Desde que gobierna Morena, resulta que el Poder Ejecutivo Federal es quien juzga y públicamente decide quién tiene y quién no tiene la razón, sobre todo en temas de naturaleza delincuencial, jurisdiccionalmente hablando. El cadalso de las mañaneras define culpas o exonera.
AMLO impuso la “moda” pública de criticar y amenazar a las autoridades judiciales por hacer su trabajo, y con ello, generar odio hacia las autoridades que imparten justicia, calificándolas de corruptas. Si te encarcelan, no te quejes.
Pero AMLO nunca pudo justificar, probar o demostrar en ningún expediente judicial que él tenía la razón jurídica. Claro, no era parte de ningún juicio. Y cuando alguno de sus empleados emprendía una demanda judicial, solía perder por probada y sobrada ineptitud legal, así que le resultaba más sencillo utilizar la tribuna e inculpar a las autoridades judiciales por hacer su trabajo.
Que si en un litigio las autoridades judiciales concedían suspensión provisional, malo; si era suspensión definitiva, mucho peor. Si la sentencia era en contra del gobierno morenista, la corrupción era la que imperaba. El juez o jueza son corruptos. Mas nunca demostró, no evidenció la ineptitud de sus amigos funcionarios, o bien, del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Todas las leyes vigentes tienen normas para inconformarse en contra de las resoluciones judiciales; acudir a la segunda instancia hasta agotar los recursos legales. Pero no, resultaba más fácil desacreditar, vilipendiar, calumniar a las autoridades que no se subordinaban o no obsequiaban lo que el presidente quería. Como sí lo hizo el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el corrupto que se unió al coro de denuncia de donde él salió.
La independencia judicial fue perdiendo su vigencia, el máximo juzgador ya no era el Poder Judicial, ahora se trasladó esa facultad al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo; este es quien, desde el púlpito de las mañaneras, dictaba la justicia pronta y expedita como lo mandata la Constitución. Sin ninguna prueba, él decidía la justicia sobre sus abusos, tus torpezas y sus “trinquetes”.
Seis años desacreditando al ejercicio de impartición de justicia mexicana hasta destruir la confianza que existía en esa noble institución; al final, la malévola idea de AMLO se concretó: la destrucción del Poder Judicial. Eliminar la independencia para subordinarlo al Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Por medio de la reforma constitucional que hoy opera elecciones fraudulentas para imponer nuevas autoridades judiciales que se dobleguen, subordinen ante el supremo poder del presidente en turno.
Fue una campaña feroz la que emprendió AMLO en contra de autoridades judiciales. Las acusó, las denunció, las desacreditó, las calumnió y sus seguidores cayeron en el sucio juego; ahora exigen elecciones judiciales para que el “pueblo” elija a las nuevas autoridades, no importa si saben o no, si son delincuentes, si son morenistas, si son lacayos del poder; lo que importa es el juego de la “democracia” y hacer creer al “ignorante pueblo” que él va a decidir quién será el juez que imparta justicia, aunque ni idea de qué diablos hace un juez en materia administrativa, laboral, de amparo, familiar, civil, etcétera, si nunca ha pisado un juzgado.
Juego sucio y perverso que dejará a los mexicanos sin autoridades judiciales competentes, independientes y confiables. Estarán al servicio del poder y no del ciudadano, como en los regímenes socialistas; el “pueblo” a merced del gobernante. De tal suerte que cuando el ciudadano emprenda un juicio en contra del gobierno, entiéndalo, desde ya tendrá la seguridad de que lo perderá; si le expropian su propiedad, perderá el juicio, no se queje; si su empresa la quiere el gobierno, la perderá, no se queje; etcétera. Y así se irán debilitando los derechos del “pueblo” y fortaleciendo el poder del gobierno.
La señora Claudia Sheinbaum Pardo bien aprendió y hace exactamente lo mismo, no sabe Derecho; es más, ha pisoteado los derechos de muchos y no le ha importado. También, desde la tribuna presidencial y con enjundia, ataca a las autoridades judiciales, al igual que le enseñó AMLO.
Ahora que están a punto de llevarse a cabo las elecciones, la señora arrecia sus embates en contra de funcionarios del Poder Judicial, de jueces, magistrados y ministros. Todos son corruptos. Claro, espera que lleguen, después de las elecciones, solo los recomendados, aquellos que ya están palomeados, esos nombres que serán sufragados antes de la elección por los “acarreados”.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, subió a la tribuna presidencial —en la mañanera—; sí, esta semana que terminó, para fustigar a jueces y calificarlos de corruptos de apoyar a criminales. El policía dijo en la mañanera: “Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
Ahora resulta que el Poder Ejecutivo es el que imparte justicia, es el experto; no solo sabe de ello, sino que decide quién hace bien la cosas y quién no sabe impartir justicia. ¡Son bárbaros!
¿Por qué no reconocen sus torpezas, las violaciones a Derechos Humanos que cometen en las detenciones, la fabricación de pruebas? Por esa razón jueces se ven obligados a cumplir con la ley y la justicia y actuar en contra de sus malas actuaciones de seguridad y procuración de justicia. De ello nunca hablan.
De todo lo anterior se puede concluir, sin duda alguna, que estamos frente a claras advertencias —previas— dirigidas a quienes serán las nuevas autoridades judiciales. ¡No dejar salir a los presuntos delincuentes! Quienes los liberen, serán considerados corruptos y enjuiciados por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Morena tendrá el control toral de los tres poderes públicos. Y todavía hay quien duda que vamos directo hacia una clara dictadura.
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