Nadie sabe hasta ahora cómo saldrá el dictamen que obra en manos del Senado de la República, relativo a la creación del nuevo cuerpo policial que pretenden denominar Guardia Nacional y la abrogación de 3 instituciones; los cuerpos policiales del ejército y la marina y policía federal; todos sus integrantes, más otros 50 mil nuevos miembros que están en espera de contratación y capacitación, para formar el nuevo cuerpo policial a cargo de la seguridad pública nacional. El Presidente ha insistido en que le “regresen” su artículo transitorio que fue eliminado en la Cámara de Diputados, que le permitiría extender todo su mandato, como hasta ahora, haciendo uso del personal del ejército en las calles, coadyuvando en acciones de seguridad pública, con lo cual tendría el Poder Ejecutivo, una fuerza pública policial enorme.
La pregunta es ¿Para qué necesita la fuerza policial de la Guardia Nacional? Si el mismo Presidente ha insistido y lo ha demostrado en los hechos, que no hará uso de la fuerza pública para reprimir al pueblo. Van dos casos que serán emblemáticos del nuevo gobierno que harán historia, en los cuales no se utilizó el uso de la fuerza pública para reestablecer el orden jurídico que fue quebrantado en su momento. El primero de los 2 ejemplos que menciono, fue el de Tlahuelilpan, cientos de personas robando gasolina frente a las fuerzas del orden público federal, lo que originó la muerte (hasta ahora) de 130 personas. El Presidente sabía lo que sucedía y no cumplió con su mandato legal, no instruyó al Secretario de Seguridad Pública, ni al Secretario de la Defensa Nacional, para que se evitara el saqueo de combustible; el Presidente dejó las cosas correr, explotó el combustible y murieron muchas personas, lo que pudo evitarse de haber hecho uso de la fuerza pública, la ley lo mandata y por tanto permite el uso de la fuerza legal para reestablecer el orden.
El segundo caso fue el bloqueo de las vías del ferrocarril en el Estado de Michoacán, realizado por un puñado de profesores adheridos a la CNTE, quienes reclamaban incumplimiento y pago de salarios y otras prestaciones. Más de un mes las vías bloqueadas, generando millonarias pérdidas en agravio del sector empresarial; el bloqueo u obstrucción de las vías del ferrocarril constituyen un delito, había flagrancia y nada hizo el gobierno federal para evitar que se continuara dañando la economía del país. No se dio la orden a las policías para que reestablecieran el orden, no se hizo uso de la fuerza pública permitida por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Versión del mismo Presidente, no hará uso de ellas en contra del pueblo, a pesar de que estén delinquiendo.
De tal manera resulta verdaderamente incongruente por parte del Presidente de la República, exigir le autoricen la creación de un nuevo cuerpo policial si no lo va a utilizar; no usa a las actuales fuerzas, como lo es la propia policía federal y la de los estados, en conadyuvancia. En los dos casos que comento fue competencia de la federación, de esta suerte no puede responsabilizar a los gobiernos de Hidalgo ni de Michoacán; es responsabilidad del Presidente de la República, no le autoriza a su Secretario de Seguridad Pública, tomar acciones para reestablecer el orden legal quebrantado por grupos delincuenciales, aunque el Presidente le dé otra interpretación que lo lleva al ámbito político, para extraerlo de la esfera penal. La pregunta resulta por demás evidente ¿Para qué quiere el Presidente de la República una policía de seguridad pública si no la utiliza constitucional y legalmente? ¿Cuál es entonces el propósito de crear una nueva y más poderosa policía? ¿Para perseguir delincuentes? Esa no es su competencia legal, queda fuera de la esfera del Poder Ejecutivo; es atribución de la nueva Fiscalía, que tampoco hace nada sin la autorización presidencial; la persecución de los delincuentes y de los delitos, es de la Fiscalía, no de la policía de seguridad pública. Para eso está la policía de la fiscalía, antes policía ministerial.
No se puede entender la terquedad del Presidente de la República, en exigir se le autorice un nuevo cuerpo policial si no utiliza legalmente los que existen para establecer y reestablecer el orden público y legal. El desorden antes que el orden, en aras de no usar la fuerza pública para reprimir a los delincuentes calificados de “pueblo”, por el mismo Presidente, para eximirlos de responsabilidad civil y penal. Cualquier gobierno hace uso de la fuerza pública (es obligación) cuando se rompe el orden y se atacan, lesionan derechos de terceros impunemente; es obligación y no elección discrecional del gobernante hacer uso de la fuerza pública o ¿acaso espera el Presidente que haya violencia entre las partes para que pueda intervenir la policía? ¿A cuál de las partes va a reprimir?
Acorde al criterio de justicia del mandatario, a ninguna de las partes, todos serían pueblo y el desorden, la violencia cundiría sin remedio, hasta levantar cuerpos heridos o muertos. Tal vez pretenda el Presidente que las fuerzas del orden de los estados intervengan para acusar a ellos de represores, solo por aplicar la ley y cumplir con la misma norma ¿Eso es lo que espera el primer mandatario? ¿O tampoco permite que actúen los cuerpos policiales de estados y municipios para conservar la seguridad pública? Si el presidente no hará uso constitucional y legalmente de las fuerzas del orden para disuadir o reprimir actos de violencia ¿Acaso utilizará ese monstruoso cuerpo policial para otras acciones perversas? ¿Para qué quiere esa enorme fuerza del estado si no la utiliza? La interrogante queda en el aire y sin respuesta, usted podrá obtener sus propias conclusiones ¿Para qué quiere el Presidente la Guardia Nacional si no la dejará actuar?
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Si admite comentarios: Muchas personas no coincidimos en que la actual administración federal cree la Guardia Nacional, no porque no coincidamos con un cuerpo de este tipo, sino porque lo presentan contrario a lo que se dijo antes de que se ocupara el cargo, antes del despacho en Palacio Nacional. Es decir como un cuerpo militarizado, integrado por miembros del Ejército Mexicano y la Marina, cuando se había dicho que la presencia del fuerzas militares, el Ejército Mexicano en las calles no era legal, ni había contribuido a mejor la "seguridad Pública". Por el contrario se había profundizado la violencia y la "guerra contra la delincuencia y el narcotráfico" se convirtió en una guerra social contra los pueblos, que tiene saldos devastadores; cientos de miles de víctimas mortales de homicidios graves, cientos de personas desaparecidas y dos millones de desplazados. Incluso se dijo "abrazos no balazos". La Guardia Nacional como se presenta es la continuidad de la política que estimamos ya fracasó. Mas que no se ha a enfrentar con la fuerza pública las inconformidades y descontentos sociales y populares que tras 4 décadas de aplicación al costo que sea del neo liberalismo están presentes. En lo que no he coincidido es en el enfoque de la acusación al magisterio del estado de Michoacán, inconforme principalmente con la falta de pago de salarios. Un situación que es responsabilidad del gobiernador Silvano Aureoles Conejo, quien ha podido hacer lo anterior y cometer graves violaciones a derechos humanos que han quedado en la impunidad. Desde luego que no es deseable que queden paralizadas vías de comunicación. Pero al ver las notas de las "millonarias pérdidas" empresarios y en especial la empresa minero metalúrgica ArcelorMittal, conociendo nosotros la situación, la pregunta que se nos viene a la mente es: Quien valúa los daños que durante muchos años ha causado la devastadora minera metalúrgica hindú inglesa, la más poderosa del mundo, en producción de hierro y acero?? Conozco personalmente la contaminación del Río Acalpican, que de aguas claras con peces es una corriente de líquidos de alta contaminación; la contaminación de la Presa de Jales, que inundó al 100 % parte de los poblados de la tenencia de la Mira, las explosiciones del ferroducto frecuentes, que además pasa por zonas pobladas incluso donde juegan niños; la contaminación de parcelas de siembra y en especial huertos de diversas especies, y el daño estructural a irreversible a decenas o cientos de viviendas en los pueblos que rodean las minas con el depredador método del "cielo abierto"? quien valor los daños a la salud, que ha llevado a muchos pobladores a enfermar de la piel ante aguas contaminadas en en épocas de lluvias entran a sus vivienda, o de plano padecimientos de cáncer que han cobrado la vida de pobladores? En otras palabras, si es necesario que tengan normas, lo que se llama estado de derecho. Pero mientras sea para unos sí y para otros no, seguiremos con una situación social en que los gobernados llevan a cabo acciones para llamar la atención de agravios muy rezagados.
Lunes 18 de febrero, 2019