De manera sigilosa, el cobro del servicio del agua ha aumentado, y el asunto del reemplacamiento, un tema recurrente en estos días que nos hace perder la perspectiva de lo realmente importante y urgente; con ello no quiero decir que lo del reemplacamiento no impacte a la población, pero no define el futuro de Querétaro, como sí lo define el agua.

En los próximos meses se viene un asunto realmente preocupante, tanto para el gobierno federal, estatal y más para los ciudadanos, todos, de todas las condiciones sociales, económicas y políticas: es la crisis del agua, o mejor dicho, de la escasez del agua, que por mucho rebasa el provocativo tema de las placas, que son cosa pequeña ante el asunto hídrico.

En la entidad, debido al estrés hídrico –qué rebuscado suena en lugar de decir sequías– que ha experimentado Querétaro en años recientes, el 2022 será un año para enfrentar la alta demanda del vital líquido que sigue creciendo por el aumento de población, aunque existen alternativas para ello, aseguró el Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental.

Es obvio que el gobierno de Querétaro debe plantearse un cambio de estrategia para garantizar la oferta del líquido antes que atender la demanda de este, lo que representaría racionar el agua disponible y usarla de manera periódica y constante, como sucedió el año pasado a consecuencia de las torrenciales lluvias.

Aquí entra el tema del Acueducto III, proyecto para abastecer de agua a la zona metropolitana de Querétaro que ya se presentó ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que contaría con capacidad para surtir los próximos 50 a 100 años, así se establece en el documento.

La propuesta del Acueducto III dice que se podría tener la capacidad de 3 milímetros cúbicos para trasladar el líquido, para el cual se requiere una inversión de 6 a 10 mil millones de pesos.

Así, la CEA informó a inicios del presente año que la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Acueducto III tiene una duración de seis a siete meses; así lo estimó el vocal ejecutivo, Luis Alberto Vega Ricoy, por lo que es posible que dicho documento, cuyo costo es de 100 millones de pesos, aproximadamente, esté listo en julio próximo.

100 millones para la elaboración de un proyecto, es lo que se va a invertir, sirva o no el proyecto, que particularmente, creo, ya está elaborado.

El funcionario estatal señaló que aún están a la espera de algunas autorizaciones, pero “firmes y adelante”. Mencionó que el organismo administrador del líquido se encuentra en la elaboración del presupuesto, y recordó que solo la ejecución de la obra del Acueducto III podría representar una inversión de 6 mil a 10 mil millones de pesos.

El agua para el Acueducto III sería extraída de la presa Zimapán, adelantó el año pasado Raúl José Medina Díaz, director local de la Conagua en Querétaro, quien dijo que es la propuesta inicial de la CEA. Medina Díaz detalló que deberán solicitar una concesión para poder extraer el agua, por lo que se trabajará en coordinación con la CFE y Conagua.

Y con ello viene el tema de quiénes se benefician con este tipo de proyectos: los desarrolladores inmobiliarios, que tienen en su poder la especulación del vital líquido, control obtenido por medio de la corrupción que hay en torno a la propiedad, sí, propiedad del agua.

Es de todos conocido que en Querétaro no existe una ley estatal que regule el suministro del agua, y obvio, ello ha sido provocado por los desarrolladores inmobiliarios, en complicidad con alcaldes, diputados locales y funcionarios estatales.

Es un asunto de muchos años que ha dado como resultado la proliferación de los Opsa –organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento– que surgen en un marco de ilegalidad en donde en términos jurídicos y reales los usuarios quedan en el limbo, pues nadie mete las manos por ellos porque “es una cuestión entre particulares”.

La privatización del servicio de agua potable es más palpable en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río, y todo indica que ahora sigue Huimilpan. En estos municipios, desarrolladores inmobiliarios han constituido en años recientes unos 40 o más Opsas, la gran figura mediante la cual comercializan el líquido propiedad de la nación –ni siquiera del gobierno estatal– con o sin concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero con la complicidad municipal, que es la instancia de gobierno que debe de administrar el agua, por ley.

La apropiación del agua por particulares se da con la complacencia y vinculación de políticos y funcionarios que mediante argucias legales les conceden la distribución, a cambio de terrenos o financiamiento de campañas electorales.

Además, los Opsas fueron constituidos en forma irregular porque no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales y se desconoce la cuenca de donde lo obtienen.

Los únicos beneficiados de la privatización del servicio son los desarrolladores inmobiliarios, porque aparte del cobro del agua, obtienen condonaciones en el pago de impuestos y autorizaciones de construcción sin cumplir todos los requisitos, lo que deja a los usuarios en el limbo porque las autoridades los deslindan de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal por el servicio de distribución del líquido. Como ejemplo está El Marqués, donde hay muchos condominios en resistencia contra la privatización del agua.

Así, en el Repda –Registro Público de Derechos de Agua– se detectó que los Opsas surgieron entre 1995 y 2020 y en 26 años la Conagua ha otorgado 7 mil 817 concesiones de distinto tipo en Querétaro.

Ahora nos van a crear una “crisis” hídrica; y ellos, los desarrolladores, con recursos del estado, nos “solucionarán” la misma y “administrarán” el agua que llagará –como la que ya llega– por vía de la infraestructura creada por el estado, como el acueducto I, II y III, si de ejecuta este último.

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