Loretta Ortiz Ahlf, una de las integrantes de la terna para convertirse en ministra de la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó que haya conflicto de interés porque su esposo, José Agustín Ortíz Pinchetti, es el fiscal electoral.
“Lo voy a aclarar, el fiscal electoral se encarga de la persecución de delitos electorales y en todo caso la revisión de éstos sería en el Tribunal Electoral, no van a la Corte; no hay posibilidad alguna de que las resoluciones que adopte o tome sean revisadas por su servidora -de llegar a la SCJN-, por lo tanto, no hay conflicto de interés”, aseveró en entrevista.
Señaló que de convertirse en ministra del alto tribunal del país, aseguró que en temas como la mariguana, matrimonio igualitario y libertad de expresión, el juez constitucional debe responder conforme a derecho.
Esos temas están resueltos por jurisprudencia no sólo en la SCJN sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “por tanto, de ser designada, me abocaría a la resolución de estos asuntos a los preceptos normativos, sujetándome a derecho”.
La aspirante es egresada de la Escuela Libre de Derecho, doctora en Derechos Humanos, docente, investigadora, con nueve libros publicados y 80 artículos escritos sobre temas de trata de niños y niñas, adolescentes, homicidios y casos de desapariciones.
Respecto al reclamo del Poder Judicial de mantener su independencia frente a los otros poderes de la Unión, opinó que es “piedra fundamental y angular de todo gobierno y un gobierno democrático, la independencia de los tres poderes y autonomía”.
De acuerdo Ortiz Ahlf, el Poder Judicial “juega un papel de suma importancia, es un contrapeso a cualquier exceso que se llegue a tener, ya sea por actos del Ejecutivo o del Legislativo, de no ser así, se corre el riesgo de caer en instancias internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por eso, destacó la importancia del contrapeso que debe de tener la Corte de resolver conforme a derecho y no sólo a derecho nacional, sino a los tratados internacionales, en el caso de derechos humanos.
Respecto a la aportación que como ministra haría en materia fiscal, destacó que “no hay un sólo ministro que tenga el perfil que yo tengo, soy especialista en derecho internacional y en derecho internacional y en derecho internacional de los derechos humanos”.
A eso “me he abocado toda mi vida, 40 años profesional, estos aspectos en el siglo XXI o se pueden entender que no se resuelvan en ese sentido, pues se han dictado algunas sentencias, pero “no las correctas” como deberían haber en materia fiscal, “se necesita un experto que sepa cómo deben aplicarse estos tratados”, detalló.
La integrante de la terna refirió que 80 por ciento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son contra México, las cuales hay que cumplir y ver que no se vuelvan a cometer las mismas violaciones.
“En un futuro lo deseable es que ya no se presentarán más reclamos a la Corte Interamericana y que se resolvieran en la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación)”, como el caso Radilla y la participación de militares en tareas de seguridad interior, entre otros.
Sobre la Ley de Remuneraciones, cuya aplicación suspendió la SCJN, se abstuvo de pronunciarse porque “de llegar a ser ministro de la SCJN estaría adelantando criterio” y se limitó a considerar que haría un análisis y de llegar al alto Tribunal se pronunciaría con apego a derecho.
No obstante, adelantó que de ser el caso, donaría el excedente de su salario.
Aseguró asimismo que pugnará porque haya real paridad en la Corte, pues de 11 ministros solo dos posiciones corresponden a mujeres, lo cual es insuficiente, pues haría falta que al menos “fuéramos la mitad”.
La necesidad de más ministras, abundó, es porque hay muchos temas en los que se tiene una preocupación real para atender temas de perspectiva de género y feminicidios, pues se sigue considerando como homicidio sea hombre o mujer, por tanto ni un solo caso ha llegado al máximo tribunal del país, “tan fácil sería atraer un asunto y decir esto es un feminicidio y que hubiera jurisprudencia”.
De llegar a la SCJN, añadió, atraerá estos casos para fijar criterios jurisprudenciales, por lo que aseguró que buscaría que sea que la Suprema Corte sea más cercana a la población y atienda los problemas de acceso a la justicia que tiene la ciudadanía, que no esté en ese “Olimpo de los Dioses”.
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