A finales del año pasado, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, había iniciado una marcha desde su estado y pretendía llegar a la Ciudad de México, para demandar al gobierno federal la entrega de dinero, recursos públicos, argumentando que por ser oposición eran castigados. Argumento que resulta falaz, dado que ningún otro gobernador de oposición se ha quejado en los casi 6 años de gobierno priista. La presión de Corral dio resultado y logró que Hacienda, por medio del Secretario de Gobernación, le trasladaran 900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua.
El asunto entonces trascendió a los legisladores federales y en la tribuna del Senado de la República, se llegó a decir que Javier Corral, necesitaba dinero para ayudar a la campaña de Ricardo Anaya, respecto de quien se afirmó que era uno de los promotores. Ya en “contubernio” con el PRD, estos defendieron al gobernador de Chihuahua. Una vez que se resolvió el problema del dinero, el asunto quedó concluido y ninguno de los políticos en disputa volvió al tema.
Javier Corral, un activista “guerrillero” desde que fue legislador federal, se distinguió por ser aguerrido, tozudo, aunque no por ello le asistía la razón. Siempre levantando la mano para discutir lo que fuera; al ingeniero de profesión no le incomodan los temas, más bien se acomoda en todos y suelto como es en el desarrollo de la palabra, suelta lo que sea, argumenta lo que le viene en mente; ingeniero cuyos orígenes están en Pemex, lugar en donde cobró por algunos años. Sin dotes de oratoria, nada le impide armar su propia argumentación del tema que le pongan en disputa. Bien, desde que llegó al gobierno la prioridad de Corral ha sido la persecución de Cesar duarte Jaquez, ex gobernador de su Estado y la pandilla que lo acompañó en sus triquiñuelas cuando este último gobernó y hoy se encuentra prófugo de la justicia.
El activista y “guerrillero” de la palabra, incluso organizó con recursos públicos una de las tantas reuniones que tuvieron Anaya, Barrales, Delgado –PAN, PRD y MC-, en uno de los edificios públicos propiedad del gobierno de Chihuahua. Lo cual, por supuesto resulta un delito, sin embargo, pide se aplique la justicia para otros, no para él. El uso de recursos públicos para actividades eminentemente políticas, de partido, están prohibidas por la norma penal y es un delito electoral. A la reunión acudieron todos aquellos que ahora son candidatos del entonces Frente Ciudadano, hoy Frente por México y otros de los asistentes a la reunión en Chihuahua son asesores como Santiago Creel o el comentarista de Televisa, Jorge Castañeda, ahí estaba el supuesto defensor de los derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza y el activista disfrazado de sacerdote Alejandro Solalinde y qué decir de Miguel Ángel Mancera; todos los opositores al gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos, el grupo de “demócratas” que busca el poder presidencial quebrantando las leyes vigentes.
Desde entonces Corral se ha quejado de la supuesta protección que ha llevado a cabo el gobierno federal en favor del Cesar Duarte, respecto de quien pesan más de 10 órdenes de aprehensión; de la cuales unas son del orden común y otras del fuero federal. Acusa, sin razón jurídica, que por falta de interés no han querido extraditar a duarte, lo que resulta totalmente falso. Las extradiciones de presuntos responsables no dependen del gobierno federal, dependen del país en el que se encuentre aquel que es reclamado por la justicia federal y duarte se localiza en los Estados Unidos de Norte América. Y así Corral ha tenido tema suficiente para acaparar mediáticamente la atención con sus reclamos y excesos o abusos de poder. Ya en la cárcel uno de los principales colaboradores de Duarte, la disputa se ha vuelto jurídica, además de política por parte de Corral, lo que no sucede con otros gobernadores de oposición, dado que exgobernadores se encuentran prófugos de la justicia en espera de ser extraditados; no hay lucha de “poderes”, se dedican a gobernar y no a confrontarse con el gobierno federal, tal es el caso de Tamaulipas, entre otros.
En esta semana volvió a la cargada Javier Corral, quien iracundo se molestó por una sentencia dictada por autoridades federales referente a cuestiones de competencia. Le quitan uno de los asuntos al fuero común y lo trasladan al ámbito federal. Como es costumbre, ahora acusó a las autoridades jurisdiccionales de estar al servicio del Poder Ejecutivo, de ahí el fallo en su contra y que así podrán, dijo, ayudar al exgobernador Duarte. Bajo este embustero y falaz criterio político, no jurídico, el mismo Corral se ha tropezado. Lo cual significa que él sí está manipulando, en su Estado, a las autoridades judiciales locales, por eso traslada el mismo criterio al fuero federal. Sin embargo, parece que a nadie le sorprendió el “leguleyo” argumento del gobernador Corral. Es por demás evidente que él no quiere justicia, exige venganza política y en tiempos eminentemente político-electorales, pretende seguir obteniendo ventajas al desacreditar con argumentos sin fundamento, el hecho de que, la autoridad del Poder Judicial Federal, está bajo el mando del Presidente de la República. Homologando su criterio en la exacta dimensión, él estaría haciendo lo mismo en su propio Estado.
Derivado de lo anterior el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, entre otras cosas dijo: “rechaza tajantemente las recientes afirmaciones del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en relación al conflicto competencial jurisdiccional resuelto por el Poder Judicial de la Federación”. Y en 7 párrafos dio puntual respuesta a los infundios de Corral, respecto de los cuales, por cierto, hasta este momento no hay respecto del gobernador. Aquí la respuesta del gobierno federal.
“1. Las afirmaciones del Gobernador Corral ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios básicos en los que se sustenta nuestro régimen jurídico-político: el pacto federal y la división de poderes. Quizá por ello, reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder Judicial del Estado, cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos e independientes respecto al Ejecutivo Estatal, tal como sí lo establece la Constitución del Estado de Chihuahua”.
“2. Las afirmaciones del Gobernador Corral muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas”.
“3. Es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del Presidente del Tribunal de Justicia y del Fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto”.
“4. Es también falsa la afirmación que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el Gobernador señala, quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del Juez Local al supuesto principal probable responsable del delito. La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de Gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional”
“El Gobierno Federal invariablemente se ha dirigido con respeto a la investidura de todos los gobernadores, solo con respeto republicano nuestro país camina en democracia”.
“5. La disposición del Gobierno Federal para apoyar con respeto y diálogo al Gobierno y al Gobernador de Chihuahua quedó de manifiesto a través de un Convenio que en el marco de la ley dirimió honorablemente un conflicto entre Federación y el Estado de Chihuahua, mismo que ha sido cumplido en sus términos por la Federación, tanto a través de la entrega de participaciones federales extraordinarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como informando puntualmente al Gobierno del Estado sobre los procedimientos de extradición del ex Gobernador de esa entidad César Duarte, realizados por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, los compromisos que correspondían al Gobierno de Chihuahua no han sido cumplidos, y tuvo que ser el Poder Judicial de la Federación, a petición de la defensa de uno de los inculpados, la que resolviera conforme a la ley este asunto, haciendo a un lado calificaciones y presiones políticas del Gobernador Corral”.
“6. El Gobernador Corral pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley. El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satisfaga los deseos del Gobernador no le da derecho a mentir ni a engañar a la sociedad”.
“7. Por lo anterior, el Gobierno de la República exige al Gobernador conducirse con apego a la verdad y a la Ley en beneficio de la entidad que gobierna, de la sociedad Chihuahuense y de la opinión pública, pero sobre todo en defensa de nuestro marco Constitucional que él protestó defender”.
No cabe duda que Javier Corral Jurado es un “guerrillero” con hiperactividad política que descuida su gobierno.
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