Desde que el presidente de la República prohibió dar información de la tragedia sucedida por la caída de los vagones del Metro de la llamada Línea Dorada, que fuera construida en el gobierno del hoy secretario de Relaciones Exteriores y pagada por el dirigente de Morena, todo ha sido silencio sepulcral.

La fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que habían llegado a arreglos las familias de los fallecidos a consecuencia de la mala obra, así como con los lesionados. Sin embargo, el abogado que lleva el asunto de los ofendidos asegura lo contrario, a tal grado que acudirán a tribunales estadounidenses a reclamar la justicia que les ha sido denegada por el gobierno de AMLO.

Derivado de la entrevista realizada por Milenio, el abogado Cristopher Estupiñán aseguró que, a más tardar el 31 de enero estarán entregado la demanda y las pruebas en el fuero judicial de los EU.

Estupiñán, quien representa a la mayoría de las familias de los fallecidos irán en contra de las empresas contratadas por el gobierno de Marcelo Ebrard, responsables de la defectuosa obra. Seguramente el abogado estará entregando los contratos multimillonarios aprobados y pagados por el gobierno perredista, hoy morenista (son los mismos). En los contratos están los nombres de los involucrados.

Allá sí se podrá difundir toda la información que ha prohibido Andrés López Obrador en México. Incluso presentarán un dictamen distinto, a diferencia de aquel que ilegalmente mandó realizar Claudia Sheimbaum, quien carece de personalidad jurídica en el asunto penal.

Para encubrir responsabilidades el mismo López Obrador, quien, como presidente de la República, carece de competencia, pero llegó a acuerdos (en lo oscurito) con los constructores, quienes de “buena voluntad”, harán las reparaciones y correcciones de la pésima obra pública que costó la muerte de más de 20 personas y lesionó a un centenar de pasajeros. Todo en la opacidad, como le gusta trabajar al presidente López, para encubrir a sus amigos y sus tropelías.

Un asunto que en poco tiempo parece haber sido olvidado por las autoridades de los gobiernos de Morena. Sin duda alguna, pretendiendo “echar tierra” para que no trascienda. A diferencia de lo ocurrido con el inmueble Rebsamen, destruido por el temblor del 19 de septiembre de 2017. Entonces sí “hicieron justicia”. Están en la cárcel el arquitecto constructor de la obra que destruyó el temblor y la dueña del inmueble. Justicia selectiva.

En el caso del Metro, la señora Ernestina Godoy va por los soldadores, los obreros, los albañiles. ¿Y los dueños de las empresas? ¿Qué responsabilidad recae en Marcelo Ebrard y Mario Delgado, contratistas de la obra del Metro? ¡El presidente de la República ordenó callar! No dar información alguna.

Si fuese cierto lo afirmado por la fiscala Ernestina Godoy, en el sentido de haber reparado los daños, el abogado Estupiñán, representante de las familias de los occisos, no estaría acudiendo a una instancia extranjera para exigir justicia; justicia que les fue denegada en México por los gobiernos de la 4T.

Sin duda alguna que Marcelo Ebrard, Mario Delgado, quienes hoy están encumbrados en el poder, tienen responsabilidad. Seguramente otros funcionarios de aquel entonces que recibieron una obra defectuosa y pagaron varios miles de millones de pesos. Indudablemente que las empresas constructoras también tienen responsabilidad, pero AMLO llegó a un acuerdo con ellas y no trasciende el problema hacia ellos.

Incluso las mismas empresas que serán demandadas en los EU, por irresponsables, hoy son consentidas por el gobierno de López Obrador, les asigna enormes obras sin licitación, contratos directos ¿Corrupción y contubernio? Entre las empresas que serán demandadas están Carso Infraestructura e ICA ¿Le son familiares esas empresas? Claro, están construyendo parte del Tren Maya, entre otras obras del gobierno de la 4T.

Para el titular del Poder ejecutivo, sin embargo, es más importante molestar diariamente a los consejeros del INE, que resolver los enormes problemas de inseguridad, la inflación, la falta de empleos, la huida de capitales o ignorar el pésimo trazo de su Tren Maya, aplaudir las expropiaciones y confundirlas con “convenios”, así como el resto de los problemas que vienen ocasionando.

Deseable que los dolidos por el accidente del Metro que ocasionó muertos y heridos (en mayo pasado), encuentren justicia fuera del territorio nacional, dado que AMLO ha omitido su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes que de ella emanan.

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