Miguel Nava Alvarado, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, dio a conocer la resolución judicial emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en el que le conceden la protección de la justicia federal en contra de los actos de la Legislatura y el Tribunal Superior.
Si bien podría pensarse que se trata de un juicio más como miles que se dictan a diario en toda la República Mexicana, este en particular no es cualquiera por la trascendencia que implica por actos declarados inconstitucionales cometidos por dos órganos colegiados, dos Poderes del Estado de Querétaro. He ahí la importancia y el precedente que ello implica.
El tesón que le ha impreso Miguel Nava a la violación de sus derechos humanos deja en claro que la justicia de la unión no toma en consideración si el acto inconstitucional fue o no cometido por los titulares de cualquier Poder público, de manera llana resuelven en pro o en contra acorde con las pruebas que se aporten en el expediente del juicio.
En la Legislatura “han declarado” que ellos no tienen nada en contra de Miguel Nava, simplemente han seguido las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia. Lo cual no es del todo cierto, los diputados pudieron inconformarse en contra de la sentencia emitida por la magistrada Celia Maya García y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia; y en lugar de ello implementaron un procedimiento abiertamente violatorio de los derechos humanos del quejoso, pretendiendo reponer un procedimiento encaminado a la probable revocación de un proceso ilegal e indebidamente, todo en cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional.
Por lo que ve al mismo Tribunal Superior de Justicia, el Pleno simplemente avaló la sentencia de Celia Maya y turnó la resolución para que fuera cumplimentada por los legisladores, en la que se obligaba a resarcir los derechos humanos violados de quien acudió al juicio de garantías por virtud de haber sido discriminado por cuestiones de edad y no le permitieron participar en el proceso electivo los diputados de la anterior Legislatura. La sentencia, sin ordenarlo expresamente, implicaba reponer un procedimiento en el que, en igualdad de condiciones tanto Miguel Nava como Cesar Pérez, compitieran por el cargo que legal y constitucionalmente ocupa el Titular de la Defensoría.
Había que revocar el proceso llevado a cabo por la anterior Legislatura, lo que de suyo constitucional y legalmente era imposible, no se había impugnado el acto en que fue electo el promovente del amparo ¿Entonces? De ahí que la magistrada solo pidió que participara Cesar Pérez en un nuevo procedimiento y junto con el Miguel Nava. El Pleno del Tribunal si bien no avaló esta sentencia sí la consintió enviándola para su cumplimentación con los diputados.
Y así dio comienzo el arduo peregrinar de Miguel Nava, quien hasta ahora y seguramente en la definitiva habrá de ganar la batalla legal de pleno derecho; ha continuado al frente de la DDHQ.
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