El Poder Judicial de la Federación, el único que puede limitar el abuso de poder que cometen los otros dos Poderes públicos, entiéndase el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos controlados por Andrés Manuel López Obrador. En la semana que concluyó, dos golpes jurídicos recibió el grupo en el poder; el de la suspensión provisional que fuera concedida por uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la abusiva e inconstitucional Ley de Remuneraciones, de reciente creación, que limita las percepciones salariales y consecuentemente los derechos adquiridos de miles de burócratas, que invade la esfera de autonomía de los otros Poderes; el otro golpe asestado a los morenistas, fue la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se confirmó la resolución y reconteo de votos de la elección en el estado de Puebla, quedándose en definitiva con el triunfo electoral el PAN, que gobernará otros 6 años.
En ambos casos, legisladores de Morena, militantes de Morena y el mismo Presidente de la República arremetieron en contra del Poder Judicial; no esperaban ninguna de las resoluciones que emitieron Magistrados y uno de los Ministros. Una clara muestra del nuevo gobierno, no estar dispuesto a dar concesiones, salvo por la fuerza legal de la ley que implican la sentencias. Se me viene a la memoria aquel incidente que estuvo a punto de costarle la primera candidatura a López Obrador, su destitución y sujeción a proceso penal; llegó a la candidatura a la Presidencia de la República, cuando ejercía el cargo de Jefe de Gobierno en el DF; flagrantemente violó sentencias de amparo y nada le pasó, por eso pretendieron iniciarle juicio político, juicio de procedencia por responsabilidad penal, por no acatar las sentencias de amparo. La suerte estuvo de su lado y desistieron del juicio. Entonces gobernaba Vicente Fox y los opositores a López Obrador tenían mayoría en las Cámaras legislativas, lo perdonaron. No quisieron correr el riesgo y hoy es Presidente de la República.
La sentencia definitiva de la Sala Superior, es inatacable y ha causado estado, no les quedó más remedio que lanzar injurias y quejas sin mayor fundamento, argumentando que era un golpe a la democracia esa resolución. La discusión de los Magistrados fue muy interesante y en la votación se refleja cuan divididos estuvieron los criterios jurídicos de los 7 Magistrados; cerca de la media noche del sábado, la votación se empató 3 a 3, solo faltaba el voto de la Magistrada Presidenta y este fue el fiel de la balanza, definitorio. No le concedieron la razón a Morena que pretendía la anulación de la elección por supuestos manejos de los paquetes electorales de manera irregular; no había mayores fundamentos. Los paquetes fueron abiertos y los votos recontados y recontados. El resultado definitivo del cómputo, siguió siendo el mismo, el PAN obtenía el triunfo y por lo tanto la mayoría relativa. Diputados, senadores y el mismo Presidente de la República,se quejaron amargamente, su ego político y la soberbia fueron lastimados por la sentencia, no podían dar crédito a la sentencia. El argumento fundamental que esgrimieron los Magistrados para confirma el triunfo del PAN, fue que éste obtuvo el voto de la mayoría de los poblanos, por lo tanto, había que respetar la voluntad popular. Así selló su intervención la Presidenta de la Sala.
Lo preocupante de todo esto es la forma en que se expresan aquellos que hoy son autoridad, no aceptan las sentencias del Poder Judicial, alzan la voz y los acusan de antidemocráticos, lo cual, en cualquier momento nos puede llevan a la violación de las resoluciones al no acatarlas, tal y como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno en el DF. Hoy es el Presidente de la República y la tentación sigue latente, se queja y hace sus berrinches cuando no le dan la razón; alienta al “sabio pueblo” a revelarse en contra del Poder Judicial; sus antecedentes dejan constancia de lo autoritario que resulta y siempre culpa a otros de sus ilegales acciones, ahora se escuda en el pueblo; precisamente a ese pueblo es al que instiga, lo incita a revelarse, a inconformarse en contra de las autoridades, en contra de las instituciones. En el caso de Puebla no depende del Poder
Ejecutivo Federal, la ejecución de la sentencia, de tal suerte que no hay de qué preocuparse, la sentencia será cumplida a pesar de los lamentos de los morenistas y del mismo Presidente de la República. La conducta antidemocrática del mismo Presidente es preocupante, parece que no ha entendido que ya gobierna para todos los mexicanos y debe el respeto a las determinaciones que emitan las autoridades y en su caso, hacer valer los recursos legales a su alcance, mas no denostarlas ni vituperarlas, porque no resuelven acorde a sus intereses; el mismo Presidente tiene la obligación de apoyar al Poder Judicial y hacer cumplir las sentencias; nunca se había visto conducta semejante de un Presidente de la República. Alguien tiene que limitar el ejercicio abusivo del poder y en este caso es el Poder Judicial.
No en balde advirtió hace apenas unos cuantos días el Ministro en retiro, José Ramón Cossio, que estamos a un paso de los abusos de las mayorías, por el simple hecho de tener mayoría, lo que pude vulnerar la democracia en México, llevarnos al autoritarismo y ello es muy peligroso, por el desborde del poder. Ahí está el claro ejemplo de la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, ahora no saben qué hacer, ante los enormes problemas que trae aparejada esa caprichosa voluntad que autorizó López Obrador, derivado de una simple consulta que, de cerca de 90 millones de posibles votantes, los que aprobaron su propuesta de suspender la obra, no llegó ni al millón de votantes; eso fue arbitrario, abusivo y peligroso abuso de poder, sin fundamento legal alguno que traerá un daño patrimonial a las finanzas públicas del gobierno federal superior a los 100 mil millones de pesos. Los abusos de autoridad deben contenerse ante de que se cause un enorme perjuicio a la democracia mexicana y México se convierta en otra Venezuela; estamos en el umbral del autoritarismo.
Lo referente a la suspensión provisional otorgada por el Ministro responsable de la ponencia, para que no sea aplicada la Ley de Remuneaciones, causó ámpula a los morenistas y al mismo Presidente de la República, pero este asunto merece un artículo aparte, dado que los inconformes han tergiversado el fin del juicio de inconstitucionalidad, no se trata de los salarios, se trata del abuso de querer gobernar a los demás Poderes y entes con autonomía Constitucional, así como a los gobiernos de los estados y municipios.
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