzas públicas en materia de jubilaciones y pensiones, asunto que no había sido atendido con anterioridad; una, porque hace dos sexenios no era problema y dos, porque aquellos que se fueron y tenían la responsabilidad de haber previsto la solución a un problema creciente, no les importó resolverlo ni superficialmente, mucho menos de fondo; y lo que ahora se pretende con esta adición legal, es darle una solución definitiva al crecimiento de la obligación financiera a cargo del gobierno del Estado, en beneficio de sus trabajadores, derivado de un derecho tanto social como laboral, que consiste en lograr la pensión y/o jubilación vitalicia por más de 28 años de trabajo El fideicomiso debe funcionar! Y en los primeros cinco años no deberá tocarse un solo peso que genere el fideicomiso para que se produzca una bolsa suficiente de dinero que, hasta entonces, coadyuvará a soportar la carga financiera.
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