Ayer dio comienzo el espectáculo público del juicio (proceso penal) que enfrente Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Estado en el gabinete de Enrique Peña Nieto.
En forma voluntaria y sin protección de algún “amparo” compareció ante el juez de la causa, el delito que se le imputa y por el cual el proceso, no amerita (aba) prisión preventiva; hoy por la mañana concluyó la audiencia o “declaración preparatoria”, después de 12 largas horas de preguntas, repreguntas, pruebas y alegatos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (curiosamente de apellido Padierna, igual que la incondicional morenista de López Obrador) decidió sujetarla a proceso; pero, por razones por demás inauditas, jurídicamente decretó la prisión preventiva de la señora Rosario Robles, quien de inmediato fue trasladada a la cárcel (Centro de Reinserción Social) de Santa Marta Acatitla, para que enfrente el proceso tras las rejas.
Por lo pronto, estará 2 meses privada de su libertad, salvo que la justicia federal la proteja por medio de un amparo. El delito no es grave, sin embargo la razón “legal” que argumentó el Ministerio Público y avaló el juez, que podría sustraerse de la acción de la justicia, por eso la prisión. Inconcebible jurídicamente, la señora incluso han sido gobernante en la CDMX, lugar en donde tiene su domicilio particular, de acuerdo con su credencial de elector. Por lo anterior, se puede concluir, sin mayores aspavientos ni rebuscados argumentos, que Rosario Robles, se encuentra siendo procesada por un “juez de consigna”. Así se les conoce en el medio perverso de la justicia, cuando son “obsequiosos” a las peticiones de la autoridad, voluntariamente oficiosos sin problema alguno.
El juez de la cusa podría ser acusado por sus expresiones parciales, tendenciosas, así quedó registrado, al mencionar sarcásticamente sobre unos documentos que obran en el expediente, relativos al acta de entrega recepción de la Secretaría, al dejarla en manos de José Antonio Meade, dijo el juez: “que se trataba de una joya”, lo relativo a esas pruebas. ¿Prejuzgó con senda expresión? ¿Qué quiso decir el juez, cuál fue su intención? ¿Joya de prueba o joya política? Simple y llanamente no es, ni por tantito, una expresión proba del juez, es más bien parcial, tendenciosa y deshonesta. ¡Y apenas inicia el procedimiento!
Esas expresiones deben obligar al juez, los abogados deben promover, que se inhiba de conocer el juicio; o, si es honesto, excusarse por tener manifiesto interés “político” en el asunto. La expresión vertida por el juez es aborrecible en materia de impartición de justicia, el juez resultó abiertamente interesado, favorece el trabajo del Ministerio Público; pierde la imparcialidad, la justicia se extravía y la desacredita.
En este caso, la justicia como espectáculo mediático cumple perfectamente con sus expectativas. Las simpatías se decantan hacia uno u otro lado, cada quien hace sus propios juicios; mientras el sistema de impartición de justicia se degrada públicamente.
De haber existido interés político en la Secretaría de Gobernación que entonces dirigía Miguel Ángel Osorio Chong, el asunto de la Cuenta Pública, lo hubieran resuelto, debieron de solventar todas las observaciones administrativamente y asunto acabado. Pero no. Dejaron abierta la causa para que el gobierno de la 4T la retomara, ahora por medio de la Fiscalía General, que sigue dependiendo del Presidente de la República. Alejandro Gertz, es el actual “fiscal carnal”, de Andrés Manuel López Obrador, actúa por consigna, ha dejado constancia de ello en varios asuntos.
Nunca actúo en contra de la CNTE por los bloqueos a las vías del tren en Michoacán, delito flagrante y nadie fue procesado. En el pasado sexenio, al tema de Robles, seguramente no le vieron causa para iniciar un proceso penal y se olvidaron del asunto; lo peor, que por dolo o irresponsabilidad dejaron sin concluir el asunto y ahora es explotado políticamente. Nadie se acuerda que el presunto delito tiene su origen en Cuentas Públicas añejas; estas tienen todo un procedimiento administrativo que debe agotarse, no necesariamente lo que consigna la Entidad Superior de Fiscalización, en las auditorías, es verdad jurídica, mucho menos cosa juzgada. Haber trasladado el asunto a la materia penal, ahora cambia de competencia jurídica; aún así, las auditorías son cuestionables, sujetas a valorarse, a peritajes, a estudios contables y determinar el grado de validez. Bueno, para eso será el procedimiento que ahora se le instruye a Rosario Robles.
Las mentes “bien intencionadas”, ya se “frotan las manos” para que se involucre el mismo Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de la República. Olvidan que ese señor, como ahora lo es Andrés Manuel López Obrador, solo pueden ser acusados por traición a la patria y delitos graves, según la Constitución. Y, suele suceder que, hasta ahora ninguno de los elementos materiales que existen en la causa, configuran traición a la patria ni delito grave. Al juez le agradó la relación de José Antonio Meade, por eso valoró algunas pruebas como una “joya”. Se quedarán con las ganas.
La razón por la cual decretaron la detención preventiva de Rosario Robles, que no dio aviso a su superior jerárquico, entonces el Presidente de la República. Sin embargo, la inculpada afirma que sí dio aviso al mismo Enrique Peña Nieto, aunque no hay constancia por escrito de ello; todo fue verbal. Por eso el juez le instruye el proceso. El Presidente de la República, López Obrador, en su mañanera, dio su comentario al respecto, pero Andrés Manuel es un manifiesto ignorante en materia jurídica, por lo tanto, su comentario fue político; ello confirma que se trata de un tema más político que jurídico.
Mientras se instruye el proceso, el Ministerio Público se encuentra acumulando mayores pruebas en contra de Rosario Robles, para incrementar la acusación por otros delitos, tal vez, otros presuntos implicados. Y es que, son muchos los relacionados, según la Auditoría Superior de la Federación, quienes participaron en el manejo de los miles de millones de pesos, entre ellas varias Universidades públicas; contratos y más contratos; en el camino se “pagaron” servicios, tal vez unos sí sean un fraude (solo tal vez), otros seguramente que no, sí realizaron el trabajo encomendado.
El asunto está tan manoseado, que la misma Claudia Sheimbaun, por la mañana comentó (torpemente): “que la gente diga”, en relación al trato que debe recibir Rosario en la cárcel ¡Por favor! Conclusión. Todos emiten juicios de valor, más pocos saben en realidad, el fondo jurídico del asunto. Estamos en presencia del la justicia como espectáculo mediático. Por lo pronto, la poderosa ex Jefa de Gobierno del DF, ex presidenta nacional del PRD, exsecretaria de Estado, ex alidada del mismo López Obrador, hoy dormirá en la cárcel. ¿El Quinazo del sexenio?
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