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El diputado por Morena en la LXI Legislatura, Arturo Maximiliano García Pérez, presentó la iniciativa de ley que pretende homologar el marco normativo en Querétaro para el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a cargo del Sistema DIF Nacional, estableciendo mecanismos para proteger los derechos de los infantes y la promoción de la responsabilidad parental, estableciendo que el caso de que un deudor pretenda contraer matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que se encuentra inscrito en este registro de morosos, señalando el monto de la deuda y el número de personas acreedoras.

Acompañado de integrantes de la Asociación Civil Adax Digitales, encabezadas por Mayra Dávila Alvarado, el legislador comentó que quien incumpla por un periodo de dos meses o haya dejado de cubrir tres pensiones sucesivas ordenadas por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial (Centro de Justicia Alternativa), se constituirá en deudor.

Asimismo, explicó que la ley contempla que se restrinjan sus derechos para que les sea expedido un pasaporte, para tramitar licencias de conducir y limitaciones para ocupar cargos públicos o participar en elecciones.

El diputado Arturo Maximiliano García, en colaboración con la Asociación Civil Adax Digitales, presentó en Querétaro esta Ley que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil del estado de Querétaro en Materia de Deudores Alimentarios para armonizar la conocida Ley Sabina en el estado, cumpliendo con su compromiso de campaña.

Destacó que esta iniciativa busca crear un ambiente propicio para que los niños puedan ejercer su derecho a la alimentación y aliviar la carga que enfrentan muchas madres cuando la responsabilidad de manutención no es compartida.

Explicó que el derecho de los alimentos es un derecho fundamental que se relaciona directamente con la dignidad humana y el bienestar. Su reconocimiento y protección son esenciales para asegurar que todas las personas tengan acceso a lo necesario para vivir dignamente. La promoción de este derecho implica no solo la responsabilidad de las familias, sino también un compromiso por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, para garantizar que se respeten y se cumplan las obligaciones alimentarias.

El legislador agregó que cuando se hace alusión al derecho a recibir alimentos en derecho familiar se refiere a los medios indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas que debieran comprender, además de los alimentos, la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, esparcimiento, etc.

De acuerdo a datos estadísticos de Adax Digitales, el 75% de los hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria en México.

El 67.5% de las madres autónomas enfrentan la evasión de sus exparejas en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Y en Querétaro se estima que hay más de 2 mil deudores alimentarios desde mayo de 2023 hasta octubre de 2024.

Posteriormente, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, ingresó en Oficialía de Partes la iniciativa de ley presentada.

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