El reconocimiento de inocencia que ordenó el Tribunal de Alzada, lo ejecutó el Procurador General de la República, en favor de las tres indígenas queretanas hñahñu. Grupos radicales de izquierda hicieron fiesta del evento, dejando en claro que coptaron políticamente a Jacinta, Alberta y Teresa, así como a la familia, por el injusto proceso de que fueron objeto las mujeres.
En primer término, debe considerarse como un hecho histórico que el estado haya ofrecido disculpas públicas a tres indígenas hñähñu, acusadas de secuestrar a seis agentes federales –armados- en 2006. Acto que la mayoría confunde como “disculpas” del gobierno, lo que jurídicamente no existe; otros más como un acto de la PGR y no del cumplimiento de una sentencia, lo cual tampoco existe no el Código Penal Federal ni en el Código Nacional Procesal Penal. Lo cual no importa para la crítica rampante y simple de los opositores al gobierno, como en el caso fueron algunas organizaciones “defensoras de derechos humanos”.
Tampoco interesa al periodismo irresponsable que confunde o no le importa distinguir los actos jurídicos. Para todos fue más importante la frase: “Nos chingamos al estado”, que vertiera la hija de una de las indígenas en el discurso que le prepararon para leer. Frase destacada por los medios de comunicación nacionales y extranjeros. En el caso de las indígenas nadie “chingo a nadie”. Todos los involucrados salieron perdiendo.
El reconocimiento de a un mal proceso penal llevado a cabo por el Poder Judicial Federal, involucra a todos; Pero la ignorancia se impone a costa de lo que sea. Tal vez las trivialidades de los conceptos no interesen a muchos, sin embargo es la base para forjar un pueblo culto: las palabras.
Cierto que el abuso inició en los gobiernos tanto de Felipe Calderón Hinojosa –federal- como el de Francisco Garrido Patrón –estatal-; pero el estado mexicano continúa siendo el mismo. En tanto se sentenció a las tres mujeres, estuvieron privadas de su libertad por casi 4 años de prisión. Entonces no puede afirmar la hija de una de ellas que se “chingaron al estado” –lo que mereció aplausos de la disidencia-. Cierto que el asunto jurídico generó diversas reacciones internacionales y nacionales por lo inverosímil de la acusación que pesaba en contra de las indígenas, nadie podía creer que tres mujeres hubiesen podido someter a seis elementos de la AFI. Aunque en el pueblo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, zona indígena, los oriundos del lugar son de naturaleza aguerrida, no fácilmente respetan a la autoridad, muchas veces responden con agresión; con todo y ello, nunca fue creíble la versión de seis policías federales.
La autoridad juisdiccional, entiéndase Poder Judicial Federal, no solo confirmó el dicho de los policías, estimó que eran culpables las indígenas de los hechos imputados y las sentenció como responsables del delito de secuestro, avalando su estancia en la cárcel. Al paso del tiempo, por medio de recursos legales, el mismo Poder Judicial Federal, echó todo abajo y, siendo coparticipe de los abusos legales e injusticias, determinó no solo deslindar de responsabilidad a las indígenas, también que fuesen indemnizadas y emitieran el reconocimiento de inocencia. Esto lo debe hacer la autoridad responsable que dictó la sentencia de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, Capitulo XIII.
A casi 11 años de su detención, Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, reconoció el error cometido durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, desde la acusación hasta la sentencia; pidiendo también disculpa por los daños causados durante el tiempo que estuvieron en prisión. El Poder Judicial Federal fue el responsable de estimar a las indígenas responsables del delito de secuestro y por haber impuesto la pena de prisión, bajo la acusación de la PGR.
En el acto fue aprovechado por disidentes y explotadores de causas sociales, sedicentes defensores de derechos humanos, quienes hicieron reclamos al Procurador General de la República, por algunos asuntos no resueltos –según ellos- por la PGR, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –que están muertos y no desaparecidos-, así como los homicidios en los municipios de Nochixtlán y Ostula, -según ellos- cometidos por autoridades policiales, entre otros. Total que el evento los de siempre lo aprovecharon y aplaudían cualquier palabra en contra de la autoridad.
El Procurador, Alberta, Teresa, Jacinta y la hija de una de las indígenas dieron entre otras cosas lo siguiente. Procurador: “Estas prácticas no deberían seguir ocurriendo en nuestro país y, cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas”. “La Procuraduría General de la República contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo interfiriendo, injustamente, con su proyecto de vida”. “Sirva este acto para ofrecerles una disculpa públicamente en español y en hñähñu, como medio de reparación del daño”.
Alberto Alcántara: “La disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido en la cárcel”. Teresa González: “Quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que esto ya no va a suceder, que más personas no van a ir a la cárcel por delitos que no cometieron”. Jacinta Francisco: “Estaré contenta cuando se acabe la injusticia, cuando nos respeten como indígenas”.
Estela Hernández –hija de Jacinta-: “Hoy nos chingamos al Estado”. “Quedamos ante ustedes, la familia Jacinta, hasta que la dignidad se haga costumbre”. “Es una pena que a 10 años de los hechos, la Procuraduría pida una disculpa de manera forzada y no por voluntad”.
Conclusión: En este asunto todos salieron perdiendo.
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