En la ceremonia de conmemoración del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fuera promulgada por Venustiano Carranza, el 5 de febrero de 1917, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de no poder crear una nueva Constitución, porque las condiciones no se lo permiten, las circunstancias no le son favorables a pesar de tener mayoría en ambas Cámaras legislativas. Todos pasaron por alto la profundidad de la queja del Presidente, quien en un par de meses se ha acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, sin analizar el por qué no puede López Obrador, crear una nueva Constitución a modo que le faculte ampliar sus poderes y tal vez, pretender perpetuarse en el poder público. Desganado, como es su costumbre, dijo conformarse con promover más y más reformas, como las que vienen en camino, reprochando, sin embargo, que la Constitución ha sido “parchada” entre 700 o 900 veces, no supo la cantidad.
La República Mexicana, desde que adquirió su independencia, ha tenido tres constituciones, López Obrador se quedará con las ganas de la cuarta Constitución; iniciamos la vida independiente con la de 1824, propiamente emanada de la Constitución de Cádiz, luego la de 1857 y la vigente de 1917, que abrogó la anterior, a pesar de la prohibición contenía en su artículo 128, cuyo origen se debió al movimiento armado de 1910, sin dejar de observar otros episodios por levantamientos violentos en el curso de nuestra historia independiente. Seguramente pasó por la mente de algún presidente de la República, el pretender generar una nueva Constitución, pero el artículo 136 se los impide; excepción hecha de que pueda ser reformado y crear, constitucionalmente, el método legislativo para dar vida a una nueva Constitución. Nadie se ha atrevido y hoy en día López Obrador, no tiene el número de subordinados suficientes para intentarlo por eso su afirmación: “las circunstancias actuales no lo permiten”. No solo requeriría de cumplir las formalidades de una reforma, como hasta la fecha se han realizado por todos los gobiernos y legislaturas que los acompañan.
Se han dado casos de abusos como los de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien promovió la reforma para “correr” a todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando sin representación a uno de los Poderes Públicos; entonces acomodó a sus incondicionales, por cierto, una de ellas fue Olga Sánchez Cordero, quien ingresó después del albazo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde entonces se empoderó la hoy Secretaria de Gobernación. Los legisladores y presidentes de la República, no se cansan de meterle mano a la Constitución, convirtiéndola en un enorme reglamento; todos quieren “parcharla”, dijera López Obrador y tanto él como sus legisladores ya empezaron un nuevo proceso de “parchamiento”. Es tanta la desconfianza entre los mismos legisladores y presidentes en turno, que toda iniciativa de creación o reforma la llevan a la Constitución, como su ello fuese la mágica fórmula para que cumplan las disposiciones legales de mayor envergadura, cuando ellos son los principales violadores de la Carta Magna ¿Recuerdan que en la legislatura federal pasada los Ministros de la SCJN obligaron a diputados y senadores, por omisión legislativa, a legislar? No hubo consecuencia alguna, aquellos no cumplieron con la sentencia, se fueron y ni un solo legislador fue sancionado. Así de flexible la hacen cuando no quieren cumplirla, por eso muchas de las reformas son insulsas.
Los legisladores han incorporado nuevos conceptos para estar a la vanguardia, como en el Título Primero Capítulo I, De los Derechos Humanos y lo que antiguamente se enseñaba como garantías individuales pasaron a un segundo término ¿Qué pasó después de esa reforma? Nada, siguen las violaciones a los derechos humanos y cada vez se acentúan más. Derogaron todo lo relativo a la Comisión Federal Electoral, para crear el Instituto Federal Electoral, órgano encargado de conducir los procesos electorales desde entonces, sacando las manos de ellos las autoridades; esto se dio como consecuencia de la elección de Carlos Salinas de Gortari, gobierno encargado de promover la reforma; luego vino el cambio de denominación para pasar a ser Instituto Nacional Electoral, con autonomía constitucional en lo procesal, no así en lo económico, sigue dependiendo de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, su presupuesto y de los legisladores, por supuesto. Posteriormente vino otra reforma en la misma materia, ampliando las atribuciones del INE, para absorber funciones electorales de los estados de la República; la misma desconfianza llegó al extremo de lastimar la soberanía de los estados, al quitarles las atribuciones de nombrar magistrados electorales y consejeros de sus estados, dejando la función en manos de diputados federales y senadores. El Poder Federal, pretendiendo arrebatar la soberanía de los estados, aun en contra de la misma Constitución; los políticos de todos los partidos, coludidos para manejar el poder a su antojo, eso es lo que hoy pretende el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y se queja de no poder hacerlo por impedimento constitucional. El grotesco asunto en esta materia será la elección en el Estado de Puebla, no serán los poblanos los que conduzcan el proceso electoral, será el INE, por voluntad de Morena, quien se responsabilice de las elecciones y sus resultados, socavando la soberanía del pueblo.
¿Qué tendría que hacer López Obrador para crear una nueva Constitución a modo, si no hay revuelta popular como sí las hubo en las anteriores ocasiones? Algo se le ocurrirá. La misma Constitución establece que el poder público dimana del pueblo y este es quien establece la forma de su gobierno. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo… El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. De tal suerte que el populista basa sus decisiones en el pueblo (supuestamente) y a este lo culpa de ellas, como fue en el caso del NAIM de Texcoco. O la espera de la consulta popular para que el pueblo decida si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de México. Él no quiere tomar la decisión (el Presidente), que sea el pueblo el que decida. Pero no todo queda ahí. Faltaría más. Para generar un Poder Constituyente, que cree una nueva Constitución, necesita de la aprobación de los legisladores que sean electos para tal efecto en cada uno de los estados, procedimiento que no está contemplado, no lo prescribe la Constitución, este es otro problema que enfrenta el nuevo gobierno. Por eso Andrés Manuel se ha manifestado con mucha frustración, diciendo que seguirá con los procesos de reformas a la Constitución, dado que las condiciones no son las propicias en este momento.
Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado con ello. Si en las elecciones intermedias llegase a ganar Morena la mayoría de los gobiernos de los estados y repite en la Cámara de Diputados, el peligro de crear una nueva Constitución sería inminente. De ahí que López Obrador, continúe en su campaña política permanente; no es casual ni circunstancial que el mismo Presidente de la República entregue las dádivas a los necesitados, él las proporciona personalmente, las becas él las da, los apoyos económicos él los otorga; ahora las facilidades a los deudores del Infonavit, será nuevo apoyo a los más necesitados.
A los profesores de la CNTE no quiso enfrentarlos, son sus aliados, prefirió otorgarles 1200 millones de pesos para quitar el bloqueo de las vías del tren en Michoacán, aunque no mucho caso le hicieron todos los pillos de esa organización delincuencial. Todos esos millones de mexicanos que alimenta de la mano, es el pueblo que él necesita para justificar, llegado el caso, el cambio de “régimen” que tanto ha pregonado, consecuencia de todo ello, el cambio de Constitución.
Como van las cosas, López Obrador parece locomotora sin control que va a toda velocidad arrollando todo a su paso, más corre el riesgo permanente de descarrilarse si aumenta la velocidad y no hace las paradas necesarias, entonces podría destruir todo, entre ellas sus esquizofrénicas ambiciones mesiánicas, pretensiones que quedarían destrozadas en el sinuoso camino que recorre. Ahí están los 128 muertos de Tlahuelilpan, fue su culpa por no actuar; fue omiso y eso cuesta, aunque parece no importarle nada cuando se trata de alcanzar sus objetivos, ayudará a los familiares de los occisos, el presupuesto público aguanta todo.
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