[Tras la Verdad] ¡Sí se afectarán derechos laborales de empleados del Poder Judicial federal!

Ayer jueves se desarrolló el encuentro con los ministros de la SCJN, en San Lázaro, lugar en el que expusieron sus opiniones sobre la iniciativa de reformas a la Constitución, presentada por el titular del Poder Ejecutivo y avalada tanto por su candidata ganadora, como sus legisladores y aliados.

Vamos, fue un simple trámite que no hará cambiar de opinión a los legisladores que ya no estarán para su aprobación en la siguiente Legislatura federal, salvo aquellos que repetirán otros 3 años más. Seguramente quieren dejar listo el dictamen para quienes entrarán en funciones el 1 de septiembre próximo.

¿Sirvieron de algo las exposiciones de los ministros? Seguramente que no. Una, la mayoría de los legisladores son legos en materia constitucional; y, nada los hace cambiar de opinión, tienen la orden de aprobar la in iniciativa.

Sin embargo los ministros propusieron, entre otras cosas, que sea escalonada la “invasión” al Poder Judicial, para no desmantelar la estructura de impartición de justicia; tal y como se hace en la misma Corte o en los organismos autónomos, al igual que en la Sala Superior del TEPJF.

No faltó el espectáculo bochornoso de la persona “trans”, diputada que irrumpió a gritos insultando a las y los ministros. Tuvo que ser “calmada y sacada” del lugar; otro poco y la “mujerota” arremete a golpes con algún ministro. Espectáculo bochornoso.

Días antes la virtual presidenta de México aseguró que no se verían afectados los derechos de todos los que serán despedidos del Poder Judicial.

¿No se van afectar los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial federal?

¡Por favor! La candidata electa afirmó semejante aberración legal ¿Que no se afectarían los derechos de los impartidores de justicia?

Si todos los impartidores de la justicia federal serán cesados, en caso de aprobarse la reforma a la Constitución, dejarán de ser empleados. Serán despedidos injustamente de un plumazo, jueces, magistrados y ministros dejarían de depender laboralmente del PJF.

La reforma a la Constitución propone que todos los impartidores de justicia, si desean continuar podrán participar en el “concurso de popularidad”, sujetándose al proceso de las elecciones abiertas a la población. Si pierden la elección pierden todo.

Y, si no participan en el proceso serán sustituidos una vez que los nuevos titulares sean electos. Nada se sabe de sus respectivas indemnizaciones. El orden jurídico establece una indemnización al 100%; varios miles de millones de pesos en el pago de indemnizaciones.

Tampoco nadie comenta sobre la procedencia o no de la inconstitucionalidad de los fideicomisos; si resulta inconstitucional, esos miles de millones son del Poder Judicial, de los empleados, de jueces a ministros. Casi 14 mil millones de pesos se los quiere “robar” el titular del Poder Ejecutivo, como lo hiciera con las pensione de los mayores de 70 años. Más asaltos. Se ignora cuál sería el destino de esos miles de millones de pesos.

Ahora bien, retomando la idea. De momento no existe propuesta sobre el destino de los miles de trabajadores del PJF. El secretario general del Sindicato del PJF, Gilberto González Pimentel, subió a las redes sociales un video en el que exhorta a “calmar los ánimos” de los empleados, debido a la incertidumbre por la inestabilidad laboral y sus respectivas prestaciones. De nada sirve el exhorto, los empleados están con un pie en la calle después de muchos años de trabajo, la incertidumbre jurídica y económica hace presa de ellos, por eso se manifiestan.

La prioridad de la reforma de AMLO radica en el cambio sustancial, radical en el funcionamiento y contratación del personal que administra la justicia federal.

Imposible pasar por alto el destino que correrá el personal, de aprobarse la reforma. La estructura administrativa será otra; un nuevo tribunal para enjuiciar a quienes imparten justicia.

La lógica, como ha sucedido en otras ocasiones, si se respetara el Estado de Derecho, todos deberán ser indemnizados conforme a las normas aplicables a ellos. En el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, cambió la estructura de la SCJN e ingresaron nuevos ministros. No llegó a más el cambio constitucional. Ahora es una locura lo que se propone.

En la reforma se insiste en que nadie puede ganar más que el presidente, disposición que ya existe en la Constitución.

Que los juicios se resuelvan en un término no mayor a 6 meses, también existe en la Carta Magna, otro engaño.

Lo trascendental para las y los mexicanos consiste en la nueva conformación de la estructura administrativa de los impartidores de justicia y la populista forma de “elegir” –no nombrar–, a ese personal ¡Ese que te impartirá justicia!

La eliminación o desaparición de las Salas de la Corte para funcionar exclusivamente en Pleno y reducción de ministros. Enorme carga de trabajo que generará rezagos o injusticias. La justicia no será ni pronta ni expedita; será rápida y como salga. También habrá eliminación de derechos adquiridos para los empleados, se abrogan por disposición constitucional ¿Qué pasará con la legislación secundaria que garantiza esos derechos? Ya les tocará a los nuevos legisladores resolver el problema.

Va un ejemplo. Cuando legisladores del gobierno morenista abrogaron la ley de la Policía Federal y sus normas para crear la nueva ley de la Guardia Nacional, previeron el destino jurídico y administrativo de todos los trabajadores. Al menos en los artículos transitorios. Lo mismo debe suceder con jueces, magistrados y ministros que dejarían de ser empleados del Poder Judicial, a razón de la reforma; incluso aquellos trabajadores que se aventuren a participar en la elección, quienes, de llegar a “ganar la elección”, cambiarían sus condiciones laborales y prestaciones. Será un nuevo régimen jurídico al que se acojan.

La iniciativa no deja claro, en caso de despido de los electos, dado que serán empleados por “elección popular” ¿Pueden despedir a senadores, diputados, presidentes municipales o al mismo presidente? ¡No! Todo habrá de ser distinto legalmente; una iniciativa imperfecta que debe mejorarse ¿Acudir a la justicia para protección de sus derechos humanos, con quién? No habrá autoridades para ellos, irán a las autoridades del Poder Ejecutivo; de antemano perderán sus juicios. No habrá juicios de amparo que los proteja. Bueno, a nadie.

El grosero, ilegal y populista empecinamiento presidencial radica fundamentalmente: en despedir a los miles de empleados, hacer una limpia.

Apoderarse del PJF y quebrantar el equilibrio de poderes que tanta estabilidad y seguridad jurídica ha dado a las y los mexicanos, así como a extranjeros que viven o hacen negocios con nuestro país.

¡El caos de inseguridad jurídica en ciernes!







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