Creo que ningún queretano de buenas costumbres que haya gozado durante al menos dos décadas de una ciudad limpia y con cierto nivel de vida —que se ha conservado a pesar de la polución propia de la densidad poblacional— puede congratularse y estar de acuerdo con la proliferación del comercio informal, al que, romantizándolo los ya muy conocidos activistas de sillón y una que otra señora sin qué hacer, llaman ambulante o hasta artesanos.

Le explico. Estos grupúsculos de reventadores no tienen nada de ambulantes y sí mucho de traficantes del espacio público, mismos que, anteponiendo un “presunto indigenismo” y bajo las órdenes de líderes rancios ataviados de prendas roídas por el sol cuya mayor virtud es recitar a Marx de memoria —porque es lo único que han leído en su pacheca vida académica—, montan una tragicomedia lumpen cuando los inspectores del municipio de Querétaro pretenden moverlos de las calles, derivado de la ilegalidad con la que ejercen el comercio.

Créame, hablo de montaje porque, en efecto, es una situación teatralizada que sigue el mismo guion puesto por Sergio Jerónimo Sánchez (haga memoria o acuda a la memoria videográfica). Invariablemente, ante la intervención de la autoridad, siempre hay señoras y niños madreados que nadie ve que madreen, siempre son los mismos gritos, las mismas maniobras de jaloneo, las mismas tramoyas y las mismas injurias en contra de los inspectores.

Pero si lo anterior se le hace poco para determinar que todo es un acto de carpa de arrabal, siempre hay algo más; en este caso, el zafio apero que suele poner el ”chulo de barrio” que detenta el cargo de regidor, de cuyo nombre no pretendo acordarme, que ante la falta de agenda propia se agencia cualquiera que en su medianía le represente golpetear a la administración de la que forma parte, aunque en la mayoría de los casos vaya en contra de las leyes que el primero de octubre de 2024 juró cumplir y hacer cumplir, como si se tratase de una macabra paradoja planteada por un director en psicodelia.

Mi intención, amable lector, no es lavarle la cara a nadie, porque nadie necesita limpieza; pero sí quiero retirar los tintes rosas de un acto de autoridad que, en pleno ejercicio de las funciones que le fueron conferidas en las urnas, está poniendo orden.

“Al que no le guste, pues que se vaya, así de fácil”.

Taurinas aclaraciones

Siguiendo con el tema del municipio de Querétaro, bien vale la pena escribir sobre la cancelación del festejo inaugural —y seguramente único— de la Plaza de Toros El Salitre, el cual ha dado mucho de qué hablar y se ha prestado a la especulación de más de algún incauto que pretende saber más de amparo que el propio Ignacio Burgoa Orihuela —que en gloria esté— quizá alentado por el festejo socarrón y fútil de una enana pero muy ruidosa asociación que se constituyó hace poco más de diez años ante la fe del notario público número 2 del estado, Francisco Pérez Rojas.

Pues bien, le cuento. Resulta que el mentado amparo —por cierto, lleno de bosta y carente de sustancia (65 hojas de pura subjetividad y enfermizo amor animal)— en ningún momento logró la pretendida suspensión de la corrida, pues del incidente respectivo únicamente se desprende lo que en el argot se conoce como una suspensión para efectos con instrucción.

¿Y qué carajas madres es eso?, me dirá. Sencillo, el juez federal —que dicho sea de paso, él y los tribunales federales son los únicos capaces de conocer un juicio de amparo— ordenó a la autoridad municipal verificar dos puntos específicos: el primero, que se cumpliera con la normatividad contemplada en el reglamento de espectáculos, lo cual es evidente que se cumplió, y por ello, se selló boletaje y se permitió su realización; y el segundo, que se cumpliera con el reglamento taurino. Justo aquí es donde todo valió madre, porque resulta que el empresario de moda, Diego Niembro Ugalde, no verificó que su espacio cumpliera con los requerimientos para llevar a cabo el festejo.

Sé que me dirá: ¿entonces por qué no clausuraron antes de iniciar? Le explico. Resulta que de acuerdo al reglamento taurino del municipio de Querétaro —y prácticamente al de cualquier parte del mundo donde se practique la tauromaquia—, la máxima autoridad en dentro de la plaza y por ende encargado de que se cumpla la normatividad es el juez de plaza, en este caso don Manuel Naredo, quien justamente al percatarse de que el espacio —suscribo, el espacio— denominado Plaza de Toros El Salitre no cumple, ni cumplirá, a menos de que sufra una dramática remodelación con los requerimientos contenidos en el famoso reglamento, fue quien decidió cancelar antes de iniciar el paseíllo y por ello se retiró.

Y como diría el extinto mimo de México, ¡ahí está el detalle!, pues no pueden aplicarse las reglas de una corrida cuando esta nunca existió; pero lo que sí aplica es la devolución del billete derivado de que no se cumplió con el “espectáculo”, a pesar de que el matancero José Guadalupe Adame Montoya, alias “Joselito Adame”, haya matado al primer toro de la tarde, demostrando una vez más y como siempre que es un torero chiquito, enano, crecido por la villameloniza y carente de toda “ética”, pues un profesional jamás hubiera salido a hacer faena luego de los hechos y motivos que ponían en riesgo incluso a las cuadrillas.

Así que no se confunda ni se deje confundir, la suspensión no fue por una orden judicial —como pretenden hacer creer el señor Niembro y la asociación de juguete—, y lo único que podemos esperar es que Felifer Macías le imponga una sanción ejemplar al empresario, al ganadero y a la pseudofigura del toreo.

Pero no solo ello, le invito a que hagamos votos para que el gobernador Mauricio Kuri reflexione sus confianzas, ya que aparte de que la posición de Niembro es contradictoria per se, es evidente que como empresario deja mucho que desear, y en una de esas, llegan a clausurar Wameru porque el zoquete no conoce la normatividad en materia de zoológicos.

“Chocolate que no espesa, claro está”.

El nuevo chorizo de Santi el Sucio

No cabe duda de que cada quien agarra “sus clientes”, y Santi agarra puro pendejo, pues ahora resulta que una oficina de corresponsalía plantada bajo una plaza del Instituto de Metrología es una representación federal. ¡Hágame el chingado favor!

Pero como dicen, “no tiene la culpa el indio”, y el que incautos e ilusos vean una recaudadora de valija como representación también es culpa de quienes, en un acto de cortesía política, contribuyeron a la ficción del personaje.

Y no lo digo yo, para que no empiecen. Tómense el tiempo de teclear el nombre completo de la supuesta “representante” en la Plataforma Nacional de Transparencia y verán que lo único que hizo el “zar de la nómina” fue reasignar una plaza a un cargo inexistente.

“Marrano viejo hasta el agua empuerca”.

Lenguas viperinas

Cuentan que quien le organizó el evento a Santiago Nieto Castillo fue gobierno del estado, todo para que no quedara mal Adriana Vega. ¿Será?

“Cuando el río suena”.

Como siempre, la mejor opinión es la de usted. Y recuerde, no me crea a mí, créale a sus ojos.

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