El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las modificaciones que Enrique Peña Nieto hizo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con 80 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones se aprobaron modificaciones a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 73 y 81 de la ley, eliminando la obligación de los particulares (Iniciativa Privada) de publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses al participar en algún concurso de adjudicación con la esfera pública.
La senadora Dolores Padierna criticó el veto presidencial y acusó que “bastó que un grupo de empresarios se manifestara para que el Ejecutivo doblara las manos y negociara” la Ley, conocida popularmente como 3de3 y que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
El senador Armando Ríos Piter también consideró desafortunado el veto y criticó que no se haya atendido la exigencia ciudadana de establecer la máxima publicidad en las declaraciones de los funcionarios públicos.
Al respecto, la senadora panista Marcela Torres Peimbert subrayó que el mensaje del Ejecutivo es que se escucharán las demandas de los empresarios pero no las de los ciudadanos.
Pese a las críticas, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, indicó que aún con el veto presidencial la iniciativa privada no quedará excluida en el tema del combate a la corrupción.
El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados.
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