Sigue vigente el enorme problema generado por la “aparente” cancelación de la obra aeroportuaria de Texcoco, no se ve a corto plazo la forma de resolverlo, si no es por medio de una sangría económica de miles de millones de pesos en agravio del erario federal y que recaería en los bolsillos de aquellos que sí pagan todos sus impuestos y no solo los de consumo. La compra de bonos que presumió como un éxito el gobierno federal, que obran en manos de extranjeros, resultó un verdadero fracaso; del fondo que existe para la construcción del aeropuerto iban a gastar mil 800 millones de dólares, creyendo que de inmediato serían vendidos por los tenedores y el gobierno recuperaría parte del control de ellos.
Pero no aceptaron los tenedores y cómo hacerlo si les ofrecieron menos de su valor, sin intereses de por medio. Se trataba de un “buen” negocio para el gobierno y una pésima inversión de los extranjeros. No cayeron en el garlito. Los bonos fueron comprados como inversión que va desde los 3 a los 30 años y los tenedores esperan ganancias, no pérdidas, sabiendo que el aeropuerto de Texcoco les promete excelentes rendimientos una vez que inicie la operación; pero la suspensión de la obra más bien parece un mega fraude y no una inversión. Las demandas que se podrían desprender serían multimillonarias. El asunto sigue sin resolverse.
A ello se suma la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, de la Ciudad de México, registrado bajo el número 1083/2018; sentencia dictada en contra del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Las razones son simples, no era autoridad alguna para tomar la decisión de suspender la obra del aeropuerto; tampoco la consulta popular tuvo validez alguna, ni constitucional, ni legal, por lo tanto, carece de fuerza vinculatoria que obligue a su cumplimiento. Se advierte que, si la orden viniera del ahora Presidente de la República, habría un acto de autoridad que vincule la orden con el resultado, que entonces no la hubo. De tal suerte que el gobierno de López Obrador se encuentra entrampado en este delicado y trascendente asunto, que de ser un mero capricho se convirtió en un serio problema legal, financiero y económico que hasta el día de hoy no tiene solución.
Por eso la obra continúa; por ello el gobierno no ha podido notificar legalmente a ninguno de los constructores de la cancelación de la obra, no hay fundamento y los empresarios no pueden emprender acción legal alguna si no hay acto de autoridad que cancele legalmente los contratos que suscribieron con las autoridades competentes. Lo hecho por Andrés Manuel López Obrador, siendo Presidente electo, fueron actos eminentemente extralegales sin valor jurídico alguno. La consulta popular tampoco tuvo ninguna consecuencia, dado que no se apegó a formalidad alguna prevista en la legislación vigente. Todo lo realizado por el expresidente electo es de plena nulidad, actos apócrifos sin consecuencias legales que a nadie obligan.
Sumado a lo anterior, de los 18 proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, para el 2019, que aparecen en el paquete económico presentado ayer sábado por Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, a la Cámara de Diputados, que forma de la Ley de Ingresos y Decreto de Egresos, no aparece el Aeropuerto de Santa Lucía, salvo aquello que calificó el Secretario, en el documento de 13 cuartillas, como modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y conectividad, para lo cual proyectan un gasto de 18 mil millones de pesos, que contrasta con la diferencia de las pensiones para adultos mayores que se va a los 100 mil millones de pesos. No están contemplando la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Salvo que se trate de un engaño en la redacción (semántica) para disimularlo así para que no se enteren los inversionistas y constructores. Esto ahonda las dudas sobre el aeropuerto de Texcoco, obra pública que sigue su curso a paso lento.
¿Qué les parecieron las torpezas de la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval? ¿La del Secretario de Educación Esteban Moctezuma? ¿Lo dicho por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? ¿El permiso a la Madre Tierra, de López Obrador?
La secretaria sugirió a los empresarios que bajen los altos salarios de sus empleados para estar en la misma sintonía con el gobierno federal. Sugerencia que no tiene otro objetivo que el de generar un país de pobres y mediocres. Para qué estudiar, para qué capacitarse, para qué tanto esfuerzo si nunca habrá buenos salarios. Ello es deleznable, desestibar a la población entera a superarse ¡Por favor! ¿En qué cabeza cabe semejante torpeza? La Secretaria merece muchos calificativos que no se permiten en esta columna.
Y el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien afirmó que con el “nuevo sistema educativo de la 4ª Transformación, los alumnos ya podrán copiar en los exámenes. Otra reverenda estupidez. Ello también provocará que los alumnos no se esfuercen en ser de los mejores estudiantes ¿Para qué estudiar si se puede copiar? Este nuevo sistema generará profesionistas mal preparados en comparación con la competencia por la excelencia a nivel mundial. Muy distinto es realizar trabajos en grupo, pero ¿Copiar en grupo?
Sin mayores cometarios la tremenda mentira de Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que el problema de los indocumentados centroamericanos se resolvió en 5 días. Debería preguntar a los tijuanenses para sacarla de su ostracismo. Los problemas cada día se agudizan y tienden a generar serios conflictos sociales.
Y el Presidente de la República que ya le pidió permiso a la Madre Naturaleza para construir sus vías para el ferrocarril. Han presupuestado, dentro de los programas prioritarios del gobierno lopista casi los 9 mil millones de pesos para iniciar los trabajos del Tren Maya y el corredor “Tran sístm ico” (sic). Por supuesto que hasta ahora no hay estudio alguno del impacto ambiental que causará semejante destrucción. Muchas organizaciones de ecologistas, otra más y millones de mexicanos rotundamente se oponen a la construcción. Pero, el Presidente no oye ni escucha, su segunda consulta popular inconstitucional, ilegal y apócrifa (acorde con el criterio del Juez de Distrito) le da la autoridad para ordenar la realización de la obra. Así va la 4ª Transformación en estos 15 días de gobierno. Y lo que nos espera.
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