Gaseros anunciaron que, a partir de ayer martes y por tiempo indefinido, dejarán de repartir gas, en protesta por los precios máximos impuestos por el gobierno federal.

El Gremio Gasero Nacional pidió a las agrupaciones de gaseros del país no salir a laborar “debido a que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP”.

Los gaseros tienen la intención de detener el abasto de gas por el tiempo que sea necesario hasta que puedan tener un acuerdo.

Un tema delicado porque va ligado al día a día de toda la población, un asunto que impacta directamente a la economía familiar, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el 79 por ciento de las viviendas en México utiliza gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos.

Como dice el dicho: uno como quiera, pero l@s niñ@s.

Los distribuidores dijeron no estar en desacuerdo con el beneficio que representa bajar el precio del gas.

Pero son las grandes compañías las que, mañosamente, están cargando el déficit a los comisionistas y repartidores, por lo que piden que el descuento aplique de manera equitativa.

Los intermediarios, dicen los paristas que eso son, argumentan que su protesta tiene que ver con la regulación de precios, eso dicen.

Primero, hay que aclarar que el aumento de precios no es un fenómeno particular de México, sino global, atado a la recuperación económica tras dejar atrás la parte más fuerte de la pandemia, cuando la demanda de gas se desplomó.

Es verdad que los paristas solo son distribuidores, no son parte de las compañías gaseras, cobran por comisión al distribuir el gas.

Pero su paro deja la duda de que tal vez son mandados precisamente por los grandes consorcios de gaseros, por las grandes compañías gaseras.

Porque también es verdad que el precio del gas se disparo en los últimos meses provocando un espiral inflacionaria.

En los últimos dos meses, por productos, los que tuvieron mayores alzas fueron el transporte aéreo, con un 56% anual, y el gas doméstico, con un 34%.

Y precisamente, detener el aumento del costo del combustible se ha convertido en una prioridad del gobierno federal, que a principios del sexenio se comprometió a controlar los precios.

Para ello, el gobierno federal anunció hace dos semanas la creación de una filial de Pemex para distribuir gas doméstico, una medida con la que esperan reducir la concentración del mercado, pero que algunos expertos consideran fútil considerando el peso de los mercados internacionales.

Al incremento del gas le siguen el de alimentos como el jitomate, con un 25% anual, o la manteca, con un 17.5%.

Por eso deja muchas dudas que el paro sea legítimo, pues viene después de que el gobierno federal da a conocer dos medidas para que la población no sea afectada por falta del producto.

Al paro hay que sumar que el aumento de los precios –en gran parte provocados por el costo del gas– sigue pesando en el bolsillo de los mexicanos.

El mes pasado la inflación se situó en un 5.75% anual según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El indicador hila así cuatro meses y medio por encima del objetivo del Banco de México del 3%, con una posible variación de un punto porcentual.

La realidad es que el costo de los energéticos, principalmente del gas doméstico LP y de ciertos alimentos básicos –como lo mencionamos líneas arriba– presionaron al alza los precios.

De acuerdo con el Inegi, los productos alimenticios experimentaron un incremento del 6% y la vivienda, uno del 2%. En cuanto a la inflación no subyacente, que incluye los elementos más volátiles, esta subió un 9.2%.

Destaca el incremento del 14.5% de los energéticos, cuyo valor cayó en picada durante los primeros meses del año pasado debido al confinamiento.

Luego entonces, lo que deben de entender los dizque paristas, que lo que está en juego no es la inflación actual –provocada por los altos precios del gas–, sino la futura.

Los incrementos transitorios en precios se pueden volver permanentes si no hay una postura clara en favor de la estabilidad de precios.

Los gaseros, y todos, debemos entender que este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos.

Porque, repito, el 79 por ciento de las viviendas en México utilizan gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos, y qué decir del consumo de gas en la industria.

Vamos a ver cómo reaccionan los gobiernos federal y estatales; si dejan de lado el sesgo político-partidista o le sacan raja para beneficio propio, olvidando como siempre a la población.

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