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El Canto de los Grillos MX
Inicio » Presentan informe sobre masacre de Zetas en Coahuila

Presentan informe sobre masacre de Zetas en Coahuila

9 octubre, 2016No hay comentarios6 Minutos de lectura
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El Colegio de México presentó el informe “En el Desamparo” que llevó a cabo el trato y reparaciones proporcionados por el Estado mexicano a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y de la desaparición y de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila.

En Allende, la venganza fue una de las más atroces que hayan cometido Los Zetas. En marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza.

No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.

La investigación, dirigida por Sergio Aguayo, del Colegio de México, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como ejemplos de violencia extrema y desatención a las víctimas.

Ambos crímenes fueron cometidos por Los Zetas, en zonas estratégicas para el control de las rutas hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde imperan el miedo y el silencio impuestos por la violencia.

Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de “barbarie” por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes —”que eran en el mejor de los casos figuras decorativas”—, la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la “pasividad” de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.

Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, única vía para llegar a la justicia y dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea “En el desamparo”, que es como se quedaron los afectados.

El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes —”cosa rara” apunta el informe— y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del estado mexicano “osciló entre la indiferencia y la opacidad”.

En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.

El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23 mil habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por el Z40 y Z42, líderes de Los Zetas ahora detenidos contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre 5 y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la DEA.

La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, señala el informe.

Los Zetas llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles.
Para 2010, Los Zetas tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.

Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de “checar todos los domicilios de la familia Garza (apellido de uno de los traidores) porque los iban a levantar para matarlos”. La policía tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y “levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a Los Zetas”.

Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe, a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos 6 mil 300 pesos.

A cambio, debían ignorar cualquier denuncia y avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que los Zetas entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y levantar a quien indicaran los criminales.

La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente “a dos ranchos donde se concentraba a los condenados”.

Los Zetas incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.

“Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos, quedaba pura mantequilla”. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que “no se viera nada”, dice la confesión de un sicario. (Leer completo)

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