Lo advertimos con toda anticipación, las elecciones del 7 de junio próximo pueden ganarse o perderse en los tribunales jurisdiccionales. Todo impugnan los representantes de los partidos políticos, tengan a no tengan razón; han ganado y perdido juicios importantes y sin trascendencia, como el de paridad de género o las sanciones impuestas al PAN y a Francisco Domínguez.
Los nervios, la ignorancia o conductas dolosas traicionan a los actores políticos. Luego vienen las quejas y/o denuncias, que deben estar bien sustentadas para concederles o negarles la razón a los quejosos ¡Y aun no empiezan las campañas! Aderezado todo esto con las disputas internas entre militantes por la irregular repartición de candidaturas -en algunos casos- que han llegado también a impugnaciones internas, como el caso evidente de María García.
Ahora se acumula una diferencia “extraordinaria”, la presunta venta o subasta de candidaturas, seguramente para allegarse recursos económicos para las campañas. O el involucramiento de autoridades en el anticipado “arropamiento” de candidatos, como lo fue con el Presidente Municipal de Corregidora, quien brindó apoyo con recursos públicos a su candidato a la gubernatura, lo que de suyo -de probarse- constituye un delito.
Hace algunos días comentamos en esta Columna, en la que apreciamos con meridiana claridad actos anticipados de campaña de Francisco Domínguez, quienes sin rubor su equipo promovía y realizaban actos multitudinarios por todo el Estado, en los cuales el objetivo primordial era seguir promoviendo al precandidato –entonces- del PAN a la gubernatura; afianzar la imagen y generosidad de este partido al obsequiar diversos objetos.
Criticamos la ausencia de la autoridad electoral para contener estos eventos. Tuvo que denunciar y probar el PRI estas acciones que se tradujeron en actos anticipados de campaña; actos que son sancionados por la ley y avalados por criterios judiciales. La advertencia está dictada, fueron benevolentes las autoridades, ya que solo quedó en multas y la advertencia, por supuesto, que la reiteración puede ocasionar la cancelación del registro de aspirantes. También advertimos que se puede llegar a la anulación de un triunfo electoral.
Ahora denuncia el PAN al PRI por las mismas razones. De probar la acusación vendría el mismo efecto: sanción. En todos los partidos políticos hay expertos en materia electoral, por lo cual no creo que actúen por ignorancia, más bien son perversos esperando que no suceda nada y de darse el supuesto, están las instancias judiciales.
El gobernador ha sido claro y ha reiterado que todos los actores políticos deben subordinarse al marco legal. El exhorto me parece más que prudente, muy a tiempo. Querétaro no merece un proceso electoral lleno de trampas, mucho menos que las elecciones se ganen en los tribunales. ¡La decisión está en el electorado!
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