La senadora panista Sonia Rocha Acosta propuso diversas reformas a la Constitución, a fin de fortalecer los derechos laborales de las mujeres embarazadas.
Con las modificaciones planteadas, la legisladora por Querétaro impulsa que “durante el embarazo las mujeres no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; y tendrán una jornada máxima de seis horas”.
En la sesión ordinaria planteó que las mujeres en este estado “gozarán forzosamente de ocho semanas de descanso antes de la fecha fijada para el parto y de otras 12 semanas después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo”.
Aseveró que es necesario avanzar paulatinamente en las prestaciones laborales de la mujer embarazada, resguardando su salud y bienestar físico y emocional, ya que esta condición provoca en la mayoría de los casos cambios biológicos que deben ser atendidos.
Por ello, precisó, la jornada laboral será máxima de seis horas, pues esta medida beneficia la integridad de la mujer, asegurando su bienestar físico, descanso necesario y evitando faltas laborales innecesarias.
La propuesta de ampliar el periodo de incapacidad antes y después del parto, dijo, es para fomentar maternidades responsables y el apego temprano y necesario en los primeros meses de vida del bebé, agregó.
Rocha Acosta sostuvo que es importante que tanto las mujeres como los niños cuiden el espacio de la lactancia y que este derecho no se interrumpa, se niegue o se prohíba bajo ninguna circunstancia.
“Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad; son también menos propensos a sufrir diabetes y obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia”, indicó.
Resaltó que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, una de cada 10 mujeres de 15 años o más ha padecido como mínimo un tipo de violación laboral, suscitada al solicitar, al menos una vez a lo largo de su vida, una prueba de embarazo, mientras que el 2 por ciento indicó haber sido despedida, haber sufrido una reducción de sueldo o la no renovación de contrato por su condición de maternidad.
En este sentido, apuntó que el Estado mexicano debe aplicar las disposiciones necesarias para fortalecer la cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen acciones sociales de equidad.
“Deben replantearse diversas visiones de interactuar con la mujer embarazada que trabaja, en términos de equidad y de reconocimiento de que tal circunstancia implica diversos cambios físicos y emocionales que requieren empatía social, para que puedan llevar embarazos saludables, partos dignos y una maternidad responsable”, concluyó.
La iniciativa de reformas al apartado A fracción V y al apartado B inciso c) de la fracción XI del artículo 123 de la Constitución, se turnó a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda y para la Igualdad de Género
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