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La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT), diputada Claudia Díaz Gayou, se pronunció en contra del Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025.

En su posicionamiento, dijo que el proyecto contempla que para 2025 que el estado reciba por concepto de ingresos propios y federales la cantidad de 57 mil 666 millones de pesos, cantidad muy inferior a la que recibirán, ya que, advirtió, en los anexos del mismo documento se informa que para el presente año 2024 ya estiman recibir 60 mil 693 millones de pesos, es decir, lo estimado para recibir en el 2025 es 3 mil millones de pesos menos que en el 2024.

Esto, precisó, “resulta altamente incongruente y fuera de la legalidad que implica la elaboración de una ley de ingresos. Este tipo de acciones le permiten al Poder Ejecutivo estimar ingresos bajos, para que en ese sentido, cuando los ingresos sean superiores, los excedentes de recaudación sean usados discrecionalmente sin autorización de la Legislatura, que para 2025 se estiman que sean por lo menos entre 3 mil y 4 mil millones de pesos”.

Asimismo, durante su intervención en el punto del Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025, también se manifestó en contra, ya que, a su consideración, el Presupuesto de Egresos no es solo un instrumento técnico, sino que es una declaración política, económica y social que refleja las prioridades y valores de quienes gobiernan.

“Desde el inicio de esta discusión hemos advertido que un análisis serio y responsable del presupuesto requiere información completa, veraz y en apego estricto a la legalidad. Desde el inicio, hemos identificado una grave falta de transparencia en el proceso de elaboración de este proyecto”, señaló.

Cuestionó, además, la ausencia de los anexos que establece claramente la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

“No solo es una falta administrativa, sino una violación al derecho de los legisladores y de la ciudadanía a conocer y analizar a profundidad la distribución de los recursos públicos. No podemos permitir que se apruebe un documento que, lejos de ser una herramienta de desarrollo, se convierta en un obstáculo para la gobernabilidad y la confianza ciudadana; advierto, no es legal”, enfatizó.

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