Un manual de medidas punitivas, coercitivas, es lo que aprobaron los diputados locales en las reformas el Código Penal del Estado, medidas que limitan las libertades más esenciales como la Libertad de Prensa, y lo mismo castigarán a los dueños de mascotas que no cumplen con las medidas de higiene pública.

En la pasada administración, los legisladores aprobaron la Ley Garrote, que castiga con cárcel a quien se oponga, se manifieste a la realización de obras públicas, así sean los ciudadanos perjudicados.

La mayoría de los diputados del PAN de la anterior Legislatura repiten, algunos por tercera ocasión, en el actual Congreso local, y para cerrar la pinza de la Ley Garrote, aprobaron una batería de reformas penales que ni ellos mismos saben lo que significa, porque ni siquiera las leyeron, menos las analizaron, y menos las discutieron.

En el Congreso local dieron un albazo el viernes pasado al aprobar las reformas penales enviadas por el Ejecutivo, sin que pudieran discutirse por las fracciones “opositoras”, así entre comillas, porque el documento que contenía la iniciativa les llegó previo a la sesión en la que se aprobaron, al menos de eso se quejaron algunos diputados del PRI y Morena.

Los legisladores del PAN aprobaron nada más y nada menos que un conjunto de mecanismos legales que establecen el delito de Inviolabilidad de la información, misma que contempla multas o trabajos al servicio de la comunidad por 6 meses.

Entre los 113 artículos reformados está la reforma al artículo 159 del Código Penal que limitan la libertad de expresión, que afecta directamente a los medios de comunicación, pues se considera delito el revelar información sin el consentimiento de las dependencias gubernamentales; asimismo, se castigará a quien publique información confidencial –documentos– sin el consentimiento del dueño de esta.

A reserva de lo que se analice sobre el tema, porque el gobernador Mauricio Kuri ya dijo que revisará el asunto, la redacción, y lo más seguro es que se aclare, no en los medios, sino en la redacción de la reforma.

Por lo pronto, consideramos que estas reformas atentan contra el periodismo y evitan la transparencia de la gestión pública y el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados a comportarse conforme a ley.

Con ello se cierra la pinza que inició con la Ley Garrote, a la libertad de expresión, para informar a los ciudadanos del actuar de las instituciones del estado y de las personas que se favorecen con las decisiones del estado.

Pero hay más reformas coercitivas que los legisladores aprobaron sin pensar, primero en medidas de prevención; los legisladores locales la vuelven a hacer, no dejan de sorprender su insistencia en dañar el tejido social de Querétaro, cada semana asestan un nuevo golpe a los ciudadanos con la sumisión en que se encuentran ante el gobierno del estado.

Hay de todo, medidas necesarias como las que se establecen por “poseer” mascotas sin adoptar medidas de higiene “necesarias”, o la de producir o causar ruido que atente contra “la tranquilidad de los vecinos”, dos de las causas que provocan la mayoría de los conflictos entre vecinos, junto con el eterno pleito de los estacionamientos.

Sin leer, ya no analizar o debatir; sin leer las propuestas de reforma al Código Penal del Estado aprueban los diputados reformas que se traducen en multas, arrestos y trabajo social en contra de quien fume en espacios prohibidos, romper o dañar infracciones de tránsito, dañar estatuas, “incitar o provocar” una riña.

Una larga lista es la que tiene la medida aprobada. Lo peor es que no sabemos cuáles son las conductas que ahora podrán ser delito administrativo y que será calificado por un policía y un procurador social, y todo forma parte de la Ley en Materia de Seguridad y Justicia Cívica.

Lo malo es que los diputados se lavan las manos que levantan al aprobar estas medidas y le pasan el balón al gobierno del estado, a los municipios, que son los que ejecutarán estas acciones contra los ciudadanos.

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