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La Cámara de Senadores logró liberarse del secuestro que pretendía imponerles el grupo parlamentario del PAN, bajo el pretexto de no dar el pase automático al nuevo Fiscal de la Nación; gracias a 5 senadores panistas impidieron el “delito legislativo” y lograron elegir a los miembros de la Mesa Directiva. La Cámara de Diputados no corrió con la misma suerte y los panistas han tenido secuestrada la actividad legislativa por cinco días consecutivos.
El 31 de agosto pasado debieron elegir a los integrantes de la Mesa Directiva para que conduzca los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones, del último año de ejercicio constitucional. Por órdenes de su dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, boicotearon la sesión de la elección y hasta este momento no hay Mesa Directiva, so pretexto de no darle el pase automático al actual Procurador General de la República, a la Fiscalía por un periodo consecutivo de 9 años. Sin embargo en el fondo ese no parece ser la razón, más bien es la “guerra” que declaró Anaya al PRI-gobierno por aquello de su impresionante patrimonio familiar.
Si esa fuera la razón que los moviera, no hubiera permitido que gobiernos panistas en varios estados hicieran exactamente lo contrario que ellos defienden como pretexto del pase automático. Sí, en varios estados los panistas han impuesto a los fiscales que durarán periodos de 9 años, luego entonces no hay tal congruencia con su argumentación. No pueden exigir en un lugar una cosa y hacer lo contrario en otro espacio. Eso se llama incongruencia, falacia de argumentos, mentiras políticas en el mismo ámbito legislativo, sí, en Legislaturas locales en donde se han impuesto a los fiscales por gobiernos panistas. Por lo tanto, queda claro que ese no es el argumento de fondo, vamos ni de forma.
Los panistas en la Cámara de Diputados y algunos que se han aliado a ellos como perredistas, pretenden justificar que, de darle el paso automático al actual Procurador, habría impunidad a favor de servidores públicos del actual gobierno cuando concluya su periodo constitucional, ese mismo pretexto no lo han practicado en estados como el de Veracruz. No es entonces esa la causa del “secuestro legislativo” que han impuesto a la LXIII Legislatura, impidiendo que den comienzo los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Parálisis inaudita nunca antes suscitada; podría pensarse en un verdadero problema constitucional del “secuestro virtual” de uno de los Poderes Públicos, el Poder Legislativo, dado que se encuentra literalmente maniatado. Esos delincuentes son los que hacen leyes. Poco les importa cumplir con su responsabilidad, si antes esta la satisfacción de las apetencias políticas, más ahora que dará inicio el proceso electoral el próximo día 8 de septiembre.
Panistas de la envergadura de Margarita Zavala han exigido públicamente la renuncia de Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, por sus actitudes abusivas y mezquinas. Los senadores “rebeldes” a las indicaciones de Anaya, también han coincidido en la mezquindad de Ricardo Anaya, que los ha llevado al límite de los abusos y todo por entrelazar asuntos personales con temas de partido, legislativos y de gobierno. La desavenencia ha llegado a tal grado que un grupo proclive a Anaya ha pedio la expulsión de los 5 panistas que se atrevieron a evitar la parálisis legislativa en el Senado, por haber frustrado el “secuestro legislativo”, pretensión que impidieron esos 5 panistas.
La reglamentación interna del Congreso de la Unión, permite un periodo hasta de 5 días, para que los diputados elijan a los integrantes de la Mesa Directiva, una vez que inicia un periodo ordinario de sesiones, en caso de existir desavenencias. Pero ¿Qué sucede vencido ese plazo de 5 días que fenece hoy 5 de septiembre a las 24:00 horas? La norma no contempla solución alguna al conflicto, por lo tanto quedarían sin representación legal y política; no habría quien convoque a sesiones, quien conduzca los trabajos legislativos. Inaudita la postura del grupo parlamentario del PAN, por un asunto que no es de su competencia, el pretendido problema está en manos de la Cámara de Senadores, no de los diputados; los diputaos amagan a los senadores para que realicen una función que no es de su legal y constitucional competencia. Vaya delincuentes y así quieren terminar con la corrupción; esas actitudes son eminentemente corruptas.
Ahora se piensa que el Poder Judicial debe intervenir para darle viabilidad a los trabajos de la Cámara de Diputados. Este asunto me trae a la memoria lo que hizo Ricardo Anaya Cortés, cuando fue diputado local en Querétaro y coordinador de la bancada albiazul. Estaban en plena elección de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro, él negociaba neciamente la inclusión de varios panistas a la lista de consejeros que debían ser electos por votación calificada; como no conseguía su propósito obligó a su bancada a abandonar la sesión, rompió con la votación calificada. Así pretendió presionar a todas las otras fuerzas políticas a negociar con él.
Pero ¡Oh sorpresa! Con simple votación mayoritaria y no calificada, los legisladores opuestos a Anaya eligieron a los consejeros electorales. Por supuesto los panistas recurrieron la votación ante la Sala Electoral y ahí perdieron el juicio, los magistrados declararon legal y constitucionalmente electos a los consejeros. Los mismos Magistrados calificaron de irresponsables a los diputados panistas, entre ellos a Anaya Cortés, por su torpe actitud de impedir la elección de los consejeros dentro del periodo que para ellos les establecía le ley. Ahora, después de varios años de distancia Ricardo Anaya Cortés, realiza exactamente la misma estrategia y pretende paralizar los trabajos legislativos “secuestrando a la Cámara”.
Nada raro sería que se repitiera la misma historia política, constitucional y legal, que los Magistrados Electorales den las atribuciones a los legisladores que asistan a la sesión y con la simple mayoría de los presentes se nombre a los miembros de la Mesa Directiva. Primero están las instituciones antes que las necedades de pretender paralizar al Poder Legislativo, por caprichos e intereses personales. Al tiempo.
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