Andrés Manuel López Obrador reparte culpas y no acepta su responsabilidad en el incidente ocurrido el viernes pasado en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, derivado del robo de combustible en el ducto de Tula, Hidalgo; suman ya 85 muertos y la cifra parece que seguirá en aumento. Cientos de personas robaban gasolina durante horas, todo era fiesta, incluso (se aprecia en los videos) algunos se bañaban con el líquido altamente inflamable (sustancia que se quema fácilmente).
A esos cientos de personas, adultos, niños, señoras, poco les importaba el riesgo que corría su vida, era más importante el robo que su seguridad; felices llenaban y llenaban garrafas de combustible, iban y venían por más litros del peligroso combustible; la autoridad solo observaba la fiesta que ahí acontecía. Ante el alboroto y la euforia de la muchedumbre, las fuerzas del orden recibían órdenes de no intervenir, lo cual confirmaría horas después de la tragedia el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa. La acción por omisión es punible penalmente, pero el Presidente de la República, goza de la protección constitucional del “fuero”. No así los subordinados de este.
¿A quién culpar de la tragedia que imprudentemente causó muchas muertes que pudieron evitarse? Por lo pronto, por boca del mismo presidente de la República, se deslindó de la responsabilidad legal y política; echó culpas a costumbres añejas de los pueblos, a la pobreza, a pasadas autoridades, al negocio del robo de combustible; acusó a todo lo que se le vino en mente. Eludió la responsabilidad jurídica, histórica y política que a él corresponde, pretendió justificar lo injustificable. Pensó era mejor que el “sabio pueblo” se robara el combustible, a utilizar la fuerza pública y causar un enfrentamiento, no quiso que se le acusara de represor del pueblo, por eso se mantuvo pasivo y replegó las fuerzas del orden, cuya obligación es mantener el orden. Las instalaciones dañadas son propiedad de Pemex, el combustible que se robaban, también es propiedad de la empresa gubernamental. La responsabilidad de la custodia de esos bienes es del gobierno federal; evitar daños a los ductos de Pemex, es responsabilidad de la empresa paraestatal, empresa del gobierno, luego entonces responsabilidad el gobierno federal.
No es fácil evadir la responsabilidad; sin embargo, nadie acusa al Presidente de la República. Sí hubiera echado culpas el mismo Andrés Manuel López Obrador, si hubiese estado en la oposición; pero hoy es gobierno y desliza la responsabilidad, acusa a otras razones y circunstancias ajenas a él. Si atendemos a las excusas (que no razones) vertidas por el Presidente de la República, nadie será responsable de las muertes de más de 85 personas, de los muchos heridos y otros desaparecidos. Será cosa de la casualidad, del “sabio pueblo” que, imprudentemente arriesgó su vida por unos cuantos litros de gasolina, la causa principal; será la pobreza en que fueron sumergidos por los gobiernos neoliberales, ellos son los culpables del terrible accidente. Pero, en el Derecho Positivo Mexicano, no se aceptan ficciones jurídicas; la verdad histórica es la que cuenta, esa que despreció el mismo Presidente de la República, en el caso de los 43 normalistas ejecutados a manos de la delincuencia organizada. ¿Ahora sí aceptarán los incrédulos de aquella masacre que sí es posible calcinar cuerpos humanos en unas cuantas horas sometidos al fuego y que siempre han negado? La realidad histórica tuvo que darle un frentazo al Presidente de la República.
Para cualquier autoridad, en ejercicio de sus funciones, existe un catálogo de responsabilidades, obligaciones que deben cumplir; para eso son nombradas autoridades, no es discrecional el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley. En el supuesto de evadir responsabilidades cuando deben cumplirse, la omisión también es un delito, se persigue y castiga con pena privativa de la libertad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, blinda al Presidente de la República, quien solo puede ser sancionado por delitos graves y traición a la patria ¿Sería delito grave la omisión en que incurrió López Obrador? Seguramente que así sería, responsable indirecto de la muerte de 85 personas (hasta ahora) y lesionadas otras tantas más por su omisión. ¿Qué hubiera sucedido si el Presidente hubiese dado la orden de “poner orden” en el momento de la ejecución del robo de combustible? El presidente de la República no quiso correr el riesgo de ser acusado de represor por cumplir con su responsabilidad de reestablecer el orden; su fallido cálculo fue político, se olvidó de la responsabilidad jurídica, evadió el Estado de Derecho, privilegió la solución política. La terrible consecuencia por la omisión Presidencial es de sobra conocida. Los defensores a ultranza del López Obrador, ya lo exculpan de los hechos. Sin embargo, los analistas y objetivos ciudadanos ya sentenciaron como culpable de la tragedia (que pudo evitarse) al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos visiones totalmente distintas de los mismos hechos.
Y a todo esto, ¿qué pasa con el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses? En su estado sucedieron los hechos. Todos sabían de lo que acontecía en ese lugar del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, lugar que habitan 20 mil personas aproximadamente; nadie hizo nada ¿Y el presidente municipal Juan Pedro Cruz Frías? A ese no se le menciona por ningún lado, su fuerza policial es tan pequeña que pasa inadvertida. Municipio gobernado por el Partido del Trabajo, partido de izquierda, aliado hoy en día a Morena. Fueron horas y horas de jauja gasolinero del pueblo; sin exagerar, literalmente era una fiesta, todos robando combustible sin que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno hiciera nada al respecto. El gobierno federal fue capaz de dejar sin combustible a 10 estados de la República Mexicana, cerrando las válvulas de abastecimiento ¿No pudo cerrar una sola llave para evitar el descarado robo de combustible? Nadie en su sano juicio puede negar que no sabía nada. Tal vez López Obrador, acostumbrado al “huachicoleo” no le tomó importancia y prefirió que siguieran robando el combustible, el “sabio pueblo” haciendo de las suyas. En tiempos de campaña Andrés Manuel dijo que los huachicoleros robaban combustible porque eran pobres. En tanto, las autoridades omisas en su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, la cual protestaron hacer cumplir cuando tomaron protesta del cargo: Nadie cumplió. A la fiesta se sumó el gobierno federal solo como observador de los hechos.
El personal del Ejército Mexicano, siempre leal, estaba presente en la zona del siniestro, solo esperaba órdenes (que nunca llegaron) del su Comandante Supremo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien privilegió una decisión política al cumplimiento de su responsabilidad; es culpable por omisión directa del tremendo siniestro, acto dantesco que vuelve a dividir las opiniones de los mexicanos. Muchos de ellos, incluso, deslindan de responsabilidad a todas las autoridades y dejan caer toda la culpa en los mismos ladrones de combustible.
Seguramente no habrá responsables del sensible acontecimiento que llamó la atención de todos los mexicanos y fuera de las fronteras; otros, como Claudia Sheimbaum, aprovechan el escenario nacional e internacional, sale de su territorio de gobierno para ayudar a las víctimas. En estos momentos, lo más importante es salvar vidas, las que se puedan rescatar después de los 85 muertos que hasta hoy se contabilizan, todo por causa de la negligencia implícita de la omisa autoridad. Parece que será necesario replantear la estrategia del combate al robo de combustible; no son los mismos delincuentes los de cuello blanco, a los “poquiteros” o la negra empresa que de manera paralela manejaba el sindicato petrolero y robaba millones de litros de gasolina.
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