Lo advertimos hace algunas semanas que se vendría una cascada de amparos y juicio de inconstitucionalidad en contra de la nueva ley que pone un tope a los salarios de los servidores públicos, ley que, por cierto, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación, con varios errores jurídicos garrafales, como mencionar al DF o los salarios mínimos, disposiciones legales que ya no existen en la Constitución; una de ellas fue cambiada de nombre por la Ciudad de México y la otra medida de salarios mínimos como medida para la imposición de sanciones en materia penal se modificó a UMAS.
Por cierto, la ley fue publicada por los presidentes de las mesas directivas del Senado y Cámara de Diputados, estos no permitieron que el Titular del Ejecutivo lo hiciera, entonces Enrique Peña, por temor a ser objetada con observaciones y regresarla a las cámaras para hacer las correcciones. Hubiera sido “vetada” para que se corrigiera. Hasta ahora los legisladores no se han molestado en enviar ni la “fe de erratas” para hacer la corrección o la iniciativa que reforme esas pifias, dado que son de fondo y no una simple errata, puesto que la iniciativa así iba cuando fue dictaminada por otra legislatura y el Dictamen así lo consignó, de tal suerte que no debiera ser “fe de erratas; pero, de los actuales legisladores todo se puede esperar.
No solo personal adscrito al Poder Judicial ha interpuesto los juicios en contra de la ley de referencia, cientos de empleados adscritos a otros Poderes y organismos autónomos, también han hecho lo propio. Lo advertimos en razón a los amparos que han empezado a ganar burócratas queretanos que vieron vulnerados sus derechos por la aplicación de nuevas normas en materia laboral que vulneran derechos adquiridos de muchos años, vía legal y contractual; están aplicando la retroactividad en perjuicio de muchos de aquellos que han promovido jubilaciones o pensiones acorde con las normas vigentes en el momento en que fueron contratados, sumado a la violación del derecho contractual que protege la misma Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo denominado como derecho extralegal, esto es, que si bien no está en la ley, es reconocido como ley por las pates, que son el patrón (gobierno) y sindicato. Ambas disposiciones legales no fueron respetadas por los diputados de la pasada Legislatura. Las primeras sentencias en estos juicios advierten la seguridad de ganar las contiendas judiciales en contra de ambas Cámaras legislativas y del Poder ejecutivo, que rubricó, promulgó y publicó en el Periódico Oficial de la Federación, para que entrara en vigor. Varias de las disposiciones de esta nueva norma son eminentemente inconstitucionales y vulneran derechos adquiridos.
Una vez más, el protagonismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hace evidente que, para él pesan más los actos políticos que las normas jurídicas, cuando jamás debe estar ningún acto de autoridad en contra del estado de derecho. A eso se comprometió el Presidente de la República cuando tomó protesta de cargo, protestando cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.
Pero voluntarioso el señor presidente, ahora amenaza a todos los que han impugnado la ley que establece tope salarial, nadie puede ganar más que él, y en conferencia de prensa abiertamente les dijo que estaban las puertas muy anchas para que se fueran todos aquellos que no estuvieran a gusto en su trabajo. Esa es agresión psicológica laboral y se castiga; seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hará nada, prefiere estar defendiendo a delincuentes que a trabajadores y eso de confrontarse con el Presidente de la República, parece no le sería de mucha utilidad, el titular de ese órgano autónomo nada ha dicho de la ley inconstitucional, distinto fue su protaginismo con la Ley de Seguridad Interior. Incluso estos servidores públicos juegan a la política, prefieren su estabilidad laboral a tener de enemigo a López Obrador.
Política social diferenciada del Presidente de la República; quiere que la clase trabajadora que gana bien, reduzca sus percepciones, lo que de suyo inhibe la profesionalización del trabajo burocrático ¿Acaso no ofreció como una de sus banderas que promovería la mejora de los salarios en México? Sin embargo, ya como Presidente, en la práctica no lo hace, por el contrario, ha pretendido bajar los salarios de muchos empleados de la burocracia. Tibiamente dice que promoverá el incremento al doble de los salarios mínimos, hasta ahí llega su compromiso ¿Acaso no es justo pretender mejorar las percepciones salariales? Eso no le satisface a López Obrador. Si su política pública es la baja de los salarios, que sea la reducción de los salarios para los que se contraten a partir de su llegada en los niveles altos, para no violentar normas laborales y contractuales que imponen la obligación que reza: a trabajo igual, salario igual. La medida de reducción que se la imponga a sus secretarios, subsecretarios, coordinadores generales y directores, como el salario que gana el expanista y ex líder de su partido Germán Martínez, ahora director de IMSS. A estos sí. Pero no a todos aquellos burócratas que seguramente tienen muchos años laborando y por su capacidad, preparación y esfuerzo ganan más que el mismo Presidente de la República; esa excepción se prevé en la misma Constitución, pero también tiene un límite, no pueden ganar más de una mitad más del salario de López Obrador. Nada aceptable la conducta irresponsable y soberbia del Presidente de la República, al incitarlos a renunciar si no aceptan la baja de sus salarios y por tanto de sus prestaciones; derechos adquiridos mucho antes que naciera la nueva ley, tal cual está sucediendo en Querétaro. La conducta de Andrés Manuel López es por demás autoritaria e ilegal.
Tan vez es necesario llegar a un acuerdo con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, de manera voluntaria bajen sus enormes emolumentos que rayan en el medio millón de pesos mensuales, más prestaciones; por cierto, cantidad que percibe la Ministra el retiro, hoy Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. O bien, como le hicieran los Consejeros del INE, quienes de manera “voluntaria” aceptaron reducir sus ingresos salariales; se sumaron a la política pública de López Obrador, por “voluntad propia”. Más no están en la misma tesitura otros miles de asalariados que hoy día ganan más que el Presidente y no quieren ver reducido su salario, es pues además de ilegal, inconstitucional la medida impuesta por medio de una ley.
Si Andrés Manuel López Obrador desea que los mexicanos tengan mejores percepciones salariales, una de sus políticas de gobierno debiera ser las mejoras salariales, no las reducciones a sus ingresos producto del trabajo, producto de su esfuerzo ¿Acaso quiere condenar a los mexicanos a limitar sus pretensiones de crecimiento y desarrollo? Si no lo es así, eso parece con su conducta belicosa y de subdesarrollo social de siempre. Advertirles a los empleados de gobierno federal de los tres Poderes y demás organismos que, el que no quiera seguir trabajando bajo las nuevas condiciones, que se vaya, ello es violencia laboral. Y no olvidemos que también ofreció trastocar los horarios de trabajo, cuando amenazó que laborarían también los sábados. Una vez más ignora que en la ley laboral burocrática hace mucho están establecidas las jornadas laborales de 8 horas diarias de lunes a viernes, de 40 horas a la semana ¿Acaso se le ha olvidado? Seguramente alguien le advirtió de la ilegalidad, dado que no ha vuelto a repetirlo.
El primer combate jurídico en defensa del estado de derecho entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, está en camino; una de las partes, por pretender romper el estado de derecho y violar derechos adquiriros; el otro, por pretender hacer valer y respetar ese estado de derecho. Asimismo, por medio de esos litigios se hará prevaler el principio del equilibrio de Poderes, que se desborda por el exceso de representación numérica que pretenden hacer valer política y no jurídicamente; las sentencias advertirán que ni uno ni otro, cometa abusos en agravio de los gobernados; para eso son los tribunales, dan certeza jurídica a la ciudadanía para esta se desenvuelvan en un ámbito de seguridad, democracia y libertad.
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