Los temores y preocupaciones no se hicieron esperar ante la iniciativa de ley presentada por el titular del poder ejecutivo del estado, que pretende modificar condiciones legales de la burocracia queretana, normas que, estando vigentes son garantía constitucional. Dicen que más de cincuenta empleados del Poder Judicial, preparando solicitudes de jubilación.
Ha trascendido que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han solicitado audiencia al gobernador para hacerle las precisiones jurídicas del caso y la trascendencia, de no corregir los equívocos de la iniciativa. Estos empleados del Poder Judicial, como peritos en derecho, saben perfectamente que ante la justicia federal pueden revertir parte el contenido de la iniciativa –en caso de aprobarse como va- que lastimaría su esfera jurídica personal, al privárseles de varios derechos adquiridos desde hace poco más de 30 años.
La pretensión de los magistrados, dicen, es solo con el objeto de precisarle con puntual claridad al gobernador las posibles violaciones a los derechos humanos de los empleados de la burocracia, que entre los tres Poderes, 18 municipios y demás organismos estatales, suman aproximadamente 20 mil empleados. Eso es todo.
Dado que se trata de una iniciativa presentada por el ejecutivo, quien tiene la mayoría simple en la LVIII Legislatura, sin problema alguno pueden aprobar la iniciativa. Y seguramente se sumaría más de algún otro diputado.
De tal suerte que ante la incertidumbre que ha generado el contenido de la iniciativa de reformas laborales, muchos empleados que no deseaban jubilarse de momento a pesar de tener la antigüedad para ello, están prefiriendo iniciar sus trámites, por aquello de las “recochinas dudas”. Es mejor ahora que enfrentar el juicio de amparo.
O bien, muchos más empleados que han rebasado la mayor parte del tiempo en sus trabajos acumulando tiempo para alcanzar algún día la jubilación o pensión por vejez, con todo y los vaivenes que significan los cambios de gobierno, tendrán que empezar en su momento procesal el juicio de inconstitucionalidad por lesionar sus derechos humanos y de paso garantías individuales, tal es el supuesto de la retroactividad de la ley en su perjuicio, derecho consagrado en la Constitución federal, que establece el primer párrafo del artículo 14 como principio lo siguiente: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Y el segundo párrafo abunda al respecto.
Eso lo sabe perfectamente la Magistrada Celia Maya García, presidenta de la Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y seguramente está presta no solo para su defensa, también en apoyo de cuanto burócrata decidiera acudir a pedir justicia en la Sala que preside.
Vaya pues el revuelo que ha causado el contenido de la iniciativa de ley que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y Municipios, iniciativa que en el fondo busca terminar con privilegios y abusos cometidos en otros administraciones, en aras de favorecer a las y los amigos de altos funcionarios en turno. Sin embargo las buenas intenciones están al borde de la inconstitucionalidad. Es buena la pretensión de los magistrados de advertirle al gobernador los yerros jurídicos de que adolece la iniciativa, a fin de que sea corregida antes de su aprobación. Un claro ejemplo de lo que llegó a suceder en Pemex, fue precisamente lo mismo, ahí fueron cuidadosos para no lesionar derechos adquiridos, llegando incluso a la modificación del Contrato Colectivo en esa misma materia, pero solo se aplica a los de nuevo ingreso. Ejemplo que deben aplicar aquí los legisladores queretanos.
De tal suerte que, de corregirse esos equívocos, ambos cumplen bien con su cometido; el gobernador frenaría los abusos y los magistrados coadyuvarían a enderezar el yerro jurídico y evitar la eminente inconstitucionalidad de la Ley, en el supuesto de aprobarse tal cual fue presentada. Hablando se entiende la gente, dice un viejo refrán popular.
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