Una vez más ha quedado demostrada la falta de interés y capacidad de los funcionarios del gobierno federal que, a su vez, generan pérdidas millonarias en los bolsillos de terceras personas, sin que, al gobierno de la Cuarta Transformación, le importe. En todas las sociedades democráticas se gobiernan bajo un régimen de derecho, denominado Estado de Derecho.
En estas sociedades existe un Estado que a su vez se conforma de territorio, normas jurídicas y la sociedad que conforma su propio Estado de Derecho, por medio del Poder Legislativo, que distribuye por medio de las leyes atribuciones, derechos y obligaciones del pueblo y gobierno. De hecho y de derecho se da el llamado pacto social, por medio del cual se crean derechos y obligaciones de parte de la sociedad y el gobierno que ésta conforma. De tal suerte que ambos deben cumplir con sus responsabilidades.
La sociedad puede hacer todo aquello que no le prohíban las leyes y cumplir con sus responsabilidades impositivas. Las autoridades solo pueden hacer aquello que les facultan las leyes. Por supuesto, en caso de infringir cualquier norma deviene como consecuencia una sanción, sea pecuniaria, suspensión de derechos o privación de la libertad, incluso. Por su parte, el gobierno está obligado a brindar a la sociedad ciertos servicios a cambio del pago de las imposiciones legales, sean derechos, impuesto u otras obligaciones.
El gobierno, como contraprestación al pago de las imposiciones por parte de la sociedad, debe otorgarle a esta para un su seguro y sano desarrollo, entre otros servicios, seguridad pública, justicia, educación gratuita, luz, agua, salud, vialidades. ¿Qué sucede si una de las partes no cumple con su responsabilidad? En ambos casos hay consecuencias legales. El ciudadano regularmente está copado por la autoridad municipal, estatal y federal, difícilmente puede evadir su responsabilidad y en caso de quebrantan cualquier norma deviene en automático la sanción, previo juicio en que sea oído y vencido. Ahora bien, que sucede cuando el gobierno (la autoridad) no cumple con sus responsabilidades. Regularmente no sucede nada, sus fallas quedan impunes, excepción hecha que haya alguna demanda ciudadana en contra, pero nadie quiere tener juicios largos y tediosos en contra del gobierno, además hay que cubrir los honorarios del algún abogado litigante.
A eso se atiene el gobierno federal (los funcionarios), por eso raya en la irresponsabilidad sin que proceda sanción alguna en su contra. En menos de 60 días de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ha actuado con extrema negligencia e irresponsabilidad sin que se le imponga sanción alguna. La primera y escandalosa en extremo, fue la cancelación unilateral del gobierno federal de la magna obra del frustrado NAIM de Texcoco. Miles de millones de pesos se están perdiendo a causa de una torpe, caprichosa e irresponsable decisión; el erario federal pierde, producto del pago de impuestos, derechos y otras obligaciones a cargo de los contribuyentes. López Obrador ni sus empleados son responsables de nada y no pagan sanción alguna a consecuencia de la decisión presidencial.
Le siguió la pérdida de más de cien vidas, cuando al no cumplir con la responsabilidad de brindar seguridad pública a la población, independientemente del robo de combustible que en esos momentos ejecutaban los delincuentes en el Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.
El mismo presidente de la República aceptó que no iba a “reprimir” al pueblo, consecuencia de ello explotó el combustible y murieron muchas personas, todo por no brindar el servicio de la seguridad pública. Apenas sucedió esta tragedia que bien pudo evitarse, otro grupo de delincuentes, arropados por una organización de profesores denominada CNTE, bloquea vías de ferrocarril en el Estado de Michoacán y consecuencia de ello, pérdidas multimillonarias de empresarios hasta empleados quienes por más de medio mes no pudieron mover ninguna carga por medio del ferrocarril, en tanto que los profesores no fueron desalojados de las vías, a pesar de que cometían delito.
Una vez más, el presidente de la República se jactó, como parte de su política de gobierno, de que no usará a la fuerza pública para “reprimir” al pueblo. López Obrador deja de cumplir con la obligación de brindar seguridad pública a la sociedad, una de sus obligaciones como jefe del Poder Ejecutivo federal y, por supuesto, sus subordinados quedan maniatados. También incumplen con la misma obligación; son, pues, responsables de todo lo que sucedió.
Este día jueves, los profesores de la CNTE desalojaron las vías, no sin antes recibir millonarias prestaciones; el mismo presidente dijo que había enviado mil millones para dárselos a los maestros. ¿Quién paga las pérdidas a los empresarios y empleados que se quedaron sin trabajo todo ese tiempo? El nuevo fiscal Alejandro Gertz Manero, no inició carpeta de investigación alguna, a pesar de la flagrancia del delito que por más de 15 días cometieron, se denomina delito continuo. La población sin protección del gobierno, en manos de la delincuencia. NO hay seguridad pública ni jurídica.
Otro problema más, ahora recae en el estado de Tamaulipas, por inactividad de las autoridades laborales federales muchos sindicatos emplazaron a huelga a otro tanto de maquiladoras. Ninguna autoridad se ha hecho presente. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha desdeñado los problemas laborales, sea por ignorancia o por negligencia, tampoco ha cumplido con su responsabilidad; consecuencia de esa enorme irresponsabilidad, al menos 15 maquiladoras cerraron sus puertas y se van del país por falta de garantías, habida cuenta cientos de trabajadores se quedaron sin empleo. ¿Para qué quieren una secretaria del Trabajo que no cumple con su responsabilidad de dar paz laboral? Muchos años pasaron sin que se hubiese presentado una situación similar. Las autoridades de ese estado tampoco intervinieron, aseguraron las partes en conflicto. ¿Para qué sirve un estado sin gobierno que haga valer el estado de Derecho? ¿Solo sirve para cobrar los impuestos y pagar a la burocracia?
Aquí es en donde se presenta el rompimiento del “pacto social”; una de las partes no está cumpliendo con sus responsabilidades emanadas de la legislación; sin embargo, no traen consecuencia legal alguna en su contra; por el contrario, evaden su responsabilidad y justifica el presidente que no hará uso de la fuerza pública en contra del pueblo; esa “excepción de concepción” no está prevista en norma alguna, ninguna ley los exime de cumplir con su responsabilidad; por lo tanto, deben sufrir algún castigo (sabemos que no lo habrá, ellos son la autoridad). Queda demostrado que el presidente de la República privilegia su voluntad política a las normas jurídicas; evade el cumplimiento del estado de Derecho; esta corrupta acción gubernamental rompe con la paz, seguridad y tranquilidad de la población, se impone la inseguridad.
¿Acaso, entonces, nace el derecho ciudadano de no pagar ningún impuesto, derecho u otra obligación impositiva, a virtud del incumplimiento de la autoridad por no brindar seguridad pública ni jurídica al pueblo? Seguramente que así debiera ser, de tal suerte que el gobierno no tendría manera de cumplir ningún compromiso social ni económico sin ingresos del pueblo.
Sé que no se dará este supuesto; seguramente, el abusivo gobierno amenazaría con multas y recargos a los ciudadanos incumplidos. En tanto que el gobierno abusivamente sí incumple sin que a ningún servidor público le devenga sanción alguna; a pesar de que existe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, nada sucederá. La responsable de la Función Pública, es otra inepta; esa actitud también es corrupción.
Y apenas van dos meses de gobierno.
No cabe duda que el gobierno federal raya en la ineptitud e irresponsabilidad; entretanto esto sucede, mantiene a todos ocupados con su política de combate al robo de combustible.
¿Los demás, el pueblo? ¡Que se jodan!
Queda demostrado que no tenemos gobierno federal que cumpla con los compromisos del pacto social.
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