En los últimos sexenios, cada gobierno pretende descubrir el “hilo negro” en materia de seguridad pública. Hasta ahora no han dado resultado sus políticas de seguridad. México está a punto de iniciar otro experimento en la misma materia, aunque (de hecho y no de derecho) ya vienen trabajando en ella con el personal que formará parte de la Guardia Nacional, nuevo organismo que siempre no dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, como era la intención del Presidente de la República. Todos repudiaron la idea de legalizar la militarización de la seguridad pública, emanada la facultad desde la misma Constitución. El Presidente de la República y Morena, en el Congreso de la Unión, no les quedó más remedio que aceptar la no militarización “legal” en las calles.
En el Senado de la República, con la raquítica presencia de la oposición, pero suficiente para no dejar pasar la reforma, tuvieron que hacer las modificaciones a la Minuta proyecto de Decreto que había enviado la Cámara de Diputados, no sin antes acceder al capricho del Presidente, para que le autorizaran la presencia del Ejército y la Marina, durante todo su sexenio, claro en un artículo transitorio. Una vez que fue aprobada la reforma por la totalidad de las legislaturas de los estados, fue turnada la misma al Presidente para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que entre en vigor y empiece a contar el plazo para que los mismos legisladores federales emitan las leyes secundarias que reglamentarán las funciones de los miembros de la Guardia Nacional. Sin embargo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nada sabe de seguridad, no es esa su especialidad, a pesar de estar al frente de esa importante Secretaría. De ahí que el Presidente insista en que podría quedar al frente un militar. La necedad para que sea el Ejército (a quien denostó y criticó durante su campaña, ofreciendo sacarlo de las calles) quien esté al frente ejerciendo funciones de seguridad pública. Sumado a que, las policías militares del Ejército y la Marina, pasarán en automático a integrar las filas de la Guardia Nacional, aunque prácticamente ya están en funciones. Estos están acostumbrados al mando militar, requieren un mando militar y seguirán siendo militares con permiso administrativo para realizar otras funciones distintas a su formación. Y la vituperada Policía Federal, también se sumará a esas filas. Por supuesto, los novatos que serán contratados y capacitados al “vapor” para, supuestamente combatir a los profesionales de la delincuencia.
Con los mismos elementos que han fracasado en la lucha que por años han llevado en contra de la delincuencia, continuarán haciendo frente a la delincuencia organizada y desorganizada. De ahí que los discursos de que reducirán sustancialmente a los delincuentes en un plazo de 6 meses y en 2 años habrán acabado con la mitad de ellos ¿Muertos o procesados? No se sabe, no lo dicen ni por asomo. Los discursos simplemente son alegres, como hasta ahora ha sucedido con todo lo que dice el mismo Presidente de la República, en sus pláticas mañaneras; y cuando algo sale mal, echa culpas a los neoliberales para mantener entretenidos a los medios de comunicación o sus tradicionales chascarrillos de mal gusto, en los que siempre se está burlando de sus opositores o se inventa presuntos responsables para denostarlos y lanzarlos a la hoguera del desprestigio.
Es urgente la aprobación y publicación de las leyes secundarias que definan las atribuciones de la Guardia Nacional, la delincuencia se ha disparado sin temor alguno; con esa política del Presidente de abrazos y no balazos, por parte del gobierno, los delincuentes sí se atreven a lanzar balazos; los secuestros, los robos, las violaciones, los homicidios, son un lastre que ha crecido en los últimos 2 meses y 17 días, desde que inició el sexenio lopezobradorista. A diario los medios televisivos dan cuenta de la serie de delitos que han quedado grabados en cámaras oficiales o particulares, sin que los elementos de seguridad pública sepan cómo adelantarse a los delincuentes, cómo disuadirlos o cómo detenerlos; y cuando por fortuna son detenidos, autoridades judiciales los dejan en libertad por estar mal elementadas las carpetas de investigación, por lo cual el Presidente califica a los jueces de corruptos, sin antes saber las razones que originan la libertad de aquellos; o bien, debido a lo laxa de la legislación procesal penal obtienen la libertad los reincidentes delincuentes.
Todo será una falacia. Al tiempo. No se podrá combatir eficaz y eficientemente a la delincuencia, si no se parte de contar con una policía bien preparada, bien capacitada no solo operativamente, también jurídicamente para no cometer errores procesales que lleven a la libertad de los detenidos; que se les dote del armamento letal con capacidad de hacer frente a la delincuencia; delincuentes que están mejor armados y capacitados que la mayoría de los policías de hoy y de mañana. Súmele que los policías deben respetar a cabalidad los derechos humanos de los delincuentes y estos no, ellos bien lo saben, lo cual es otra enorme desventaja que aprovechan los delincuentes y sus abogados especializados en la materia. De ahí que todo concluya en discursos románticos de los políticos, nada de opiniones de los especialistas en la materia. La pacificación que prometió López Obrador, ha fallado hasta ahora. Van 5 periodistas asesinados en lo que va de su cortísimo sexenio, cuando el Presidente ofreció en campaña que no habría más asesinatos de periodistas. Las exigencias y reclamos de la ONU y organizaciones civiles no se han hecho esperar. Exigen, además de justicia, cesen los homicidios en México. Algo que aún se ve muy lejano y menos cuando la seguridad pública está en manos de inexpertos como Alfonso Durazo. Así no podrán con la delincuencia. Hasta hoy, solo buenas intenciones en los discursos. Al fin políticos.
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