Nuestro sistema penitenciario pasó de la Readaptación Social a la Reinserción Social, por inoperante, según las reformas al marco Constitucional en materia penal; una pena de prisión de 80 o más años, es considerada “cadena perpetua”, sin derecho a la reinserción social.
El Estado Mexicano al igual que la mayoría de los países democráticos, han creado a manera de represión legal, la imposición de penas privativas de la libertad, cuando se rompe la estabilidad social y se comete un delito, figura típica creada por el Estado mismo. A su vez, el Estado moderno crea el sistema penitenciario con la obligación de darle atención a quien infringió el estado de derecho, atención que se basa en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, bajo la premisa del respeto a los derechos humanos del delincuente. El objetivo del sistema: reinsertar al infractor al medio social de manera que este se convierta en un ente positivo para la sociedad.
Hoy día México vive una ola de violencia inimaginable hace apenas unos cuantos años, lo que ha motivado que el Estado mismo haya llegado al extremo de utilizar a las fuerzas armadas tanto del Ejército Mexicano como de la Marina, para intentar contener la explosión delictiva. Los legisladores atónitos ante los nuevos escenarios delincuenciales, han creado nuevas figuras típicas como es el caso de la delincuencia organizada, incluso han echado mano de normas inconstitucionales como el arraigo para permitir a la autoridad persecutora de los delitos y delincuentes, allegarse de pruebas para procesar a los delincuentes.
Sin embargo y para nuestra desgracia, nada ha contenido a la delincuencia. Vamos, incluso desde el interior de los Centros de Reinserción Social operan los delincuentes, para ellos no hay fronteras. Hoy día la delincuencia organizada en México ha logrado traspasar fronteras, ya opera en muchos países. En México han muerto miles y miles de personas a consecuencia de la delincuencia y no se ve para cuando pueda disminuir en un grado importante que deje de ser un problema para el desarrollo del país.
El pasado 3 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la federación, las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, que conllevan implícitamente el reconocimiento del fracaso del sistema de Reinserción Social. La muestra nos la da el artículo 11 de esa Ley, al imponer penas de prisión hasta de 140 años de prisión. O aquella de 90 años que prevé el artículo 10 de la misma Ley ¿Y el sistema penitenciario que se basa en los derechos humanos sin importar si son delincuentes?
Lo cierto que cualquier persona que sea sentenciada a estas penas privativas de la libertad -y tal vez pueda merecer la pena de muerte que no existe en nuestro sistema- está condenada a morir en prisión; es la cadena perpetua; no hay ser humano que habiendo cumplido 18 años para ser sujeto a proceso penal pueda llegar la edad de 158 años para lograr su libertad y ser reinsertado socialmente ¡Entró en vigencia la pena de cadena perpetua en nuestro país! Aunque no se reconozca como tal en el lenguaje jurídico.
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