Poco o casi nada se sabe de la abultada nómina burocrática que heredó la LIX Legislatura del Estado. De unos años a la fecha el número de empleados dados de alta en la nómina se ha incrementado hasta en un 500 por ciento; y los salarios son manejados a criterio de quien en su momento forma mayoría y con quien ésta forma las alianzas; se reparten direcciones (ahora secretarías), departamentos hasta las plazas de intendencia, todo es negociable para incorporar a los amigos de los diputados.
Y ello, por supuesto que ha propiciado el desmesurado aumento del presupuesto, sin importar que desde hace muchos años sigan siendo 25 diputados los que conforman la Legislatura. El Poder Legislativo también es un botín económico, no solo político; siempre han seguido o emulado lo que hacían en el Congreso federal, de ahí que también se han asignado dinero para cada diputado para que promuevan obra pública, dinero para el coordinador, dinero por presidir comisión, etcétera; cuando que, su función constitucional es diametralmente otra, que se define en legislar y por medio de su órgano autónomo, la fiscalización de los recursos públicos; si acaso la instancia de los juicios políticos que de nada sirve, siempre sujetan a esta comisión a negociaciones. Por supuesto que también reciben enormes cantidades de dinero para la “gestión social”, dinero que han privilegiado sobre la dieta o salario, no en balde en tiempos de Marcos Aguilar, siendo diputado local, se llevaban el dinero de la dieta por adelantado y para sus campañas, no daban cuenta de ese dinero; hoy día sí fiscalizan esos recursos, pero aún son muy flexibles para ello.
Antes de concluir la pasada Legislatura, llegó una cauda de empleados que no trabajaban en el o para el Poder Legislativo, pero sí estaban en la nómina de los trabajadores ¿En dónde estaban esos empleados? Regularmente los legisladores los utilizan para su propio beneficio, trabajan para ellos, más no para la instancia de gobierno. Esto simplemente es un fraude, tanto del abusivo diputado, como del empleado que acepta recibir un salario público sin trabajar para ningún ente de esa naturaleza: pública. Esos legisladores y varios que hoy continúan con eso de la reelección, los llevan a trabajar a las “casas legislativas” en donde (es el pretexto) realizan actividades de gestoría para beneficio del diputado o diputada, más no para la Legislatura. Y como todo es acuerdo de los grupos y fracciones legislativas, nadie se queja de nada, todos reciben el mismo beneficio, ahí si son parejos, aunque gana el grupo que mayor número de diputados tiene.
Los empleados que no trabajaban para la Legislatura tienen que ser despedidos y el dinero es insuficiente. Sin embargo, la carga presupuestal de las liquidaciones es para el presupuesto de la LIX Legislatura. Afirman que, quien más empleados metió fue Eric Salas González, por eso peleó hasta el último momento la posibilidad de ganar la reelección, la que perdió frente a Morena, no quería dejar los privilegios que les da el ser diputaos. Él les dejó la cauda de compromisos que nadie quiere cargar con ella. Y así las cargas que ninguno (ninguna también) quiere llevar a cuestas y cómo hacerlo si los que también arriban, van con la gente de su confianza. La estructura administrativa es muy grande y pocos son los que trabajan; a los sindicalizados los protege su gremio, los padrinos protegen a su gente y aquellos que no están en ninguna de las dos esferas de confort, esos sí tienen que trabajar, desquitar su salario. La primera prueba de fuego para los nuevos legisladores es a la llegada, enfrentan la repartición obligada del personal de base, todos preguntan por los antecedentes; unos empleados cambian por unos días para mostrarse eficientes, ya luego vuelven a las andadas una vez que se ganaron la confianza del nuevo “patrón”; otros no encuentran acomodo, nadie los quiere (no tienen padrino), pero no pueden ser despedidos por contar con base. Y si a todo esto agregamos que es la mayoría de los trabajadores forma un nido de militantes de partidos políticos, la cosa se complica más; un panista no es aceptado por un morenista y así sucesivamente; otros más tienen que usar el camuflaje para pasar como neutrales, aunque no lo sean. En estas condiciones los nuevos legisladores han cubierto el primer mes y los problemas no han concluido, a grado tal que no han podido nombrar al personal de confianza a que están obligados y deben pasar por la aprobación del Pleno; o que, incluso no han publicado las reformas de su Ley Orgánica, están atorados en ello, entre otras muchas otras cosas más.
El PAN, con sus 12 votos, por sí no puede nombrar a nadie; sin embargo, no tiene problemas en hacer alianzas con el Verde o amarrar los 4 votos del PRI; para ellos es la alianza natural y dejar fuera de la negociación a Morena y al PES. La repartición de Comisiones concluyó, total el número de integrantes de las mismas es quien tiene el control. Pero, el manejo de las finanzas, los asuntos administrativos, los asuntos legislativos o la administración del Instituto, deben quedar en manos de las confianzas de quienes tienen el control del gobierno de la Legislatura; no solo los asuntos legislativos son importantes para ellos, también el manejo del personal y los millones de pesos son de suma trascendencia, de importancia; los de finanzas podrán revisar las cuentas de los que se fueron, cómo y en qué se gastaron el dinero; el administrativo podrá ver la nómina completa, entradas y salidas, salarios, lugar de ubicación o comisión. Pero, como van las cosas, seguramente impondrán se impondrán camisa de fuerza y continuarán aplicando aquella frase popular que dice: “La ropa sucia se lava en casa”. Pues denunciar sería salpicar a los mismos panistas que han tenido desde hace varias legislaturas el total control de ella y esta vez no será la excepción.
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