Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezadas por Teresa García Gasca, rectora de la máxima casa de estudios de la entidad, acompañada por Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña, secretaria de Investigación y Posgrado y Francisco Javier Luján Méndez, estudiante de doctorado de esta casa de estudios, participaron en el 2do. Foro del Parlamento Abierto denominado “Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, en torno a la iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) impulsada por el Poder Ejecutivo Federal. Este diálogo se realizó en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.
Durante su intervención, García Gasca puso como ejemplo de la importante labor de las universidades, el proyecto vacunal de esta institución que, sin apoyo de la autoridad federal, sigue su camino a pesar de los retos que ello representa. Dijo que en el país no hay falta de talento, sino de visión para reconocer que el desarrollo va de la mano de su capacidad para generar y aplicar conocimiento científico. Expresó que se estima que por cada dólar invertido es esta materia, se puede multiplicar hasta diez veces en beneficios sociales y económicos.
“Necesitamos con urgencia de políticas públicas que permitan engranar la asignación de recursos a las instituciones públicas y privadas para resolver los problemas presentes y futuros. Conacyt es la institución encargada de promover el avance de la investigación científica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica, no de controlarla, sí de articularla, de favorecerla y guiarla”, expresó.
Mencionó que es indispensable que se reconozcan las necesidades estatales y municipales a través de consejos propios para ciencia, tecnología e innovación con visión local, regional y nacional con la coparticipación del Conacyt; incorporar un sistema de gobernanza para la participación interinstitucional e intersectorial con las universidades, centros de investigación y el sector productivo; comprometer una base presupuestal real, progresiva y suficiente no me menor al uno por ciento del Producto Interno Bruto; reconocer y respetar la libertad de investigación; replantear la progresividad de los derechos humanos y la inclusión en la nueva ley para que integren perspectiva de género; y propiciar un marco normativo para proteger la propiedad intelectual.
Por su parte, Loarca Piña indicó que será por medio de un trabajo conjunto que se pueda construir una Ley que impulse verdaderamente la labor científica, tecnológica y de innovación, por lo que el camino que se tome tiene que incluir a los involucrados en dichas materias. Lamentó además que, en la actualidad, las becas internacionales y mixtas hayan desaparecido en esta administración federal, por lo que es necesario que se reconsidere su otorgamiento en beneficio de estudiantes de maestría y doctorado.
“El conocimiento científico puede y debe ser una parte clave del disfrute de una vida digna, un ambiente sano, materializando el bienestar, la justicia, la equidad y el desarrollo, sin embargo, debe tomarse en cuenta a los científicos, a todos los órdenes de gobierno, estatales y municipales, porque de ellos van a emanar las necesidades del pueblo”.
Posteriormente, Luján Méndez, argumentó que quienes estudian algún posgrado son conscientes del desafío que supone impulsar la ciencia y las humanidades en un país con graves rezagos. Por tal motivo, dijo que el método científico ofrece las mejores oportunidades para superar los desafíos mundiales que la humanidad afronta.
Más adelante, participó también Pedro Flores Crespo, docente de la UAQ, quien expresó que se deben clarificar los entes responsables para la implementación de la política científica, y que por medio de la discusión pública y un diagnóstico claro se construya un documento con pluralidad de visiones.
Este fue el segundo foro –de siete– organizado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación presididas por los diputados Javier Joaquín López Casarín y Flora Tania Cruz Santos, respectivamente, en que legisladores de distintas fracciones políticas escucharon, a través de diferentes bloques de participación, las opiniones de académicos, investigadores, miembros de centros de investigación, universidades públicas y privadas, así como cámaras empresariales, organizaciones y especialistas respecto a la Ley General en Materia de HCTI.
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