En Sesión Ordinaria, el H. Consejo Universitario aprobó enviar un escrito -a título de este máximo órgano de la Universidad Autónoma de Querétaro- a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el objetivo de defender el presupuesto de esta institución.
Lo anterior derivado de las manifestaciones emitidas por los consejeros universitarios durante la sesión. El Mtro. Jesús Jiménez Trejo, consejero universitario por la Facultad de Psicología, dio lectura a una carta redactada por docentes de esta unidad académica en la que se expresa el rechazo hacia el recorte presupuestal al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) -antes PIFI-, por disposiciones de la SHCP.
“Demuestra la falta de compromiso por parte del Estado hacia la educación pública superior y con las generaciones venideras”, está plasmado en el escrito. En este sentido, pidió al H. Consejo Universitario posicionarse ante estas políticas gubernamentales que vulneran la educación pública como derecho universal y señaló la necesidad de realizar movilizaciones colectivas para exigir el cumplimiento de los acuerdos ya avalados.
Como parte del apoyo a este rechazo, la Mtra. Rosalba Flores Ramos, secretaria general del Sindicato Único de Personal Académico de esta Casa de Estudios, indicó -derivado de la 1era Jornada Sindical celebrada el pasado 20 de noviembre- la preocupación de los profesores universitarios por estos recortes a la Universidad, pues afecta todos los rubros que permiten a esta institución ofrecer una educación de calidad a costos accesibles.
“Nos afectan a todos: a los estudiantes en términos de acceso, monto y número de becas y variedad de programas académicos; a los profesores en términos de salarios, prestaciones, jubilaciones, plazas de tiempo completo y de tiempo libre y estímulos, entre otros aspectos; a los trabajadores en términos de salarios, prestaciones, jubilaciones y bases; así como a la infraestructura universitaria”, aseguró. Agregó que “para salir del subdesarrollo es necesaria la inversión en ciencia, tecnología y educación superior” y reiteró su apoyo a la Universidad en las acciones que emprenda en defensa del presupuesto.
Por su parte, el Lic. Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el estado, destacó la gestión realizada por el Rector de la UAQ con diputados locales y federales, así como con Gobierno del estado; sin embargo, subrayó que este recorte no fue exclusivo para la Máxima Casa de Estudios. Por lo cual, reiteró su apoyo hacia la Universidad.
En otros asuntos, el Dr. César Tarello Leal, docente de la Facultad de Derecho, informó ante el H. Consejo Universitario que el Juez V de Distrito desechó la demanda de amparo contra el aumento a las tarifas de transporte público promovido por esta Casa de Estudios, ésto –señaló- “porque considera que la Universidad no tiene ni representación de su comunidad, ni representación del Consejo Académico, y como la Universidad no se sube al transporte público porque es una persona moral entonces no tiene un interés jurídico para demandar”.
Recalcó que el ingreso de la demanda se hizo por interés legítimo, que el Juez consideró que tampoco lo tiene, “porque es una colectividad que no se ve afectada de ninguna manera”, declaró. Por lo que se agotó el recurso de queja, mismo que en este momento se encuentra en trámite en el expediente de quejas 122/2015 ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, el cual ha postergado el estudio del asunto.
Por lo que se ha presentado una solicitud que puede ser relevante porque implica que una universidad como ente público se le pueda reconocer en ciertos casos particulares -como éste- con la posibilidad de representar el interés legítimo dentro de las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo; “para que sea estudiado de fondo si las universidades públicas pueden instar un juicio de amparo o no, creemos que esto es trascendente porque son criterios nuevos”, señaló.
Como consecuencia, el Tribunal Colegiado tendrá qué sesionar en breve para efecto de decidir si consultarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de ser así, la queja podría ser resuelta por la SCJN.
También informó que en lo particular se presentaron 35 demandas de amparo firmadas por distintos ciudadanos y miembros de la comunidad universitaria, usuarios del transporte público en su mayoría. El Juez V de Distrito resolvió que en siete de los 35 juicios no va a dictar sentencia porque no se acreditó que haya materia para el amparo.
Durante la sesión se aprobó la creación del Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa -que ofertará la Facultad de Informática-; y de la Maestría en Emergencias y Desastres y del programa de Técnico Superior Universitario en Atención Médica Prehospitalaria –que abrirá la Facultad de Medicina-.
Asimismo, se aprobó la baja definitiva de la Maestría en Desarrollo, Cultura e Intervención Social, de la Facultad de Filosofía; además de la reestructuración de la Especialidad en Rehabilitación Bucal de la Facultad de Medicina.
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