De acuerdo al diputado local Éric Salas, el nuevo sistema anticorrupción, podría costar hasta 30 millones al año. Dinero que habrá que sacar de alguna partida presupuestal para pagar toda la nueva estructura burocrática encargada de combatir a los corruptos.
Se tendrán que recortar programas para destinar esos 30 millones de pesos, dado que no fueron programados el año anterior para que se vieran reflejados en el presupuesto de egresos para este 2017. Año preelectoral por cierto.
Los nuevos organismos que pondrán en operación toda la estructura orgánica del sistema anticorrupción que ya fue aprobada por los legisladores el jueves de la semana pasada, tendrá un alto costo, el legislador lo calcula en hasta 30 millones de pesos.
Los cuestionamientos sobre el gasto por actos de corrupción no se hicieron esperar. Claro que nadie está de acuerdo con que el presupuesto del gobierno del estado deba cargar con más gastos, todo por un puñado de corruptos que se esconden en las entrañas del aparato burocrático de algunas de las instancias gubernamentales, incluso de los organismos autónomos que no están exentos de hacer mal uso del dinero público en beneficio de esos desleales corruptos y socios que, desde fuera se benefician en perjuicio de todos aquellos que pagan impuestos, de esa bolsa salen los millones del lucro de la corrupción que no se aplica honestamente.
Quienes crean el sistema anticorrupción, son los mismos que deben atajar a los de casa para que no hagan un mal uso del dinero público. De ahí que no se entienda la operación limpieza cuando todos son de casa, pero algunos resultan deshonestos con el dinero que no es de ellos. El problema nace desde el otorgamiento del nombramiento a un desleal y corrupto.
La vigilancia que se autoimponen es en las entrañas, creando una legislación “especial”, solo aplicable para los de la clase burocrática y “socios empresarios”. La corrupción nace al menos entre dos sujetos; uno de ellos debe estar dentro del aparato burocrático y el otro fuera del sistema que les facilite acceder de manera ilegal al erario. Y si la empresa es grande, entonces son muchos los “socios” que participan en el ilícito negocio.
Para atajar toda esta “cultura”, se ha hecho necesario crear un sistema; sistema que contará con un grueso aparato especializado en corrupción, que pueda tener el “olfato” para detectar dónde se gesta la corrupción, quiénes son los participantes en ella, de dónde obtienen ilícitamente el dinero, de qué forma ocultan las transacciones que les permite acceder al presupuesto público, para poderlos enjuiciar y castigar.
Por eso crean la nueva Fiscalía especializada en actos de corrupción; fiscalía que deberá tener todo un aparato burocrático para investigar. Lo mismo hará el titular de la Entidad Superior de Fiscalización cuando realiza las auditorías y no estar de adorno como hasta ahora que no se ha consignado a nadie, salvo que los exfuncionarios y actuales servidores públicos sean incólumes y se piense mal de ellos. Las contralorías municipales y la del estado hacen lo propio, investigan y sancionan a los delincuentes que se encubren entre ellos como servidores públicos.
La nueva estructura del Tribunal de Responsabilidades Administrativas deberá crecer para que cumpla cabalmente con sus atribuciones. Antes era solo un magistrado, ahora son tres. Se especializarán en conductas consideradas como graves para enjuiciar y castigar a los responsables, después de un largo proceso jurisdiccional.
Se homologa nuestro Estado con las disposiciones normativas federales, que otro tanto crecen para lo mismo: perseguir a los corruptos; cada quien en su esfera de competencia buscará terminar con añejas conductas. Todo un enorme aparato burocrático, del cual se espera a mediano plazo logre el cambio de paradigmas traducidas en actitudes abusivas que se han convertido en una pervertida “cultura” de la corrupción.
Sería altamente deseable que este sistema anticorrupción, solo durara unos años, en lo que se logra cambiar de mentalidad y actitud arraigar en esa clase abusiva, tramposa y corrupta, para generar principios naturales del ser humano: la honestidad. La honestidad que no solo abarca el hecho de no robar, también se es corrupto y deshonesto por aceptar cargos públicos para los cuales no son competentes; también aquellos que hacen uso del recursos público para su propio beneficio, gozando de prerrogativas para el servidor público y su familia. Aun recuerdo cuando un gobernador queretano tenía en nómina a la sirvienta que laboraba en su casa.
Sería suficiente con que la clase social de los servidores públicos –todos- fuesen honestos para evitar el dispendio del dinero público, que en lo sucesivo se dilapidará para el sostenimiento de aparatos burocráticos creados ex profeso para investigar y castigar a los pillos de casa.
Pero, como eso es ilusión –servidores honestos- y no es posible encontrar gente con principios, el presupuesto público para este año erogará hasta 30 millones de pesos para combatir la corrupción; y así sucesivamente será cada año ¡Pesada carga para el erario! Y todo por culpa de los corruptos. Cuánto se podría hacer en beneficio de los gobernados con esos dineros, si nuestros servidores públicos simplemente fuesen honestos y respetuosos. Eso se llama cultura, principio que por desgracia no tienen muchos mexicanos.
Ahí está Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, exgobernador tamaulipeco, respecto de quien se hace fiesta popular y política por su detención en el extranjero; a este sujeto se le acusa no solo de haber abusado del presupuesto público por muchos millones de pesos, también por haberse asociado con la delincuencia organizada, al igual que otros exgobernadores; y seguramente más de algún gobernador y secuaces está en la misma sintonía. Pregunta obligada: ¿Hasta cuándo?
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