Una deuda pública que no se contabiliza como tal, son las liquidaciones a favor de trabajadores que prestan sus servicios en los municipios, cuando son despedidos más por razones políticas que por incumplimientos de los trabajadores; deuda que, según el titular del Tribunal de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado y Municipios, asciende a los 60 millones de pesos aproximadamente.
Con conocimiento de causa, hemos constatado que una gran mayoría de los empleados que son “corridos”, son despedidos sin causa justificada, de ahí el endeudamiento irresponsable de algunas administraciones municipales y que llegan arrastrar a los Poderes del Estado, excepción del Poder Judicial en donde se muestra mayor estabilidad laboral en busca de la especialización judicial y por tanto ajena a situaciones políticas.
Este problema político que se traduce en asuntos laborales por despidos injustificados, afecta directamente a las finanzas públicas. Y no vaya usted a pensar que aquellos municipios que no “arrastraran” deudas en materia de liquidaciones no viven la misma problemática política; no es así, el beneficio de estas instancias gubernamentales es que cuentan con mucho mayor presupuesto para atender legalmente los pagos de liquidaciones por despidos de carácter político y no de naturaleza meramente laboral; vamos hay liquidez económica y financiera para estos pagos, algunos de los cuales bajo convenio son cubiertas las parcialidades de los finiquitos.
Y no necesariamente se da este fenómeno cada 3 o seis años con mayor intensidad, según la instancia de que se trate, sea esta municipal o estatal. Sin embargo en los cambios de administración es cuando más se eroga por concepto de liquidaciones, unos por término de labores de la administración, otros más porque son despedidos de inmediato al cambio de gobierno a pesar de que no existan fondos para sufragar los costos de los finiquitos o las liquidaciones de los trabajadores.
Hace no muchos años los empleados no recibían las jugosas liquidaciones de fin de administración, simplemente se firmaba la renuncia y hasta ahí llegaba el compromiso político. Pero desde que los empleados de primer nivel empezaron a gozar de todos los beneficios de los burócratas sindicalizados, la cosa cambió, ahora gozan de un sinfín de prestaciones laborales derivadas del contrato colectivo de los trabajadores al servicio del Estado o bien de los municipios.
Ahora incluso “mañosamente”, algunos jefes se pasan de vivos, sugiriendo a “sus empleados” que se sindicalicen para que no los despidan, cuando estos al ingresar ofrecieron que al irse ellos, “su gente” se iría con ellos. Pero no, ahora además de que tienen plaza o se les creó la plaza ex profeso, se le dio la instrucción de sindicalizarse para tener el respaldo sindical en caso de despido injustificado, sin importar incluso que la plaza se de confianza.
Y conste que en materia laboral nunca se había visto en ninguna administración anterior en que se violaran derechos del personal de confianza, cuando al inicio de cada año hay un incremento salarial que busca igualar, al menos, el índice de inflación del año anterior. En el Poder Legislativo se dio este fenómeno, pero por cuestiones políticas precisamente no trascendió, ya que hubo la amenaza de despedir a todo aquel que se inconformara con el abuso cometido en agravio de empleados. Y ni con estos ahorros derivados de los abusos a los trabajadores, se logra poner orden en esta materia.
Recientemente se probó una nueva legislación de profesionalización para lograr estabilidad, continuidad y profesionalismo en la prestación del servicio público; pero en el fondo se dio para proteger al grupo de empleados que ingresó en este periodo, pretendiendo no sean removidos de sus plazas al cambio de administración. Lo que sin lugar a dudas no prosperará y muchos de ellos se quedarán sin empleo, sobre todo si son sujetos a un examen de valoración ahora tan de moda con los maestros inconformes. De tal suerte que deberá haber recursos suficientes para liquidaciones, de lo contrario la deuda se incrementará de acuerdo a lo expresado por Salvador Rojas Paredes, Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
En el fondo el problema de la deuda de los 60 millones de pesos, es de carácter político pero con afectación irresponsable a las finanzas públicas. Y todo porque, quien injustificadamente despide no tienen responsabilidad directa, la responsabilidad recae en el presupuesto público. En este marco legal, debiera legislarse sobre el vacío y hacer corresponsable de los despidos injustificados a los que realizan esta acción negativa.
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