Cientos de niños migrantes, separados de sus familias al ser detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, se incorporarán a la lista de 10 mil que se encuentran bajo custodia del gobierno estadunidense, dio a conocer hoy la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.
El anuncio confirmó la negativa del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump para reunir a estos menores con sus padres, como le ordenó una jueza federal de California, debido a que los antecedentes penales de algunos progenitores los inhabilitan para ello, de acuerdo con Nielsen.
“No vamos a colocar a los niños en las manos de aquellos que han sido convictos, en algunos casos por secuestro, abuso de menores, contrabando, tráfico”, dijo Nielsen durante una entrevista con la cadena televisora FOX News.
Señaló que en otros casos la razón por la que algunos de estos menores no han sido reunidos se debe a que el gobierno no tiene manera de probar que el adulto que lo acompañaba cuando fue separado, era familiar o un guardián.
La funcionaria estadunidense explicó que el DHS trabaja con consulados de varios países para obtener información, aunque dio a conocer que el gobierno ha decidido ya asumir la custodia de manera temporal.
Recordó que actualmente están bajo la custodia del Departamento de Salud (HHS) 10 mil menores de edad que llegaron al país sin sus padres, a partir de la más reciente ola migratoria proveniente de Centroamérica iniciada en el año 2014.
Aunque la custodia legal la mantiene el gobierno, algunos de estos menores han sido enviados a vivir con familiares en Estados Unidos o guardianes designados por sus familiares en sus países de origen.
Explicó que los menores separados que no han sido reunidos con sus padres “serán parte de la población de niños no acompañados, que el HHS cuida bien, trabajando con patrocinadores”.
Poco antes, una jueza federal de Los Ángeles ordenó este martes a la administración Trump cambios inmediatos en el trato que reciben algunos de estos menores, en medio de denuncias de que algunos han sido medicados de manera ilegal en albergues donde son retenidos, a fin de controlarlos.
La Jueza del Tribunal Federal de Distrito en aquella ciudad determinó que el gobierno violó los términos de un acuerdo alcanzado en 1997, que establece el trato que deberán recibir estos niños en el sistema administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
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