Hace unas horas, el candidato del PT al gobierno del Estado de México, Óscar González, en conferencia de prensa, dio a conocer su declinación en favor de Delfina. Esta acción debe constituir fraude electoral.
Las leyes electorales permiten a los partidos políticos hacer coaliciones o alianzas electorales antes del inicio de los registros y campañas políticas; pero esas mismas leyes no prevén las “declinaciones” electorales de candidaturas.
Los años en que hay elecciones, sean estatales o federales, los partidos políticos reciben más dinero público -llamado prerrogativas- que en los años no electorales. De ahí que el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, esté proponiendo que los partidos políticos no reciban dinero público en los años no electorales, por lo cual los gobiernos estatales y federal tendrían un ahorro sustancial de aproximadamente 16 mil millones de pesos; dado que los partidos reciben dinero del INE y de los institutos electorales locales.
Los dirigentes de los partidos políticos como el PT, saben perfectamente que no tienen ninguna posibilidad de triunfo en las elecciones; incluso este partido perdió el registro en las pasadas elecciones federales; pero, por arreglos numéricos y gracias al PRI, logró recuperarlo por menos de una décima de punto porcentual de votos recibidos. A pesar de estar bien conscientes de la realidad, los dirigentes de estos partidos registran candidato para obtener recursos públicos, varios millones de pesos y así le entran al juego de la democracia; no participan en coalición o alianza para no compartir los recursos públicos en los gastos de campaña.
Una vez que han recibido el dinero los dirigentes de los partidos políticos, simulan hacer campaña, como en el caso en particular lo hizo Óscar González Yañez, quien nunca figuró en las encuestas, al igual que lo hacen cada tres años en los procesos electorales. Ya gastados los recursos públicos en todo aquello que se le pueda ocurrir, en vísperas de la jornada electoral, deciden declinar en favor de tal o cual candidato. En tanto que los ilusos petistas se quedan en total estado de indefensión. Quien declina, además, piensa que todos en concierto votarán por el nuevo candidato que no es de su partido, como ovejas al matadero; los otros están en la búsqueda del voto útil. En ese momento la militancia, al quedarse sin candidato está en aptitud de votar por quien le plazca, no por quién declinó el fraudulento candidato, aquel que se gastó todo el dinero de la campaña. En el caso de González apenas rebasó en las encuestas el 1 por ciento; ese porcentaje seguramente lo negoció para, en caso de ganar Delfina, le paguen con un cargo público. ¡El engaño electoral!
Sumado a lo anterior, el día de la jornada electoral, en las boletas aparecerá el nombre y fotografía del candidato, así como el emblema del partido hasta en 11 millones, 317 mil, 686 boletas de quien ya no quiere ser gobernador; la impresión de las boletas electorales tuvo un costo millonario, dinero público que también se tira a la basura; alianza de facto fraudulenta.
Por eso se trata de un verdadero fraude electoral; esta actitud sí puede tipificarse, debe considerarse delito electoral, tiene todos los elementos materiales para constituirlo; es engañar a un tercero para obtener un lucro indebido. Estos candidatos engañan a los órganos electorales, a los militantes de su partido, reciben dinero público, se registran, presentan plataforma electoral, hacen campaña y al final declinan la candidatura ¡Claro que se trata de un delito! Lo malo que los legisladores, que son de los mismos políticos, no lo han querido legislar en estos términos.
Por otro lado, el diputado federal del Estado de Jalisco, José Pedro Kumamoto Aguilar, intenta que prospere una iniciativa de ley para que a los partidos políticos se les reduzcan las prerrogativas y solo reciban dinero en proporción a los votos que la ciudadanía les otorga el día de la elección de diputados, sea federal o local. Esta es otra iniciativa que debiera prosperar, pero no será así; mucho menos cuando apenas en las elecciones pasadas se incrementaron de un 20 a un 60 por ciento el monto de las prerrogativas.
Tres propuestas interesantes en materia electoral. Seguramente ninguna prosperará para las elecciones del 2018, tomando en consideración que los dirigentes de los partidos políticos viven del presupuesto público; son burócratas disfrazados. Los dirigentes como Ricardo Anaya, del PAN; Andrés Manuel López, de Morena; y Enrique Ochoa, del PRI, cobran su salario del dinero de las prerrogativas: dinero público.
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