Este lunes, 3 de los 5 magistrados, más la falta de 2 de ellos, de la Sala Superior del TEPJF, ante el incumplimiento por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, según ellos, decidieron dictar “incidente de incumplimiento”, emitiendo medidas por demás extralegales, fuera de su competencia y determinar que sea el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, quien lleve a cabo la última etapa del proceso a cargo de los comités, que consiste en depurar la lista de aspirantes, realizar la “insaculación”, vía “tómbola” y remitirla al INE, para el proceso electivo.
Por puesto la presidente, la analfabeta legal, festejó la decisión de sus aliados. En la mañanera poco le faltó para “gritar de felicidad”. No encontraban la manera para “quitarle o eliminar” del proceso al Poder Judicial.
Nuevamente los aliados del régimen, los 3 magistrados de la Sala Superior, se lucieron favoreciendo a la presidente de la República. Sin embargo, el proceso nuevamente volvió a ser ensuciado por medio de resoluciones truculentas, alejadas de la aplicación estricta del Derecho; sin tener atribución legal alguna, los 3 magistrados deciden “sacar” de la jugada a una de las partes que los mismos legisladores propusieron. Así “limpian” el camino para alcanzar la meta ilegal, destruir al Poder Judicial. Por cierto, los magistrados quieren seguir en la nómina y seguramente lo conseguirán por obsequiosos.
El pleno de la SCJN; debe, sin embargo, resolver el fono del asunto y emitir la resolución o recomendación que defina quién tuvo la razón en la disputa de criterios entre jueces de distrito que decretaron la suspensión o la Sala Superior que ordenó violar las suspensiones, según ellos, dado que no tiene atribuciones para ello.
Lo que resuelvan las ministras y ministros de la Corte, será trascendental jurídicamente, aunque políticamente ya resolvieron los lacayos subordinados al régimen de Morena; para el caso, los magistrados de la Sala Superior, mismos que concedieron inconstitucionalmente las mayorías calificadas en las Cámaras de Diputados y Senadores y ello les ha permitido destrozar el sistema jurídico mexicano y sus instituciones.
Otra canallada más de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes, en sesión privada se volvieron arrogar facultades extralegales para obsequiar y complacer a la presidente Sheinbaum, en su petición: que eliminaran al Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Han sido tantas las violaciones constitucionales y legales al “innovador proceso electivo de autoridades judiciales”, que una más no importa. Las nuevas autoridades judiciales que iniciarán actividades en el mes de agosto próximo, llegarán totalmente desacreditadas.
Y falta aun el sucio manoseo que harán tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el INE, para acomodar a los “jueces de consigna”. Sí, llevarán a los distritos judiciales a los “elegidos” de antemano; las elecciones de junio serán de simple trámite, intentarán disfrazar y cobijar a las nuevas autoridades como las elegidas por el pueblo para impartir justicia.
Al final, una salida desperada para cumplir el capricho de continuar con el sucio e ilegal proceso electoral de autoridades judiciales.
Terminaron resolviendo lo que el mismo presidente de la mesa directiva del Senado les sugirió, que sean ellos los que lleven a cabo el último trámite que corresponde al Comité de Evaluación del Poder Judicial y así terminaron haciéndolo; será el Poder Legislativo quien defina la lista de los “premiados”, de poco más de 3 mil aspirantes a impartir justicia.
Ya estarán felices las 3 ministras que pensaron quedarían fuera de la jugada. Sí, me refiero a Lenia Batres, Loretta Ortíz y Jasmín Esquivel, las 3 morenistas que quieren presidir la nueva y espuria Corte, a partir de agosto de este año.
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