La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizó la Mesa de diálogo sobre el Aumento a la Tarifa del Transporte Público en la que participaron estudiantes, académicos, egresados, miembros de la sociedad civil, ciudadanos, operadores de transporte público y personas de la tercera edad para analizar las causas y consecuencias del incremento a las tarifas del transporte público colectivo en la zona metropolitana de Querétaro.
Como parte de esta iniciativa, la Máxima Casa de Estudios del estado entregará al director del Instituto Queretano del Transporte, Ing. Luis Enrique Moreno Cortés, las siguientes peticiones: que se haga público el estudio que sirvió como base para el aumento de las tarifas, debido a que la ley marca que debe ser público, y que se entregue a la Universidad para que sea analizado por especialistas; que se forme una comisión con especialistas de la Universidad para revisar el aumento; que la actual administración dé marcha atrás al decreto temporalmente mientras no se justifique el aumento y que se pronuncie el próximo Gobierno del estado al respecto.
El Dr. Ángel Balderas Puga, docente investigador de esta institución, indicó que el artículo 160 de la Ley de Movilidad para el Transporte del estado de Querétaro señala que los aumentos de tarifas deben estar determinados con base en los estudios técnicos y de costos, así como en los compromisos para la mejora del servicio. Agregó que el 90 por ciento de los estudiantes de la Universidad utilizan el transporte público y que la mayoría de las familias de los estudiantes de esta institución viven con cerca de dos salarios mínimos.
El Dr. Edgar Belmont, profesor investigador de la Facultad de Filosofía, compartió un proyecto de investigación multidisciplinario que realiza con la Facultad de Ingeniería acerca de la modernización del transporte público en la zona metropolitana, desde la perspectiva de la sociología del trabajo.
Subrayó que la propuesta de la modernización del transporte público en 2009, desde Gobierno del estado, implicaba una reorganización o reingeniería del proceso, la estigmatización del trabajo del operario, la promesa de una mejora continua y una lógica gerencial. Sin embargo, resultó en una promesa incumplida en el sentido de calidad, costo y satisfacción del usuario, pues se acentuó la conflictividad operador-usuario y una falta de transparencia de los recursos.
También expresó que el objetivo de llevar a cabo este tipo de diálogos es “no solamente con el objetivo de generar conocimiento para crear procesos que nos lleven a una mejora en la calidad de vida, sino también para ejercer la crítica social que estamos convocados a ejercer desde el campo académico”.
Por su parte, Dr. Saúl Obregón Biosca, coordinador de la Maestría en Vías Terrestres, también presentó los resultados de un estudio realizado por académicos de la UAQ en el que se encontró que en Querétaro el 39 por ciento de los desplazamientos se realizan en transporte público. En este sentido, el mayor porcentaje de usuarios son mujeres, con bajo ingreso económico con dos a cuatro salarios mínimos; en cuanto al número promedio de desplazamientos es de dos y la mayor tasa de desplazamientos por individuos es fuera de la zona conurbada.
El análisis arrojó que los usuarios del transporte público son los que tienen la peor percepción de cómo nos desplazamos en la ciudad; que las principales críticas al sistema de transporte son la seguridad en el servicio y el tiempo del viaje a bordo, y que los habitantes que no cuentan con un automóvil suelen dejar de utilizarlo por el trato al usuario y el costo. En cuanto a los tiempos promedio de viaje se encontró que, en términos económicos, es más costoso ir de la zona periférica a la zona conurbada de Querétaro en transporte público que en automóvil.
Explicó que para un sistema integral de transporte se deben considerar seis líneas maestras: Competitividad, para que sea eficiente tiene que aportar la máxima funcionalidad con el menor costo global; Integración social, es decir, deber ser universal y accesible para evitar la exclusión social; Calidad de vida, en otras palabras, permitir un desplazamiento de la forma más cómoda posible y rápida, seguro y con calidad; Salud, en cuanto a estimular el uso de vehículos con menores emisiones contaminantes; Seguridad, reducir el número de accidentes, puesto que en las zonas conurbadas el porcentaje de accidentes viales es de 93.88 por ciento (2010); y Sostenibilidad, es decir, impulse más trabajo por unidad de extracción de recursos.
El Ing. Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de la Movilidad, habló de los 10 compromisos hechos en 2009 –que no se cumplieron- entre los concesionarios de transporte público colectivo y el Gobierno del estado; así como algunos artículos de Ley de Movilidad de Querétaro en los que se especifica la presentación de estudios técnicos que debe presentar la autoridad. También señaló que entre 2007 y 2012 el salario perdió 19 por ciento de su poder adquisitivo y que ese porcentaje se mantiene desde 2013.
En su participación, el universitario Andrés Martínez relató un día de traslado a la Universidad usando el transporte público y el impacto que tiene en la economía familiar el aumento de las tarifas. Por ello realizó la petición de bajar el costo del pasaje de los camiones.
Al final de las presentaciones se abrió un espacio de preguntas y comentarios por parte del público.
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