La comisión legislativa “especializada en el combate a la corrupción” de la LVIII Legislatura, aprobó de inmediato la iniciativa de ley turnada por el titular del Poder Ejecutivo, relativa al cambio de fecha para que, tanto el gobernador como los presidentes municipales –y demás– rindan los informes sobre el estado general que guarda la administración pública.
Es tanta la urgencia que la iniciativa no fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, dado que deberán, una vez más, reformar la Constitución local y leyes secundarias. “La Comisión Especializada en el Combate a la Corrupción”, además de estar controlada por diputados del grupo parlamentario del PAN, la preside una de ellos, de tal manera que fue quien convocó a la brevedad y dictaminaron de inmediato la procedencia, a pesar de que nada tiene que ver el cambio de fecha de los informes con el combate a la corrupción.
La Comisión de Puntos Constitucionales, que debió ser el órgano dictaminador, a quien la presidenta de la Legislatura –también panista- debió turnar la iniciativa y no lo hizo, seguramente le instruyeron enviarla a la “Especial”. Si bien la de Puntos Constitucionales es controlada por el PAN al tener mayoría, la preside un priista y este, tal vez –solo tal vez- no hubiera convocado tan pronto para resolver con la premura que lo hizo la dictaminadora ¿Pero qué necesidad?
En los tres últimos sexenios a iniciativa de los titulares de los ejecutivos –panistas y priista- han modificado la fecha para la rendición de los informes del estado general que guardan las administraciones públicas, no solo del Poder Ejecutivo y los municipios, también arrastran otros informes, tal es el caso de los otros dos Poderes Públicos.
Cada uno de los gobernadores en turno ha expuesto sus razones para que se cambie la fecha. Motivos que no son de fondo, han sido de simple forma. Que si por cuestiones administrativas por aquello de las anualidades y entran en el ejercicio del poder casi al concluir el año; o bien, por razones políticas al utilizarse esos actos para promoción político-electoral. Y nada de esto tiene que ver con el tema del combate a la corrupción.
La esencia de los informes del estado general que guardan las administraciones públicas, la verdadera razón de ser de ellos, es la rendición de cuentas, informar a la población qué han hecho con los miles de millones de pesos que implica el ejercicio del presupuesto público. Y a este respecto cada gobernante informa lo que quiere y como quiere; invitan a la ceremonia a quien quieren, incluso a personas que no radican en el Estado, por lo que el evento se convierte en un acto político y no administrativo.
Por eso la fecha en que deben rendirse los informes del estado general que guardan las administraciones publicas –gobierno y municipios- en el fondo no afectan en lo más mínimo ni para bien ni para mal o que puedan ser utilizados para influir en los procesos electorales, dada la cercanía al día de la elección. Si hipotéticamente así fuese, José Calzada y sus allegados hubieran ganado elecciones; o Enrique Burgos García en su momento, sin embargo ambos perdieron casi todas las elecciones. De ahí que la tesis no es aplicable.
Además la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes electorales establecen prohibiciones, las autoridades no deben hacer publicidad de programas, excepción hecha de aquellos referentes a la seguridad o casos de salud, entre otros, con la intención de no influir en la voluntad del electorado. El resto de las acciones gubernamentales en cuanto a publicidad quedan totalmente prohibidas.
Ahora que, si el gobernador quiere juego limpio y pretende evitar abusos de algunos “vivillos”, bien vale la pena el cambio de fecha; al final a quien pretende limitar actos políticos en tiempos electorales, es a al mismo gobernador y a la mayoría de gobiernos municipales panistas. Esa es una buena acción.
De tal manera que los diputados, con su actitud sumisa hacen pensar lo contrario, subordinarse a la voluntad del Poder Ejecutivo, incluso torciendo la ley como eso de que la Comisión Especial, haya dictaminado y no la de Puntos Constitucionales. Dice el dicho: “No hagas cosas buenas que aparezcan malas”.
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