El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que para atender los efectos en la población dañada por el derrame tóxico en el Río Sonora, provocado por el Grupo México, se desarrollará un plan de seguimiento a 15 años.
El diagnóstico de la Secretaría de Salud respecto al Grupo México y su responsabilidad con los habitantes afectados por el derrame de metales pesados en el afluente, es que no se cumplió con el compromiso de dotar de las condiciones médicas y hospitalarias necesarias, explicó.
Por ello, añadió Alcoder, se propuso un nuevo plan que contará con el seguimiento de los tres niveles de gobierno.
“Será un plan de desarrollo a 15 años; el marco legal está basado en cuatro ejes, legal, multiparticipativo, con programas anuales y políticas de participación amplia y evaluación de metas y resultados”, detalló el secretario de Salud en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que hubo una reunión el pasado 18 de diciembre, en la que participaron autoridades, ciudadanos, académicos y representantes de la empresa.
“En la reunión aparecieron los afectados por este derrame tóxico”, dijo al mencionar que todos quisieron expresar su opinión y se plantearon exigencias. Con base en ello se planteó el plan de seguimiento, expuso Alcocer.
El derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 empeoró las condiciones de deterioro ambiental que se registra en esa zona; también hay 382 personas afectadas, y existen mil expedientes relacionados con esta problemática.
“El problema se agudizó con el accidente, desde mucho antes hay contaminación de agua, tierra y aire por la actividad minera. No se ha hecho nada por la salud de las personas y los animales”, criticó el secretario.
Las exigencias de los habitantes incluyen que se dé servicio de salud, con el fortalecimiento de los hospitales, ya que el más cercano se localiza a 40 minutos en la capital del estado de Sonora; que haya personal suficiente y especializado, además de equipamiento moderno; y que se mejore el abasto en medicamentos.
“Además, pidieron seguridad en todo el estado y que el fideicomiso para resarcir el medio ambiente sea regulado por el gobierno federal”, señaló el secretario.
Criticó que el Fideicomiso creado por la empresa en 2014 no se ha cumplido como fue el acuerdo inicial.
Alcocer dijo que se requieren siete millones de pesos para dotar de todo el personal médico y enfermeras que atiendan a la población afectada, entre los que se encuentran incluso siquiatras porque la salud mental de los habitantes también resultó dañada.
“Otro compromiso de la compañía minera era la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ambiental que sería financiada por el fideicomiso de la empresa ha sido letra muerta desde 2014.
Alcocer señaló que además se planteó que debe haber un manejo de las aguas residuales y de las lagunas de oxidación, para ello se contará con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se promoverá un programa hidroagrícola en el estado de Sonora.
“Hay evidencias de que sigue la contaminación del agua”, señaló el funcionario federal, quien denunció además que el hospital rural comunitario y el inmueble construido por el Grupo México para que funcionara como una unidad de salud no reúnen las condiciones necesarias para servir en este propósito.
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