Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que daría seguridad al personal militar que colabora en las acciones de seguridad en apoyo de las autoridades policiales civiles. El Ministro ponente había propuesto la inconstitucionalidad de algunos artículos y la constitucionalidad de otros. Sin embargo, la mayoría calificada de Ministros impusieron el criterio de la incompetencia de los diputados y senadores para legislar en materia de seguridad pública y que, la seguridad pública no era competencia de los militares, por lo tanto, la inconstitucionalidad de la ley.
Mientras los Ministros se rasgaban las vestiduras para anular la referida ley, los actuales legisladores darán forma a una nueva policía que se conformará con militares, marinos y policías federales, para constituir a la Guardia Nacional, producto del programa de gobierno de paz y seguridad que impulsará Andrés Manuel López Obrador. Sumará a las policías tanto de la Marina como del Ejército en labores de seguridad pública nacional y la nueva dependencia estará adscrita al ejército.
México vive desde hace algunos años una violencia imparable producto de la delincuencia organizada y gracias al Ejército y la Marina se ha contenido, que no resuelto el problema. Esa delincuencia se ha diversificado e internacionalizado. La delincuencia ha doblegado a muchas policías, otras más han sido compradas y muchas combatidas por la delincuencia a grado tal que han perdido la batalla. La corrupción se ensañó con las formidables pagas que hace la delincuencia a esos pobres policías mal preparados, mal pagados y reducidos en su número, sumado a que se han visto rebasadas en armamento por la delincuencia. Y si a todo ello agregamos la abierta protección de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en favor de los delincuentes, los policías son verdaderamente diezmados por las bandas criminales y esos defensores que por medio del dinero logran proteger a los delincuentes con los mejores abogados, bien pagados con dinero producto de la delincuencia ¿Cómo combatir ese perverso mal? Para colmo, los Ministros que solo se sientan a cobrar sus millonarios salarios, terminan por proteger a los delincuentes pretendiendo mandar a los soldados y marinos a sus cuarteles, mientras la delincuencia hace de las suyas en las calles. Claro que también justificaron que el Presidente de la República puede hacer uso de esa fuerza ¿Entonces? ¿Tan mal estuvo el proyecto de resolución del Ministro ponente que lo destruyeron de principio a fin? Como dijera el aborrecible diputado federal Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena, cuando expresó que ni una como dejarían de toda la legislación de educación; y ni una coma dejaron los Ministros a la Ley de Seguridad Interior.
Lo cierto que no se ponen de acuerdo en un tema que lastima severamente a la sociedad mexicana, como lo es la delincuencia organizada y desorganizada ¿No pueden sentarse legisladores y Ministros en bien de México y proyectar una buena ley para darle herramientas a quienes combaten a los delincuentes? En contrario, unos evidencian a otros y los delincuentes felices haciendo de las suyas. Parece que son enemigos aquellos que componen estos dos Poderes públicos. Los elementos de las fuerzas armadas iban a contar con el instrumento jurídico que les permitiría actuar con seguridad en la coadyuvancia en materia de seguridad pública, si bien reservada para los policías municipales, estatales y federales acorde con la Constitución; pero, 12 años constantes de luchas no les hizo entrar en razón de exigencia y necesidad de contar con el apoyo de la Marina y el Ejército para contener (al menos) a los delincuentes, dándoles el marco legal que les garantice seguridad en su actuación. La ley declarada inconstitucional (preveía) generaba las condiciones procesales para ambos cuerpos castrenses para poder actuar en auxilio de las autoridades civiles; pero no, prefirieron que sigan actuando sin protección alguna, salvo la orden del Presidente de la República que les obliga a participar en lo que a los Ministros les parece inconstitucional. Eso es verdaderamente perverso de parte de los impartidores de justicia.
Poco les durará el gusto a los Ministros. Pronto, en pocos días, entrará en funciones un nuevo cuerpo policial que se conformará con soldados y marinos, entre otros y tendrán jurisdicción plena para actuar en función de fortalecer la seguridad pública, ese cuerpo de élite no pretende ser transitorio; no, la idea es que sea permanente y sin orden presidencial, quedará bajo la jerarquía militar ¿Qué harán entonces los Ministros y las organizaciones defensoras de los derechos humanos? ¿También promoverán la inconstitucionalidad de esa ley que les dará vida legal e institucional? ¿Qué dirá el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, quien festejó la sentencia de la Corte, también promoverá la inconstitucionalidad o se cuadrará ante López Obrador? ¿También promoverán el juicio de inconstitucionalidad los entonces legisladores de oposición hoy en funciones de gobierno? ¿Hará lo mismo Movimiento Ciudadano que también promovió la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior? Seguramente todos actuarán de manera distinta en esta ocasión. La enorme diferencia es que, López Obrador hace su propuesta iniciando su gobierno y Peña Nieto lo hizo al término de su mandato constitucional; el primero de ellos, con una fuerza inusitada y desmedida que busca regresar al presidencialismo absoluto; el otro, resultó un Presidente tibio y endeble, fue vapuleado por todos lados a grado tal que perdió fuerza, también se debilitó su poder por el exceso de corrupción de militantes de su propio partido a quienes se les toleró absurdamente. Dos situaciones jurídicas iguales que seguramente tendrán diferente tratamiento por parte de los mismos actores.
Lo peligroso del nuevo cuerpo policial, que se llamará Guardia Nacional, que nos lleva directamente a la policía militarizada, sin ambages, sin coadyuvancia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública; no, ahora no habrá eso, tanto el Ejército como la Marina, harán funciones de seguridad pública permanente y habrá destacamentos por toda la República Mexicana, muchos más que zonas militares. Cierto que las policías fueron rebasadas y era necesario reforzarlas con personal militar, pero la función pretendía ser transitoria con la ley declarada inconstitucional, ahora será permanente. En el gobierno de López Obrador, la atribución emanará directamente de la ley, ya no necesitarán la orden presidencial para actuar como hasta ahora, en lo sucesivo tendrán un mando intermedio. Pero, advierte el Presidente electo que él estará al tanto de toda la actividad de seguridad nacional, tendrá acuerdo diario con los altos mandos como lo hacía cuando fue jefe de Gobierno en el DF. ¿Eso hará la diferencia? Insisto: ¡Pónganse de acuerdo!
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