El mes de septiembre, considerado como el mes de la patria, será recordado en el año de 2024, como el mes de la ¡Traición a la Patria!

La nueva Legislatura federal apuró a “tumbos legislativos” la iniciativa de reforma al Poder Judicial. En unas cuantas horas, simplemente dieron por bueno el dictamen que les heredó la pasada legislatura. Dicen haber realizado infinidad de modificaciones a la iniciativa, mas dejaron intocados los puntos fundamentales, destruir el sistema de profesionalización que caracteriza el ingreso a cualquier plaza de impartición de justicia. Convirtiendo el esfuerzo de la profesionalización, en una suerte de sorteo para llegar a ocupar los cargos más importantes dentro del sistema judicial.

Transforman la superación profesional en el conocimiento del Derecho, en un juego de azar. Claro, se suman otras barbaridades para que, los otros dos Poderes tengan el control político de la impartición de justicia.

Como aún se encuentra en trámite el proceso legislativo no cabe el juicio de inconstitucionalidad, dadas las aberraciones que han cometido. Un juicio del que no podrá gozar la oposición legislativa por la falta de legisladores, se quedaron cortos en el número que exige la Constitución para la promoción, artículo 105 fracción II.

De tal suerte que cuatro jueces de distrito, al considerar que podrían vulnerarse sus derechos humanos de aprobarse la reforma, acudieron al juicio de amparo; mediante soporte legal ampliamente fundado y motivado, les fue concedida la suspensión de oficio. Para el solo efecto de que se les oyera, garantía de audiencia, dentro del procedimiento, dado que, una vez que se aprobara la iniciativa, serán imposible la reparación de sus derechos por medio del juicio de amparo. La medida concedida por 3 jueces de distrito incomodó al autor de la iniciativa y a los legisladores que hicieron caso omiso a la orden judicial, terminando de aprobar la iniciativa de forma por demás apresurada.

Consecuencia legal, quedaron en estado de indefensión los amparistas. A la vez que cometieron un delito, equiparable al abuso de autoridad cometido por los legisladores, previsto por la Ley de Amparo. El claro desacato a una orden judicial.

El “constitucionalista” de Monreal se burló de las autoridades judiciales, quitándoles la potestad de impartir justicia mediante el Derecho Procesal en materia de Amparo. Simplemente argumentó que no eran competentes para suspender los trabajos del legislativo. Sin acudir al juicio, no, todo a través de los medios de comunicación.

El resto de los neófitos legisladores, espetan a las autoridades judiciales con la interrogante ¿Nos van a destituir a todos? Claro que no sería esa la solución a la impartición de justicia, simples bravuconadas. En su caso, los responsables de no acatar la suspensión –que hoy miércoles se convirtió en suspensión definitiva, dejando de ser provisional–, serían los miembros de la Mesa Directiva, ellos tenían la facultad de suspender la discusión para el efecto de ser oídos los quejosos; pero no, estos funcionarios pasaron por alto la orden judicial hasta lograr la aprobación en lo general y en lo particular del dictamen que turnaron de inmediato al Senado de la República para el mismo efecto: aprobación “fast track”.

El común de la gente no tiene la menor idea de la trascendencia, es más, no les importa. La sociedad dividida literalmente en dos; unos que respaldan las arbitrariedades de AMLO y sus legisladores; los otros que la reprueban y rechazan por abusiva y temeraria.

El primero boque, conocidos como “chairos”, siguen las mismas reglas de los gobiernistas; sin fundamentos, sin razonamientos, simplemente quieren que se destroce al Poder Judicial. El presidente los “adoctrinó” y mal informó, asegurando que gozan de privilegios y son corruptos. Así que, a destruir los privilegios y a los corruptos. Así de terrible la irracionalidad de la manipulación con que se maneja ese enorme grupo de “desestabilizadores terroristas”. En el momento en que su “amo”, les cambie el “chip” de las órdenes, en ese instante lo harían. Pero no, les dio cuerda y ahora funcionan solos.

El segundo grupo social, el que razona y prevé las graves consecuencias que puede traer la puesta en marcha de las reformas, sigue pidiendo diálogo. Sí a la reforma judicial, mas no en los términos en que fueron planteadas en la iniciativa y aprobadas en la Cámara de Diputados. A este grupo, que es el más numeroso y razonable, se les ignora, se les vitupera, se les menosprecia.

Así que, jurídica y políticamente el oficialismo está haciendo lo que le place, no obedece órdenes de autoridades judiciales emanadas de juicios. Dejan en estado de indefensión a quienes interponen juicios de amparo, violan sus derechos humanos. Ni los ven ni los oyen como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Todo lo acontecido es delicado y de consecuencias inimaginables en el sistema de impartición de justicia mexicano. Las abusivas autoridades no respetan las órdenes emanadas de las autoridades competentes, lo que hace nugatorio el Estado de Derecho. Sin orden jurídico, ni justicia, es el caos, vienen las represiones y los abusos de autoridad se incrementan ¿Medir fuerzas de autoridad entre Poderes Públicos?

Aún falta camino por recorrer y no se ve en un futuro inmediato que las cosas cambien. Debido a la inseguridad jurídica que se avecina, se han frenado multimillonarias inversiones, el peso se sigue deslizando –no es otra cosa que devaluación–; en un par de meses pasó de 16 a pesos 20 por dólar. Se ha depreciado nuestra moneda. Continúa la galopante inflación. La inseguridad pública desbordada. Fin de sexenio desastroso, como en los viejos tiempos del partido dominante, la historia se repite. Dejaran de ser priistas resentidos.

Doña Claudia Sheinbaum, mientras tanto, cual eco desafinado se suma al desorden apoyando las arbitrariedades promovidas por su presidente ¿Seguirá así a partir del 1 de octubre próximo?

O se radicaliza o suaviza las tensiones y mete reversa para tranquilizar no solo a los mexicanos, también a los extranjeros que ven con pavor cómo México va camino al nefasto socialismo que destruye el capital, las libertades, los derechos humanos y reales, para convertir a los ciudadanos en esclavos de dádivas del gobierno, imponiendo la regla: empobrecer a todos por igual. Menos a la casta gobernante.

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